Macro proyectos y narco, relacionados con la crisis de sequía
La relación de la CFE y miembros del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, solo se entiende en este caso en función de la importancia económica que reviste el proyecto del gasoducto, pues este servirá para suministrar de energía eléctrica al sector minero que se encuentra en expansión en el estado de Morelos, el que -como en el caso de la mina de Tetlama, en Temixco-, será vital para poder hacer la explotación comprometida por el gobierno federal con empresas trasnacionales a través de los 69 títulos de concesión otorgados hasta el 2016, que han arrebatado a la población más de 130 mil 347 hectáreas de suelo, las que equivalen al 26.28 por ciento de la superficie de todo el estado
Por. J. Jesús Lemus
El modelo de explotación irracional del agua en México, en donde resalta la entrega privilegiada de este recurso a la gran industria trasnacional, tiene otra arista: la intervención de grupos del narcotráfico, convertidos en crimen organizado, que han encontrado en los proyectos relacionados al uso del agua una forma inmejorable de financiar sus actividades delictivas.
En este caso surge a la luz un dato escalofriante: miembros integrantes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que mantienen el control criminal en la zona limítrofe de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, en donde se asienta el proyecto del gasoducto Morelos, reconocen estar trabajado al servicio de la CFE, a fin de mantener la seguridad en torno al proyecto económico “y mantener a raya a los manifestantes” que se oponen a las obras.
La relación de la CFE y miembros del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, solo se entiende en este caso en función de la importancia económica que reviste el proyecto del gasoducto, pues este servirá para suministrar de energía eléctrica al sector minero que se encuentra en expansión en el estado de Morelos, el que -como en el caso de la mina de Tetlama, en Temixco-, será vital para poder hacer la explotación comprometida por el gobierno federal con empresas trasnacionales a través de los 69 títulos de concesión otorgados hasta el 2016, que han arrebatado a la población más de 130 mil 347 hectáreas de suelo, las que equivalen al 26.28 por ciento de la superficie de todo el estado.
Por eso la importancia del gasoducto Morelos, que se extiende desde el gasoducto Esperanza-Venta de Carpio, en el estado de Tlaxcala, hasta las centrales eléctricas y zonas industriales en el estado de Morelos, a fin de abastecer de forma ilimitada el gas que permitirá la operación de dos plantas eléctricas en Yecapixtla para hacer posible el suministro de electricidad al sector industrial, a través de 320 mil pies cúbicos de gas, necesarios para operar las minas como la de Tetlama.
Esta mina es actualmente un punto de conflicto entre los pobladores de Temixco, Morelos, pues a decir de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) representa la posibilidad de “graves daños ambientales, sociales y al patrimonio cultural”, debido a la forma en que se pretende llevar a cabo la mina a cielo abierto para la extracción de oro, la que dispondrá, además, de casi el 70 por ciento del agua disponible para la población.
En la postura oficial de la ANAA sobre esta mina, que será manejada por la firma Esperanza Silver de México S.A, que es filial de la canadiense Alamos Gold Inc., se establece el “riesgo de infiltración de lixiviados a los acuíferos y ríos de la región”, por lo que se estima que el toda el agua, tanto superficial como subterránea, “sería uno de los recursos naturales más severamente impactados, y esto no sólo por la enorme cantidad de agua que las minas de tajo abierto requieren para la lixiviación del mineral”, sino porque al término de sus operaciones las minas abandonadas pueden contaminar severamente el agua y los suelos de toda la región.
De esta situación ya han sido alertadas las autoridades de gobierno, a las que se les ha solicitado un compromiso de seguridad ambiental frente a la minera, sobretodo de cuidado con el agua, sin embargo no se ha recibido ninguna respuesta formal del gobierno local, tanto del municipio de Temixco como del estado de Morelos; en cambio, algunos de los principales opositores a la mina, integrados en el Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, han comenzado a recibir amenazas de muerte.
Más allá del impacto ambiental que representa la mina de Esperanza Silver de México S.A. en el estado de Morelos, el principal temor de los habitantes de Temixco es comenzar a vivir la escasez de agua tal como la padecen los vecinos del municipio de Caborca, Sonora, en cuyas inmediaciones se ubica la mina El Chanate operada también por Alamos Gold Inc., a través de la firma Minas de Oro Nacional S.A. de C.V., donde se utiliza más de 20 por ciento del agua disponible para la población urbana.
La operación de la mina El Chanate, que abarca más de 4 mil 618 hectáreas de suelo, amparadas por 22 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal para la extracción de oro, arrebata a la fecha a la población de Caborca más de un millón 550 mil 369 metros cúbicos de agua al año; este volumen es suficiente para atender las necesidades de la población -que no tiene agua en Caborca- por un periodo de 10 años, si se atiende a razón de 100 litros de agua al día por persona, como lo establece el racionamiento mínimo de agua recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A la explotación irracional de agua que hace la minera Alamos Gold Inc. en Caborca, se suma la que extrae la Minera Penmont S. de R. L. de C.V., subsidiaria de Fresnillo PLC, la que para operar las minas a cielo abierto de oro La Herradura y Noche Buena, donde utiliza en forma anual 9 millones 2 mil 500 metros cúbicos de agua, que hacen que prácticamente la población de Caborca se ahogue en la sequía.
Pero no es solo al ejemplo de desabasto de agua que ha comenzado a golpear a la población de Caborca, en Sonora, a lo que temen los vecinos de Temixco; en Morelos existe el miedo fundado de que la subsidiara Esperanza Silver atente contra los mantos freáticos, tal como ya ocurrió en mayo del 2015 en Caborca, cuando la minera Merril Crowe, filial de la transnacional Minera Penmont S. de R.L. de C.V. derramó más 70 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro, esto sobre los escasos mantos acuíferos que suministran a la población de esa parte del estado de Sonora.
Pese a la afectación al agua, la Minera Merril Crowe no fue sancionada por las autoridades federales encargadas del cuidado al medio ambiente; bastó la declaración de los técnicos de la empresa que indicaron que la filtración no había llegado al acuífero que alimenta a una parte de la zona urbana, y que por lo tanto no existía riesgo a la población, permitiendo la operación de esa mina, sin mayores restricciones.
Sin embargo, la Secretaría de Salud Pública en el estado de Sonora reconoció en su informe del 2016 que los padecimientos relacionados a la mala calidad del agua eran la principal causa de morbilidad entre la población de Caborca, destacando las enfermedades de las infecciones intestinales, urinarias, úlceras, gastritis, gingivitis y conjuntivitis.
Así, para el gobierno estatal de Sonora, vía la Secretaría de Salud que lo reconoce pero no lo dice de manera clara, la actividad de las mineras y su efecto colateral es lo que ha colocado a las enfermedades relacionadas con la falta de agua o el uso de esta contaminada como segundo lugar en la tabla de padecimientos poblacionales, solo superados por las infecciones respiratorias agudas.
La afectación a la población por contaminación o escasez de agua, no solo en Caborca sino en todo el estado de Sonora, se reconoce entre líneas en el informe de salud 2016 del gobierno estatal, en donde se señala que, si bien es cierto que las principales causas de mortalidad se encuentran directamente relacionadas con los estilos de vida, son “las actividades económicas del estado” las que propician el mayor índice de enfermedades.
Para abundar sobre el pernicioso arrebato del agua con fines industriales y su impacto en la población, basta observar la situación existente en el municipio de Altar, también en el estado de Sonora; aquí, la minera Santa Rita, subsidiaria de la canadiense Aurico Gold Inc., es la que ha propiciado que los índices de morbilidad sigan en aumento.
La contaminación al agua en la zona de Altar es constante. Las filtraciones de cianuro a los mantos freáticos se han visto ya como normales, obligando a la población a un cada vez más escaso abasto de líquido a coste de la salud colectiva, la que se ha visto reflejado con altos índices de enfermedades diarreicas, urinarias y gástricas, las que han venido en incremento desde mayo del 2016, cuando la Minera Santa Rita derramó más de 400 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro.
A situaciones como estas es a lo que temen los vecinos de Temixco, en el estado de Morelos, en donde la menor de las consecuencias de la operación de la mina de oro a cielo abierto que se pretende por parte de Esperanza Silver sería el “paisaje apocalíptico” que vislumbra la ANAA, el que se considera sería el resultado de “los desmontes y despalmes y, posteriormente, por las actividades de cortes, rellenos y conformación de apilamientos de mineral y tepetate”, que tendrían un impacto directo en la vida silvestre, principalmente en aquellas especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción.
