García Luna no se resigna a la prisión, volvió a pedir ser testigo protegido

Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón que fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, no se resigna a una sentencia de décadas en prisión. Ayer, García Luna Volvió a proponer una negociación con funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, intentando -una vez más- convertirse en un testigo protegido del gobierno norteamericano.

Aun cuando la defensa de García Luna lo ha negado, fuentes cercanas a la Fiscalía General de Estados Unidos confirmaron que a ayer se reactivaron las reuniones entre funcionarios del departamento de Justicia de Estados Unidos y el culpable de cinco cargos de narcotráfico.

Estas reuniones estarían direccionadas a buscar el no encarcelamiento por décadas del que una vez fuera reconocido por el propio gobierno norteamericano como “El Súper Policía que enfrenta al Narco”. En dichas reuniones solo participaran funcionarios de la Fiscalía y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aun cuando Genaro García Luna ha sido encontrado culpable de los cargos de Conspirar para Transportar, Importar y Distribuir Cocaína, además de Ser Parte de una Empresa Criminal y por Declaraciones Falsas ante Autoridades Migratorias de Estados Unidos, se le pretende dar a este caso un cierre político.

Sí, a pesar de todo lo que implica que Genaro García Luna haya sido –desde su cargo en el gobierno federal- el principal socio del narcotráfico, no se le quiere rematar a este caso con un cierre judicial excepcional, como es una sentencia de cárcel de 38 años de prisión.

Se está buscando una salida en la que finalmente el gobierno norteamericano no vea al transgresor de las relaciones políticas y de buena vecindad que mantiene con el gobierno mexicano.

El trato político más que criminal que se le ha dado al caso García Luna se ha visto desde el principio de ese proceso penal: el aplazamiento hasta en seis ocasiones del inicio del juicio fue el primer síntoma de que se estaba frente a un caso excepcional de aplicación de la justicia. El aplazamiento del inicio del juicio solo dio oportunidad a las partes del juicio, acusado y Fiscalía, para llegar a un acuerdo.

Solo así se entiende que, sin ninguna razón legal o jurídica, el Juez Brian M. Cogan, pese a que García Luna fue detenido el 10 de diciembre del 2019, pospuso el arranque del juicio penal hasta el 9 de enero del 2023, más de tres años después, lo que en sí ya es una situación inaudita dentro de los anales de la justicia norteamericana. 

Las razones esgrimidas mediáticamente para la justificación de las postergadas fechas de inicio del juicio de García Luna, oscilaron entre peticiones de la defensa para poder leer todas las pruebas que presentaría la Fiscalía, hasta razones de sanidad por efecto de la pandemia por Covid-19. Pero en realidad solo se estaba dando tiempo a la negociación de un acuerdo.

Cuando por fin se acordó el inicio del juicio contra García Luna, el 17 de enero del 2023, hubo otra vez señales de un tratamiento político al caso: el Juez Brian M. Cogan, pese a que ya estaba pactado, se negó a que una lista de 75 testigos de la Fiscalía acudieran al estrado para presentar señalamientos directos contra el ex secretario de Seguridad Pública. Además, también el Juez censuró para la versión pública algunos datos que se emitieron en los testimonios de los testigos acusadores que presentó el gobierno de Estados Unidos.

Sumado a lo anterior, el Juez Brian M. Cogan, sin dar ninguna explicación lógica, no permitió que la Fiscalía de Estados Unidos continuara con la exposición documental que evidenciaba la conducta ilegal de Genaro García Luna, quien siendo el principal combatiente del crimen organizado en México, entre 2006 al 2012, optó por una alianza con el crimen organizado.

Otra evidencia del trato político que se le ha dado al caso de García Luna es la prolongada espera en la que se ha entrado para que el Juez Brian M. Cogan dicte una sentencia, luego que García Luna fue encontrado responsable pleno de todo los delitos de narcotráfico que se le demostraron.

El juicio de García Luna, que cerró con el veredicto de culpabilidad, cerró el 21 de febrero del 2023. La sentencia a dicho veredicto –como es común en el sistema penal norteamericano- se esperaba que no se extendiera de más de 30 días luego del plazo condenatorio. Sin embargo, el juez decidió aplazar el periodo para dictar sentencia a por lo menos tres meses.

El 3 de abril de 2023 el Juez Brian M. Cogan anunció que era su decisión dictar sentencia sobre el caso de culpabilidad de García Luna, hasta el día 27 de junio del 2023. Pero pasó esa fecha y nada. Antes el mismo Juez ya había anunciado que la fecha se la sentencia se había pospuesto. Ahora será hasta el 27 de septiembre próximo.

Finalmente la sentencia de García Luna, a 38 años y ocho meses de cárcel, fue dictada el 16 de octubre del 2024.

Más allá del atípico comportamiento del sistema penal norteamericano, que pareciera que se negaba a emitir una sentencia a un caso que ha sido dictado con veredicto de culpabilidad, parecía que el sistema de justicia estaba dando tiempo a algo o a alguien para que recompusiera lo que seguramente se quería recomponer: es evidente que no se quiere llegar al encarcelamiento casi de por vida del hombre fuerte en la administración del presidente Felipe Calderón.

Por eso la insistencia de García Luna de ser testigo protegido.

La razón de lo anterior solo se encuentra en el imaginario de los mexicanos. Pero en Estados Unidos –al día de hoy- se siguen dando la platicas de negociación entre Genaro García Luna y las autoridades de la Fiscalía norteamericana, en donde parece ser que el punto de inflexión es que el ex secretario de Seguridad Pública, antes que ser testigo protegido, quiere recuperar el 100 por ciento de los bienes inmuebles y fondos millonarios que le fueron confiscados.

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