Al tiempo que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Jalisco negaron las evidencias de crematorios en el Rancho Izaguirre, campo de exterminio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones, la violencia institucional contra familiares de víctimas de desaparición forzada no para en México: en Veracruz, el padre buscador Magdaleno Pérez Santes murió luego de la golpiza y tortura propinada por policías municipales de Poza Rica; Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para denunciar que los diputados de Morena desaparecieron dos iniciativas de ley que les presentaron desde 2019 para fortalecer la comisión estatal de búsqueda.