Los principales agresores de los activistas en México, según lo refiere la organización Human Rights Watch (HRW), son las fuerzas policiales del mismo Estado Mexicano, principalmente miembros del Ejército y de las Policías Preventivas Estatales, a los que se les atribuyen por lo menos 120 de las 210 agresiones que se han documentado en los últimos 3 años
Por: Sofía Pacheco Niegan Teuchitlán Dice Claudia Sheinbaum, la presidenta con A de “antigüedad”, que su gobierno no es injerencista en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la República y/ó del Fiscal General Alejandro Gertz Manero para de esa forma lavarse las manos de las terribles declaraciones que el día de ayer…
Las instituciones como la Secretaría de Educación Pública no cuentan con un programa de capacitación, atención o apoyo para profesores de niños con padres reclusos, enfrentan las consecuencias negativas como la ausencia escolar, violencia, ausentismo o retención de grado, con las clásicas sanciones como suspensión, expulsión, puntajes bajos en los exámenes y medidas de logro educativo, en el caso de las escuelas privadas.
Por Sofía Pacheco Caótico el panorama político y gubernamental general de Tamaulipas con 2 días encabezando portadas nacionales negativas, mientras los alcaldes de Reynosa y Matamoros a punto de caer, el primero Carlos Peña Ortiz por cuentas públicas injustificables que el propio Estado procesa mediante la Auditoría Superior, y por su parte el edil de…
El titular de la Fiscalía General de la Republica (FGR) explicó que los estudios realizados en tierra, piedras y materiales de construcción encontrados en el rancho, no revelaron niveles de calentamiento que superaran los 200 grados centígrados, lo cual descarta la existencia de crematorios. Descartó que haya una línea de investigación que apunte hacia el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano).
La Agencia Digital no solo retirará concesiones de radio y televisión, bloqueará páginas web de periódicos independientes y cuentas en redes sociales críticas del régimen de la Cuarta Transformación, en el contexto de violencia por la guerra entre cárteles del narcotráfico y, sus consecuencias, como las desapariciones forzadas, y hechos de corrupción de funcionarios del actual administración, sino que el Estado controlará el acceso y el contenido de entretenimiento, educativo, científico, periodístico producido en nuestro territorio y fuera de él, violando nuestro derecho a la información y a la libertad de expresión. En pocas palabras, es un paso al autoritarismo del régimen de Morena.
Este libro, donde se insiste en la inseguridad persistente y los altos niveles de corrupción que históricamente han afectado a México, que añaden una capa adicional de urgencia y relevancia a la exploración de este tema, promete arrojar luz sobre las complejas fuerzas que compiten por este recurso estratégico en territorio mexicano
Alejandro Gertz Manero ha sido -desde 1968 al día de hoy- lo mismo funcionario de altos vuelos en administraciones tan disímbolas de izquierda (PRD) y de derecha (PAN y MC), igual que de centro izquierda (PRI). Hoy es un militante distinguido de una administración de izquierda (MORENA), la de más izquierda que ha tenido Mexico en toda su historia
Desde agosto de 2024, el líder ambientalista informó de amenazas de muerte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación, manifestando “que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo”, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó la muerte del líder ambientalista, sin embargo, no cesa la violencia en el estado.
De acuerdo a la información vertida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las empresas que lograron contratos por la prestación de servicios dentro de las cárceles federales durante el gobierno de Felipe Calderón, cobraron en promedio 3 mil 500 pesos por día por atender las necesidades de alimentación, salud y vestido de cada una de las personas privadas de su libertad