La CNDH, omisa ante incumplimiento de pago de CFE a pueblos afectados por obras
Han pasado más de cinco años, desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pagara reparación de daños a 60 comunidades indígenas, y aun no se ha dado tal reparación de daños.
Lo más lamentable en este caso es que no solo la CFE no quiere pagar la reparación del daño ecológico causado a comunidades indígenas, sino que la propia CNDH del gobierno humanista de Andrés Manuel López Obrador, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, se niega a emitir una nueva recomendación, a menara de recordatorio, a la CFE para que cumpla con su obligación para con los pueblos afectados por sus obras eléctricas.
La construcción y operación de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto, asentados en suelos de Puebla, Tlaxcala y Morelos, se hicieron a costa de la violación de los derechos humanos de 60 pueblos indígenas, a los que –desde el 2018- se les deberá resarcir el daño ocasionado, según lo recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así quedó establecido en la recomendación 03/2018 emitida por la CNDH, luego de atender 34 quejas emitidas por 60 localidades, cuyos pobladores consideraron que fueron violentados en su derecho a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos indígenas, en relación a las obras de energía consideradas dentro del llamado Proyecto Integral Morelos.
En una de las más importantes recomendaciones emitidas por la CNDH de Peña Nieto, se establecen responsabilidades a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Nacional de para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien incumplieron con el derecho elemental de preguntar a los pobladores naturales si estaban de acuerdo o no con las citadas obras de desarrollo que se asentaron o cruzan por sus territorios.
Las comunidades a las que se les debe reparar el daño por las omisiones de las citadas dependencias del gobierno federal, pertenecen a los municipios de Tlaxco, Hueyotilpan, Ixtacuixtla, Santa Ana Nopalucan, San Damián Texoloc, Santa Apolonia Teacalco, y Nativitas, en el estado de Tlaxcala; Huejotzingo, San Pedro Cholula, Tecuanipan, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan, Cohuecan, Santa Isabel Cholula, Atzompa, en Puebla, y Jantetelco, Temoac, Ayala y Yecapixtla, en Morelos.
La población afectada por los proyectos de desarrollo en estos tres estados, impulsados por parte del gobierno federal con la participación de empresas de capital privado, es de 960 mil 863 personas, según lo establece la CNDH, pero de ese conjunto se estima que por lo menos 51 mil 030 personas son indígenas, concentrándose la mayor proporción de esta población en el estado de Puebla.
Entre las incidencias que hicieron que la CNDH determinara la reparación del daño a los pueblos afectados por el Proyecto Integral Morelos, destaca el hecho de en algunas partes del trazo del gasoducto, este pasa a menos de 500 metros de distancia de los núcleos poblacionales que se dijeron afectados aun cuando se proyectó la obra, en el 2010.
Además de la afectación que se reconoce de las obras de energía en su conjunto hacia grupos poblaciones, estas también representan un alto riesgo de accidentes, pues el trazo del gasoducto toca algunas de las partes consideradas dentro del perímetro del volcán Popocatépetl, en donde la sismicidad es constante, pero no fue tomada en cuenta por los desarrolladores del proyecto.
Por esa razón la CNDH determinó, además de obligar a la reparación del daño a favor de los habitantes afectados, que la CFE “implemente un programa de mantenimiento riguroso en la totalidad de la infraestructura que compone el proyecto durante toda la vida útil del mismo”, a fin de evitar accidentes que se pudieran presentar en lo sucesivo.
Pero a pesar de esa reclamación, como ha pasado con todas las victimas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha tenido ninguna respuesta de la autoridad responsable, ni siquiera una postura de exigencia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy sumida en la corrupción.
