A 18 años, la Guerra Contra el Narco no termina… sigue la violencia, y decomisos de dinero
A 18 años de iniciada la Guerra Contra el Narco, nada ha cambiado. El índice de violencia sigue a la alza. Los Cárteles de las drogas se han expandido y han crecido exponencialmente. La gente sigue como rehén de los grupos delictivos. Cada vez es más riesgoso salir a la calle, mientras el gobierno, ahora el de la Cuarta Transformación, asegura que se está apaciguando el país. Dicen que están doblegando la curva de violencia que no tiene para cuando bajar. En la calle, a nivel de pueblo, se observan otros datos.
Sigue la ola de violencia, que a manera de secuela insisten oficialmente en atribuirla al gobierno de Felipe Calderón, como si no hubieran pasado ya cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación. La permanencia de la violencia emergida en el 2006 es la mejor evidencia del fracaso en que ha resultado, al menos en materia de seguridad, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, a causa de la inanición del gobierno federal en materia de seguridad, todos los carteles de las drogas se encuentran arraigados hasta en el último de los rincones del país, las masacres siguen, y el poderío económico de los grupos de la Delincuencia Organizada continúa en aumento. Ahora no son 13 cárteles, estos ya se atomizaron: ya hay 73 cárteles de las drogas en todo el país, producto de la escisión natural de las grandes corporaciones delictivas.
A diferencia de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha optado por dejar de lado la confrontación directa con los grupos criminales, pero eso ha resultado peor. Ya no son soldados los que están pagando con su sangre el costo de la guerra, ahora son los civiles quienes encaran a la delincuencia.
Del 2018 a lo que va del 2024, se han registrado al menos 54 masacres de las que en solo cinco casos los grupos delictivos se han enfrentado con grupo de autodefensa, las otras 49 masacres han sido pagos de sangre que ha hecho la sociedad civil, la que sigue siendo víctima del encono de los delincuentes.
Atrás quedaron las confrontaciones abiertas de las fuerzas federales contra los grupos del crimen organizado, las que solo en el gobierno de Felipe Calderón dejaron al menos el 60 por ciento de las 121 mil 613 personas asesinadas, y durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto propiciaron como saldo casi el 70 por ciento de los 156 mil 437 de todos los homicidios violentos registrados.
Durante lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de asesinatos ya se cuantifica por arriba de los 134 mil 594 personas, en donde el 97 por ciento son personas civiles, ya no hay bajas militares, porque simplemente se les ha ordenado la retirada del frente de guerra.
La mayoría de los homicidios que se han registrado en estos poco más de cinco años de gobierno de la Cuarta Transformación, donde se sigue diciendo que son efectos colaterales de la Guerra Contra el Narco iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, es decir casi ocho homicidios de cada diez, no son resultado de enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado, son más bien producto de la confrontación interna que protagonizan las propias células criminales o son civiles que resultaron víctimas de la delincuencia en cualquiera de sus modalidades.
Durante el gobierno de Felipe Calderón seis de cada 10 homicidios fueron saldos de confrontaciones directas entre fuerzas federales y grupos delincuenciales, esa cifra fue a la alza durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando siete de cada diez homicidios fueron resultado las escaramuzas violentas que organizaron elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal frente a los grupos de la delincuencia organizada.
La estrategia de combate al narcotráfico que ha establecido el gobierno federal actual, con la que se aleja de las acciones violentas que plantearon los dos más recientes gobiernos anteriores para enfrentar al narcotráfico, esta fincada –dicen- en la inteligencia. Pero los resultados no se observan aun.
Si se quiere vender como resultado de la lucha contra el narcotráfico el alto índice de detenidos, tendremos que detenernos a observar que de cada 100 personas que se presentan como detenidas por las fuerzas federales, como probables responsables de delitos del fuero federal, solamente 7 de ellos llegan a ser sentenciados condenatoriamente.
En promedio, por cada mes de los que han transcurrido en este gobierno de la Cuarta Transformación, se han detenido 11 mil personas, pero solamente 770 son las que finalmente reciben una sentencia condenatoria.
Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron encarceladas 25 mil 445 personas, de las que el 80 por ciento, es decir 8 de cada 10 detenidos, quedaron en libertad por no tener ninguna relación en los hechos que falsamente se les imputaron. Uno de cada diez detenidos en el sexenio de Felipe Calderón que permanecen en prisión no ha recibido sentencia al día de hoy, porque no existen pruebas para ello.
El caso es similar para los detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron encarceladas 32 mil 218 personas acusadas de delitos graves como Delincuencia Organizada y Fomento al Narcotráfico, de las que el 67 por ciento ya fueron puestas en libertad luego de no contar con pruebas fehacientes en su contra y tras reconocerse que fueron encarceladas bajo argumentos falsos.
De todos los detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto bajo la acusación de ser parte de la delincuencia organizada y/o de los grupos del narcotráfico que todavía permanecen en prisión, que a la fecha son 10 mil 632 personas, solamente el 2 por ciento de ellas, unas 2 mil 106 personas, son las que han recibido una sentencia condenatoria. Otros 8 mil 526 detenidos aún están tratando de demostrar su inocencia.
En materia de detenidos y asesinados, la estrategia del gobierno del presidente López Obrador para el combate a la delincuencia no se observa eficiente. Sin embargo si resulta eficaz cuando se observa con relación a otros datos, como la incautación de activos de los grupos delictivos.
En la incautación de bienes a los delincuentes, la 4T ha dado más resultado. También se observa con mejores resultados en lo que hace a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los recursos económicos con los que operan los grupos delictivos en todo en territorio nacional.
Hay que recordar que durante los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera prácticamente fue omisa entorno a la investigación de los flujos de dinero de los grupos del crimen organizado y de los carteles de las drogas. Esta dependencia fincaba sus acciones básicamente en la persecución del delito de Lavado de Dinero de grupos terroristas internacionales y de algunos contribuyentes que evadían impuestos, donde tampoco se logaron grandes resultados.
Durante los seis años de gobierno de Felipe Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera solo logró incautar 372 cuentas bancarias que estaban relacionadas con el delito de Lavado de Dinero, solo el 3 por ciento de ellas fueron cuentas que operaban algunos miembros del narcotráfico y/o de la delincuencia organizada.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera fue aún más omisa: solo fueron 277 cuentas bancarias las que se lograron congelar, debido a que sus titulares estaban relacionados con delitos federales, principalmente con el de Evasión de Impuestos. De esas cuentas incautadas solo 73 estaban relacionadas con delitos de Secuestro, Fomento al Narcotráfico, Delincuencia Organizada y Extorsión.
En lo que va de la administración del presidente López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiara, primero a cargo del doctor Santiago Nieto, y después al mando de Pablo Gómez, ha logado asestar duros golpes a las finanzas de los grupos delincuenciales, principalmente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
Desde el 1 diciembre del 2018 al 30 de diciembre del 2023, el gobierno de la Cuarta Transformación ha logado, a través de la UIF, la incautación de 18 mil 230 cuentas bancarias que eran utilizadas para el lavado de dinero procedente de diversos delitos, esta cifra representa un 2 mil 453 por ciento más frente a la cantidad de cuentas incautadas por el gobierno de Felipe Calderón, y un 5 mil 213 por ciento más frente a las cuentas congeladas por el gobierno de Enrique peña Nieto.
Si hablamos de los montos incautados a los grupos de la delincuencia organizada, el gobierno de López Obrador, en solo cinco años de trabajo, ha sido más eficiente: ya se han logrado decomisar por lo menos 118 mil 993 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas, la mayoría de esos recursos eran propiedad de personas ligadas a grupos relacionados con los 13 carteles de las drogas que operan actualmente en México.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se logró incautar un monto de apenas de 23 mil millones de pesos, mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto la suma de dinero decomisado por la UIF apenas llegó a los 42 mil 329 millones de pesos. Aun así, oficialmente siempre se dijo que la lucha contra el narcotráfico estaba dando buenos resultados.
