El drama de los desplazados por la violencia; más 350 mil no podrán elegir a sus autoridades
Los estados que sólo en el 2023 registraron la mayor cantidad de desplazados en grupo, en donde se habrá de registrar el fenómeno de la abstinencia electoral forzada, son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Sonora y Baja California, en donde es evidente la expansión de los carteles de las drogas.
Pese a los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral (INE), para que las elecciones del próximo primer domingo de junio sean las más copiosas, y que se logré una de las mayores participaciones cívicas de las que se tenga registro en la historia de México, una cosa es cierta: miles de mexicanos no participaran y están obligados a la abstinencia electoral. ¿La razón? Porque el crimen organizado los ha desplazado de sus lugares de origen.
El sector de los desplazados por la violencia es uno de los grupos más invisibles para el Estado mexicano. No hay una sola instancia de gobierno en donde se considere la existencia de este grupo poblacional, ya no para aplicar algún tipo de programa de apoyo, sino aunque sea para considerar su existencia en la estadística.
Ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sabe o da a conocer a cuántos asciende el grupo de personas desplazadas internamente en todo el territorio nacional, tampoco en la Sub Secretaría de Población de la Secretaría de Gobernación se conoce a ciencia cierta y menos da a conocer cuántas personas han tenido que dejar su localidad a causa de la violencia.
Los informes que más se acercan a esa realidad tienen que venir de instituciones civiles, como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la que en su informe anual del 2023 establece que en los últimos 6 años fueron al menos 117 mil 301 personas las que tuvieron que dejar su localidad a causa de la violencia.
La mayoría de las personas desplazadas, por el alto índice que violencia que persiste en México, son personas mayores de edad, con posibilidades de votar al contar con su credencial para votar. Se estima que por lo menos el 70 por ciento de los desplazados están en condiciones de votar, sin embargo, su condición de victimas del desplazamiento también las llevara a otra condición irregular: no podrán acceder a su derecho al voto en las elecciones presidenciales próximas.
A los desplazados internamente por la violencia, también se deben sumar otros sectores desplazados de sus localidades, no solo por la violencia, sino también por las condiciones extremas de pobreza y hasta por falta de suministro de agua. Este sector del que tampoco existe un registro oficial, se estima que podría ser el doble de las personas que han tenido que dejar su localidad a causa de la violencia.
De esa forma se considera que al menos unos 350 mil mexicanos, de los que el 70 por ciento de ellos se encuentra en condiciones de votar, son los que conforman el sector invisible de los desplazados internamente, los mismos que están obligados a la abstinencia electoral por no estar dentro de sus demarcaciones electorales o contar con credencial de otra zona electoral.
La situación de los desplazados es una condición de doble victimización, pues además de negárseles el derecho a vivir de su origen, también están siendo condenados a no poder participar de su derecho de elegir a sus autoridades, una situación que dentro del mismos Instituto Nacional Electoral no se ha querido observar, mucho menos definir un plan de ayuda a estas personas.
Lo más lamentable es que la no participación electoral de ese sector social ni siquiera es una decisión personal, sino que se trata de situación circunstancial obligada, ajena a ellos; debido a que la mayoría de esos desplazados tuvieron que salir de sus municipios, distritos electorales y en algunos casos de sus estados, a causa de la violencia o de condiciones ajenas a sus decisiones, pero si correspondientes al gobierno en cualquiera de sus tres niveles.
En este sentido vale rescatar lo que se ha dicho en el seno del Consejo del INE, en donde se ha reconocido, tras bambalinas, que con la falta del voto de los desplazados, no pierde ningún partido político en particular, sino que pierde la democracia, al no incluir a este importante sector social en la elección de sus autoridades locales, principalmente.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), solo en el 2022, en el preámbulo del inicio del año electoral más importante en México, en todo el país se registraron 37 eventos de desplazamiento forzado interno, el que afectó la residencia de más de 69 mil 320 personas, en su mayoría personas mayores de 18 años, con posibilidad de votar.
Los fenómenos de desplazamiento ocurridos el año pasado, en 2023, se registraron en 74 localidades de 27 municipios en 18 estados del país, en donde evidentemente la próximas elección de las autoridades locales no contará con la participación de estas personas, las que ahora –en el mejor de los casos- podrían votar solo en casillas especiales en cualquier parte de la república, pero solo en la boleta para presidente.
Pero esa hipotética participación electoral está sujeta a diversas condiciones, entre las más importantes se encuentran el ánimo de estas personas que se encuentran alejadas de sus lugares de origen, a lo que se debe sumar la cantidad de boletas disponibles en las casillas especiales, que casi siempre son insuficientes ante la demanda del electorado en tránsito normal.
Un Fenómeno que Afecta a Nueve Estados
Aun cuando a causa de la violencia el fenómeno del desplazamiento forzado interno se registra en forma individual en la mayoría de todos los estados del país, son 11 las entidades que se distinguen -desde el año pasado a la fecha- por registrar eventos de personas desplazadas en grupo.
Los estados que sólo en el 2023 registraron la mayor cantidad de desplazados en grupo, en donde se habrá de registrar el fenómeno de la abstinencia electoral forzada, son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Sonora y Baja California, en donde es evidente la expansión de los carteles de las drogas.
En el estado de Guerrero se han registrado cuatro eventos de desplazamiento interno forzado masivo, en Sinaloa ya son siete; en Michoacán, Baja California y Guanajuato, se han contabilizado cinco en cada uno de esos estados, Colima registra dos, en tanto que Zacatecas, Tamaulipas registraron uno respectivamente.
Pero independientemente de la cantidad de eventos de desplazamiento, es el estado de Chiapas el que mayor cantidad de personas en edad de votar que no podrán ejercer su sufragio en sus localidades, al registrar 5 mil 423 personas fuera de sus demarcaciones electorales, seguido de Guerrero que registra el desplazamiento de 4 mil 911 personas y Sinaloa que cuantifica 3 mil 288 desplazados.
