Sale de la cárcel Emilio Lozoya, el hombre que -como Santa Anna- entregó el territorio nacional
El cambio de medida preventiva, que se otorga bajo la determinación de que no existen elementos para que el enjuiciado se sustraiga de la acción de la justicia, por lo general se aplica a procesados sin poder económico, sin relaciones personales o de amistad, sin nexos con el poder, sin visa y con la certeza de que no pueden sostener un domicilio alterno al que tienen registrado como oficial, en donde se pudieran escapar de la acción de la justicia.
Ya se encuentra en libertad condicional Emilio Lozoya Austin, el que fuera -en los tiempos de Enrique Peña Nieto- director de la poderosa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Lozoya fue acusado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber orquestado uno de los mayores fraudes a la nación, al haber desviado para su beneficio más de 35 millones de dólares.
El Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López, fue el que decidió que existen las condiciones para que Emilio Lozoya continúe con el juicio desde la comodidad de su casa. El cambio de medida cautelar, en donde se establece que el procesado no cuenta con las posibilidades de evadir la acción de la justicia, fue avalado por los magistrados de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro.
Cabe señalar que el cambio de medida preventiva, que se otorga bajo la determinación de que no existen elementos para que el enjuiciado se sustraiga de la acción de la justicia, por lo general se aplica a procesados sin poder económico, sin relaciones personales o de amistad, sin nexos con el poder, sin visa y con la certeza de que no pueden sostener un domicilio alterno al que tienen registrado como oficial, en donde se pudieran escapar de la acción de la justicia.
A partir de ayer, Emilio Lozoya dejó la prisión y fue destinado a su casa en la Ciudad de México, desde donde ahora llevará el proceso judicial que continúa, pero que con esta medida de la prisión domiciliara apunta a que la sentencia habrá de terminar con una exoneración de facto.
Hay que recordar que Emilio Lozoya, cuando estuvo al frente de Pemex, pidió sobornos a la empresa brasileña Odebrecht, los que se estiman en por lo menos 100 millones de dólares, mismos que se aplicaron en la campaña presidencia del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto.
Emilio Lozoya, uno de los hombres icono de la corrupción que permeó durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, también es señalado de haberse favorecido con por lo menos 35 millones de dólares en el proceso de compra de la planta de Agronitrogenados, propiedad del empresario Alonso Ancira, quien la vendió a Pemex a un sobrecosto del 700 por ciento.
Peor que Santa Anna
Los delitos que se le acusan a Emilio Lozoya, relacionado al vulgar hecho de robo de dinero, puede que aun encuentren castigo dentro de la justicia mexicana, lo que todavía se observa más que difícil. Pero lo que seguramente no tendrá sanción alguna, porque al respecto ni siquiera existe una carpeta de investigación, es el robo del territorio nacional que hizo el propio Emilio Lozoya, con la aplicación de la mentada Reforma Energética del presidente Peña Nieto.
La entrega del territorio nacional que posibilitó Emilio Lozoya al amparo de la Reforma Energética, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, es 5.7 veces mayor a la que hizo el presidente Antonio López de Santa Anna, quien -bajo el Tratado de la Mesilla en 1853- otorgó a los Estados Unidos una extensión de 76 mil 845 kilómetros cuadrados de suelo, que hoy son parte del sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México.
A causa de la gestión de Lozoya Austin, al imponer mediante la corrupción de legisladores federales la Reforma Energética, México ha cedido ya más de 444 mil 900 kilómetros cuadrados de suelo continental y aguas marítimas en la zona del Golfo de México, de los que el 90 por ciento fueron entregados entre el 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, tiempo en el que este funcionario estuvo al frente de Pemex.
La superficie de territorio y aguas mexicanas entregadas por la Reforma Energética de Lozoya a empresas extranjeras, para ser explotadas irrestrictamente por un lapso de hasta 35 años, equivale a la extensión territorial que ocupan los estados de México, Michoacán, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Guanajuato, Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Colima Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.
Los estados arrebatados de parte de su territorio para ser entregado en concesión a empresas trasnacionales, son Hidalgo, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca, donde se concentra el 56 por ciento de todos los proyectos de extracción de gas y petróleo autorizados por Pemex, de los que 2 mil 482 corresponden al método de fractura hidráulica (Fracking).
El otro 44 por ciento de los proyectos de extracción de gas y petróleo que cayeron en el ámbito de responsabilidad de Emilio Lozoya, fueron autorizados en aguas someras y profundas del Golfo de México, sobre las que las empresas trasnacionales hay arrebatado la soberanía al gobierno mexicano por lo menos hasta el año 2050.
Empresas bajo la lupa
Hasta el día de hoy son más de 70 las empresas trasnacionales beneficiadas con la entrega que hizo Emilio Lozoya del territorio continental y marítimo mexicano. Estas empresas son principalmente de capitales de origen norteamericano, canadiense, alemán, inglés, árabe y chino, donde al menos queda en el plano de la duda si hubo o no corrupción para la entrega de gran parte del subsuelo.
Las empresas que fueron depositarias de la propiedad del suelo continental y marítimo de México, donde aún está por saber si dichas concesiones fueron honestas, son: ATCO Gas and Pipelines, ATCO Servicios y Energía, BHP Billiton Petróleo Operaciones de México License, Calicanto Oil & Gas, Capricorn Energy, Citla Energy, Carso Electric, Promotora del Desarrollo de América Latina, Chevron Energía de México, Producción e Inpex E&P México, China Offshore Oil Corporation E&P México, DEA Deutsche, Deutsche Erdoel México, Premier Oil Exploration and Production Mexico, Sapura Exploration and Production Sdn y ENI México.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, consultadas por Ángel Metropolitano, dentro del caso de Emilio Lozoya también se investigan los contratos de concesión que favorecieron con grandes porciones de suelo mexicano a las empresas Lukoil Upstream México, Qatar Petroleum, Fermaca Pipeline de Occidente, Fieldwood Energy E&P México y Petrobal Upstream.
En esa misma lista de investigación igualmente se encentran las firmas Hokchi Energy, Sierra Blanca P&D, Talos Energy Offshore México, Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración & Producción de México, Jaguar Exploración y Producción, Lukoil Upstream México, Murphy Sur, Ophir Mexico Offshore Exploration, PC Carigali Mexico Operations y Sierra Offshore Exploration.
De igual forma se ha iniciado los trabajos de revisión a los contratos de asignación otorgados a las empresas Newpek Exploración y Extracción, Verdad Exploration Mexico, Oleum del Norte, Pan American Energy, Pantera Exploración y Producción, Sierra Coronado E&P, ECP Hidrocarburos Mexico, Deutsche Erdoel México, Compañía Española de Petróleos, Perseus Fortuna Nacional, Perseus Tajón, Premier Oil Exploration and Production Mexico, Renaissance Oil Corp y Repsol Exploración México.
Otras firmas favorecidas por Lozoya que son investigadas por la entrega de suelo mexicano sin reserva son Sierra Perote, Roma Energy México, Roma Exploration and Production, Tubular Technology, Suministros Marinos e Industriales de México, Golfo Suplemento Latino, Secadero Petróleo y Gas, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México y Shandong and Keruy Petroleum.
La lista de empresas investigadas en este sentido la completan Shell Exploración y Extracción de México, QPI México, Sierra O&G Exploración y Producción, Talos Energy Offshore México, Premier Oil Exploration and Production, Statoil E&P México, BP Exploration Mexico, Tonalli Energía, Total E&P México, Exxonmobil Exploración y Producción México, Shell Exploración y Extracción de Mexico, Hokchi Energy y Transportadora de Gas Natural de la Huasteca.
Promotor del fracking
Más allá del señalamiento oficial de la desmedida corrupción que privó en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, destaca el inmoral desempeño de este funcionario público, quien no solo permitió, sino que alentó la práctica del Fracking para la extracción de gas y petróleo a costa de la destrucción del territorio.
Solo del 2015 al 20 16, el número de pozos de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica creció de forma acelerada; Lozoya Austin autorizó 2 mil 482 proyectos de Fracking, de los que –al cierre del 2019- casi el 65 por ciento ya se encontraban en operación, el 13 por ciento aún se hallan en etapa de exploración y el 22 por ciento se mantienen en la etapa licitación para su entrega al mejor postor.
De todos los proyectos de Fracking autorizados por Lozoya Austin, Mil 114 de ellos se ubican en Puebla, otros 733 están en el subsuelo de Veracruz, 250 se ubican en Tamaulipas, 138 están en el estado de Tabasco, 93 más se concentran en Nuevo León, 64 están en Campeche, 36 en Chihuahua, 35 en Coahuila, y 19 más en el territorio del estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con datos de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., Veracruz es el estado que más territorio enajenado tiene: casi 47 mil 345 kilómetros cuadrados ya se encuentran o están en proceso de ser ocupados por la industria petrolera, que es a la vez una extensión 34 veces mayor a la superficie que ocupa toda la ciudad de Xalapa.
En Tamaulipas son 32 mil 300 kilómetros cuadrados los que Emilio Lozoya determinó entregar a la planta petrolera, que representan 75 veces la superficie territorial de Ciudad Victoria; en el estado de Coahuila se entregaron 18 mil 529 kilómetros cuadrados a la planta extractiva, que es una superficie 68 veces mayor a la que ocupa la ciudad de Saltillo.
Otro estado que literalmente perdió gran parte de su superficie territorial al ser entregada a la explotación de las petroleras, es Nuevo León, en donde más de 17 mil 591 kilómetros cuadrados ya comenzaron a privatizarse con fines extractivos, superficie que equivale a 19 veces la extensión territorial de la ciudad de Monterrey.
En Tabasco son 16 mil 441 kilómetros cuadrados los que se entregaron a las petroleras, lo que equivale a 269 veces el territorio que ocupa la ciudad de Villahermosa; en Chiapas se arrebataron 4 mil 764 kilómetros cuadrados, que representan 49 veces la superficie de suelo que ocupa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Por lo que hace a San Luis Potosí ya se perdieron 3 mil 749 kilómetros cuadrados de suelo, en Puebla son 2 mil 549 kilómetros cuadrados, en Oaxaca la superficie a entregar es de Mil 528 kilómetros cuadrados, y en Hidalgo la perdida será de Mil 447 cuadrados, que en suma de estos cuatro estados se obtiene una superficie de 8 mil 973 kilómetros cuadrados que es casi la superficie que ocupan los estados de Tlaxcala y Aguascalientes.
