Buscadoras de familiares desaparecidos en México claman protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Para la actual administración federal, tampoco es una prioridad la protección a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Asesinatos, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado son las represalias que enfrentan al hacerlo en el territorio nacional, por lo que acudieron a la CIDH a exigir la protección adecuada
Colectivos de búsqueda y organizaciones como la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato denunciaron ante ese organismo internacional que ni siquiera son consideradas como defensoras de los derechos humanos en nuestro país por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, aunque en los últimos años hayan desempeñado un papel protagónico para encontrar a sus familiares, labor de investigación que deben de desempeñar las fiscalías especializadas estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación.
“El Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, se debe fortalecer la identificación forense y combatir la impunidad, pues la Comisión ha recibido información de retrocesos en la falta de implementación de leyes y recursos”, dijo Andrea Pochak, relatora para México durante el 188 Período Ordinario de sesiones de la CIDH.
Alejandra Martínez, buscadora de Sinaloa; Javier Barajas, desplazado por la violencia en Guanajuato; Bibina Mendoza, del colectivo “Hasta Encontrarte” y Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz en Guanajuato, durante la audiencia explicaron los riesgos que corren las familias de personas desaparecidas en el país: asesinatos, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado, cuyo autor, en ocasiones, es el crimen organizado.
María Luis Aguilar, abogada del Centro Prodh señaló que en México no se reconoce plenamente a las y los familiares de personas desaparecidas que buscan en terreno como defensoras de derechos humanos, lo que impacta en que no se les brinden medidas de protección adecuadas.
“Hay un impacto social, psicológico, económico en la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy nos convoca el tema de la seguridad: que el salir a buscar a sus seres queridos ponga en riesgo su propia vida, es intolerable”: Andrea Pochack, relatora de la CIDH para México.
Se relataron casos atroces como el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, integrante del Colectivo “Por las voces sin justicia”, en Sinaloa, que fue asesinada el 30 de agosto de 2022, por buscar a su hijo, Fernando Abizaid Ramírez, desaparecido desde el 16 de octubre de 2019.
Ese día Rosario organizó una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición y saliendo, a las 9 de la noche, un grupo de personas del crimen organizado la secuestró y fue localizada tirada en un camino cerca de la zona tres horas después. Su cuerpo fue envuelto en una lona que llevaba la foto de su hijo, la mataron a golpes y le pasaron una camioneta por encima.
Francisco Javier Barajas, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, fue asesinado el 29 de mayo de 2021 en el municipio de Salvatierra, mismo lugar donde su hermana Gloria Bajaras Piña fue desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después. Todos estos asesinatos siguen impunes.
Los buscadores plantearon ocho puntos para que la CIDH interceda ante el Gobierno mexicano
1) Urja al Estado mexicano a que reconozca a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y que sus riesgos están relacionados con sus labores de búsqueda de personas desaparecidas.
2) Requiera al Estado mexicano que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas haga llegar información de cuántas buscadoras han solicitado medidas de protección, cuántas fueron otorgadas y cuántas rechazadas, incluyendo las medidas específicas otorgadas.
3) Exhorte al Estado para que este mecanismo defina esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes reconociendo su diversidad.
4) Se lleve a cabo una visita urgente de la Comisión a México, poniendo especial atención al tema de desapariciones y la protección de personas buscadoras.
5) Se incluya la información presentada en el informe temático sobre desaparición que prepara la CIDH.
6) Que la Relatoría de Personas Defensoras y la unidad a cargo de medidas cautelares de la Comisión revisen las peticiones individuales y las medidas cautelares presentadas sobre el tema de la audiencia.
7) Solicite información al Estado sobre la respuesta que han dado las comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda a las peticiones de familiares para realizar labores de búsqueda en puntos ubicados por los colectivos.
8) Requiera al Estado información sobre los pasos tomados para investigar y en su caso sancionar los asesinatos y desapariciones de las personas buscadoras.
En la impunidad, 15 asesinatos de buscadores en el actual sexenio
De 2010 a la fecha, han sido asesinadas al menos 20 personas buscadoras en México, de las cuales 15 fueron en el actual sexenio, casos que siguen impunes, denunciaron los familiares de personas desaparecidas ante la CIDH durante la audiencia “México: Protección de mujeres buscadoras”.
En lo que va 2024 han asesinado a Noé Sandoval Adame, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Chilpancingo, Guerrero, y Angelita Meraz de Léón, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, en Baja California. Además, Lorenza Cano, buscadora del colectivo “Salamanca unidos buscando a nuestros desaparecidos Guanajuato”, fue secuestrada.
Con información del portal https://lacaderadeeva.com/
