Los Cárteles cada vez usan más las minas antipersonales para causar muerte y terror

Por. J. Jesús Lemus

Las minas antipersonales son calificadas, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, como una de las armas más letales en un conflicto armado, no solo por su autonomía y su capacidad de muerte o de dejar lesiones de por vida, sino porque es la única arma en el mundo que se mantiene activa, y sin la intervención humana puede potencialmente ocasionar la muerte, aun cuando el conflicto haya concluido.

El Estado de Michoacán es el primer territorio dentro de México en donde los grupos civiles armados (autodefensas), los carteles de las drogas y los grupos del crimen organizado, han escalado sus acciones de guerra hasta llegar al uso de minas antipersonales.

Hasta hace 14 años era prácticamente imposible observar, dentro de las acciones de violencia del crimen organizado y los carteles de las drogas, el uso de minas antipersonales. Sin embargo, ahora parece una constante el uso de minas antipersonales por parte de algunos grupos de la delincuencia organizada que, con esas minas, lo mismo confronta a las fuerzas federales de seguridad, que a la población civil y a los grupos delictivos rivales.

El uso de las minas antipersonas como favorita arma de guerra de los principales grupos delictivos, has crecido en forma acelerada: entre el 2005 al 2014, se supo de la presencia de minas antipersonales, solo por el decomiso de siete de esos artefactos, los que fueron recuperados por la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR).

Pero entre enero del 2018 a septiembre del 2023, se tuvo conocimiento que en todo el país se detonaron, desactivaron o incautaron un total de 2 mil 818 minas antipersonales, la mayoría de las detonaciones (mil 416 artefactos) ocurrieron en el estado de Michoacán, en donde se libra una guerra entre 14 carteles de las drogas, y la población civil se encuentra al centro como rehén

Minas y Cárteles

Una respuesta pública, emitida por la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitida el 22 de junio del 2015, refiere que entre el 2010 al 2015, solo en cuatro estados se decomisaron siete minas antipersonales: una en Baja California, dos en la Ciudad de México, una en Nayarit, y tres en Zacatecas.

Las personas que en ese periodo fueron procesadas por el delito de portación de esos explosivos de uso exclusivo del Ejército, acusadas también de terrorismo, fueron reconocidas como miembros del Cartel de Los Zetas. Este sería el primer grupo delictivo en introducir las minas antipersonas a la Guerra Contra el Narco que aún continúa.

Respecto a la información emitida en septiembre del 2023, por parte de la SEDENA, se establece que en 22 estados del país es en donde se logró incautar, detonar o desactivar, un total de 2 mil 816 artefactos, el segundo estado con mayor cantidad de minas desactivadas, detonadas o incautadas, después de Michoacán, fue Guanajuato, con 664 artefactos. En tercer lugar se encuentra Jalisco, con la presencia registrada de 396 minas.

De las mil 416 minas que se han detectado o decomisado en Michoacán, por lo menos 890 de ellas serian atribuidas a la propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación; otras 210 minas serían del Cartel de la Familia Michoacana, 102 minas serían del Cartel de los Caballeros Templarios, 98 serían del Cartel de Los Viagra, y las otras 116 se ha atribuido su propiedad a algunos de los 36 grupos de autodefensa que operan en la zona.

Las 664 minas registradas en Guanajuato serían en al menos 450 casos propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación, en tanto que las otras 214 minas fueron atribuidas a la propiedad del Cartel de Santa Rosa de Lima o del Cartel de la Familia Michoacana o del Cartel de Sinaloa.

Al Cartel Jalisco Nueva Generación también se le atribuyen por lo menos 376 minas detectadas en Jalisco, en tanto que otras 20 minas fueron atribuidas allí mismo a la propiedad de algunos miembros del Cartel de Sinaloa, de la fracción de Los Chapitos que se mantienen presentes en la zona, disputando la capital de Jalisco al grupo que encabeza Nemesio Oseguera.

De acuerdo información de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitid a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en Aguascalientes se han atribuido 40 minas al cartel de Los Zetas; en Chiapas son 121 minas atribuidas al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación; En Chihuahua las nueve minas detectadas se han atribuido al Cartel de la Línea; En la CDMX se ha decomisado 6 minas: tres a la Unión Tepito, dos al cartel de Nueva Unión Tepito y otra más al Cartel de Tlalpan.

En Colima se ha dado cuenta de ocho minas, todas atribuidas al Cartel Jalisco Nueva Generación; en el Estado de México, entre los carteles de la Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y La Barredora, que mantienen una lucha entre sí, se atribuye por parte de la autoridad militar que han llevado a la guerra un total de 15 minas antipersonales.

En Guerrero, son los carteles Los Ardillos, Los Rojos, Los Tlacos y la Bandera, los que serían los propietarios de las 28 minas que se han detonado, inutilizado o incautados en los últimos seis años. En el estado de Hidalgo se ha dado cuenta de 8 minas, presuntamente propiedad del Cartel de los Zetas, mismo a los que también se les atribuye la propiedad de 10 minas detectadas en Nuevo León.

Aun cuando han sido menos, en Oaxaca 2, en Puebla 6, en Querétaro 3, y en San Luis Potosí una, todas estas minas se estima que son propiedad del Cartel de los Zetas, mientras que las 11 minas detectadas en Sonora serían de la propiedad del Cartel de Caborca; las 29 minas acreditadas al estado de Tamaulipas serían del Cartel de los Zetas y del Golfo en forma más o menor igual.

En Zacatecas se han localizado o detonado 36 minas, todas ellas propiedad del Cartel de los Zetas, igual como sucede con las dos minas atribuidas al estado de Tlaxcala y otras 4 minas detectadas en el estado de Veracruz.

 Lo que veíamos tan lejos, ya está aquí

En 1997 el Premio Nobel de la Paz fue entregado a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales. El premio fue otorgado a la coordinadora de dicha campaña Jody Williams. Aquella campaña se justificó en el hecho que a causa de las minas antipersonales cada 20 minutos perdían la vida una persona en el mundo, a causa de las minas dejadas olvidadas o utilizadas en diversas conflagraciones.

Eso se veía tan lejos de México. Pero nos alcanzó la realidad. Desde enero del 2019 a la fecha, en suelo mexicano han muerto por lo menos 27 personas a causa de minas terrestres o antipersonales. De esas víctimas al menos una docena era personas de la sociedad civil, 10 era elementos de las fuerzas federales de seguridad y otros cinco era personas que estaban relacionadas a alguno de los Carteles que se encuentran en disputa.

Este hecho no ha sido reconocido por el gobierno federal como un riesgo a la sociedad, ni ha prendido alertas de ningún tipo en ninguna instancia. Pese al incremento de personas que han perdido la vida por las minas antipersonales, no se ha decretado ningún plan oficial para atajar el problema.

Es más, el problema se ha tratado de ocultar o al menos disimular. Y es que frente a los 27 decesos que se registran por la acción de minas antipersonales -que a veces se dejan enterradas en caminos o a veces son lanzadas como bombas desde drones manipulados por miembros del crimen organizado-, han resultados por le menos medio centenar de heridos.

La mayoría de los heridos a causa de explosiones de minas antipersonales han sido atendidos en las diversas clínicas del IMSS. Pero un dato oficial del IMSS revela que entre el 2018 al 2022 solamente cuatro personas han sido atendidas y dadas de alta a causa de las lesiones dejas por material explosivo.

Tratado de Ottawa y las Fronteras

Desde 1999 México es parte del Tratado de Ottawa, un instrumento mundial que propone acciones globales para erradicar el problema de las minas antipersonales. Pero sobre ese tema, el Estado mexicano no ha generado una sola política pública de observancia nacional. Ni siquiera se ha modificado el código penal para sancionar severamente el tráfico y uso de minas.

Como parte del Tratado de Ottawa México tampoco ha endurecido sus aduanas para evitar la llegada de minadas antipersonales. Por algunas aduanas del país, principalmente las de los puertos del Pacífico (Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz), se siguen colando las minas que termina en mano de los grupos del crimen organizado.

Los principales países de donde salen los cargamentos de minas antipersonales para los grupos del crimen organizado mexicano, son Estados Unidos, Rusia, China y Pakistán. Los gobiernos de estos mismos países se han negado a firmar el tratado que prohíbe la producción de ese tipo de artefactos letales.

Por versiones del fuentes dentro del crimen organizado, se estima que el costo de una mina antipersonal puede llegar a ser en promedio de 35 dólares, mientras que el Comité internacional de la Cruz Roja considera que el costo que representa retirar una mina enterrada es de por lo menos mil 500 dólares.

El uso de las minas por parte de los grupos del crimen organizado ha ido en aumento, no solo por lo letal que es esta opción, sino por el terror que significa su uso, a lo que se debe sumar que el costo de causar muerte a través de esas explosiones resulta más barato que disparar una ráfaga de un cuerno de chivo