Aumentó la violencia criminal-electoral en los últimos 5 años y se espera que empeore en 2024
De 2018 a 2023 ocurrieron mil 593 ataques, entre asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de Gobierno o partidos, siendo Veracruz el estado que encabeza la lista con más casos
Es probable que las elecciones de 2024, las más grandes de la historia del país (se elegirán 20 mil 286 cargos), sean las más atacadas por grupos criminales, dado el contexto de creciente violencia criminal-electoral, es decir, actos que lleva a cabo el crimen organizado para incidir en la vida pública.
“El 2023 cerró siendo el año más violento en nuestra base de datos. Y todo sugiere que el 2024 será peor”, señala Mónica Meltis, directora Ejecutiva de Data Cívica, en su artículo del proyecto Votar entre balas.
Ya suman 50 asesinados en el actual proceso electoral
De acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, del 26 de junio de 2023 al 26 de marzo de 2024, han sido asesinadas 50 personas involucradas en el proceso electoral, de las cuales, 26 eran aspirantes a una candidatura. Se han presentado 149 casos de agresiones: 21 atentados, 69 casos de amenazas y 9 secuestros.
Veracruz y Guerrero encabezan la lista de casos sobre todo ataques a funcionarios de seguridad
El estado de Veracruz es el que encabeza la lista con más casos de violencia político-criminal en México, siguiéndole Guerrero en segundo lugar. De 2018 a la fecha “hay al menos 143 víctimas de este tipo de violencia en el estado. La mitad de esas víctimas eran personas funcionarias públicas”, destaca Data Cívica.
Específicamente, “el 27 por ciento han sido funcionarias de seguridad pública. Le siguen personas funcionarias que no contendieron por el cargo (24 por ciento ), autoridades de elección popular (22 por ciento), personas candidatas (18 por ciento), familiares de personas que se desempeñan en el ámbito político (cinco por ciento) y militantes o integrantes de partido (4 por ciento)”.
Respecto a Guerrero, en octubre del año pasado al menos 13 elementos de la policía estatal fueron asesinados; entre ellos, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez y el director de la Policía Preventiva municipal, Honorio Salinas Garay. Unos meses antes, en mayo del 2023, el regidor del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Aurelio Terán Alvarado, también fue asesinado a balazos en Acapulco.
Anterior a eso ya habían documentado casos similares en Coyuca de Benítez: “de hecho, Alfredo Alonso, el secretario de Seguridad Pública que fue asesinado junto con los elementos de la policía estatal, estaba sustituyendo a David Borja Benítez, quien antes fue secretario, pero renunció en diciembre del 2022 tras sufrir un ataque armado”.
Gobernanza criminal
La defensora de derechos humanos explica que la gobernanza criminal es la influencia que logran tener grupos criminales que les permite el control político, económico y social a nivel local, ya sea por ausencia o por colusión del Estado.
Esa injerencia en la toma de decisiones a nivel municipal o incluso barrial tiene consecuencias importantísimas para la sociedad y para la democracia local. “Algunos de los casos de ataques y asesinatos que hemos documentado han sido dirigidos contra funcionarios de seguridad pública, como sucedió con los elementos de policía en Guerrero, lo que se puede leer como un claro intento de intimidar a los detractores del control territorial de los grupos del crimen organizado“.
Otros han ido dirigidos contra funcionarios de tesorería y varios más han sido casos de atentados contra personas que trabajaban en instituciones de justicia, por mencionar algunos.
Los grupos criminales comenzaron a encontrar maneras de incidir en la vida pública de estados y municipios que estaban desamparados ante la escalada de violencia durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón (2006-2012), cuyas fuerzas federales incrementaron las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.
Votar entre balas es una base de datos de libre acceso donde se da seguimiento a los puntos rojos de gobernanza criminal y violencia criminal-electoral. “Es fundamental que esta documentación continúe durante el 2024 y en adelante, ya que nos permitirá entender la dimensión de la gobernanza criminal no solo a nivel local, sino en elecciones estatales y federales”, asegura Meltis.
Si se analiza junto con otras variables como la violencia ejercida hacia periodistas y activistas de la sociedad civil, se vuelve evidente que la estrategia de seguridad actual no ha funcionado, escribe la activista.
Para desmantelar los espacios de control y de gobernanza criminal es necesaria una transformación profunda del sistema de seguridad que logre por fin romper con los lazos entre grupos criminales y agentes estatales. Esto, ineludiblemente, apunta a un camino distinto al de la militarización.
Candidatos solicitaron medidas de protección al INE
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que 83 aspirantes a un cargo de elección popular solicitaron medidas de protección frente al clima de inseguridad que atraviesa el país. De ese total, 74 aspirantes, entre ellos 4 candidatos a alguna gobernación, cuentan ya con protección de las autoridades.
