Minera Canadiense expulsa a familias de comunidad en Zacatecas
Esta no es la primera ocasión que en Zacatecas una empresa minera obliga al desplazamiento de la población; en el 2016 los pobladores de Salaverna también fueron desplazados por la empresa Frisco, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., por oponerse a los proyectos de extracción en la mina de cobre de ese lugar
Por considerar que la población de la comunidad La Colorada, del municipio de Chalchihuites, en Zacatecas “representa un peligro para sus intereses”, la minera Panamerican Silver, de capital canadiense, desalojó a 14 familias de sus viviendas. En el 2017 ya había desalojado a otras 47 familias que estaban asentadas en la periferia de su mina.
A punta de fusil, un total de 67 pobladores de La Colorada, entre ellos mujeres y niños, fueron obligados a desplazarse hasta una colonia improvisada a cinco kilómetros de distancia, donde la propia minera levantó algunas viviendas de lámina, para los pobladores que insistan en quedarse dentro de la zona.
Esta no es la primera ocasión que en Zacatecas una empresa minera obliga al desplazamiento de la población; en el 2016 los pobladores de Salaverna también fueron desplazados por la empresa Frisco, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., por oponerse a los proyectos de extracción en la mina de cobre de ese lugar.
La empresa minera de Carlos Slim, ante la necesidad de extender su radio de operación y evitar reclamos de indemnización por daños a la salud de la población, optó por trasladar de su lugar de origen a todo el pueblo de Salaverna; muchos aceptaron, pero otros decidieron reubicarse en los municipios de Concepción del Oro y Mazapil.
Hoy la historia se repite: mediante el uso de la fuerza, con la participación de medio centenar de guardias privados que portaban armas largas, las familias que se oponen a los trabajos de explotación del subsuelo de la comunidad La Colorada, fueron obligadas al desplazamiento a una colonia aledaña, propiedad de Panamerican Silver.
La empresa Panamerican Silver reclama como suyas más de 600 hectáreas de suelo, por donde atraviesa una parte de la veta de oro que sigue desde la mina La Colorada, la que mantiene en explotación, y que pretende incluirlas dentro del polígono concesionado, en donde los vecinos representan un estorbo.
Cabe recordar que desde el 2013 la minera canadiense se asentó en el suelo de la comunidad de La Colorada, en Chalchihuites, a 230 kilómetros al poniente de la capital de Zacatecas, luego de obtener el permiso del gobierno federal para la extracción ─por 10 años─ de las reservas probadas de oro, plata, plomo y zinc que allí yacen.
En base a dicho permiso, que apenas en el 2014 fue ampliado por parte del gobierno federal, la minera canadiense se ha dicho con el derecho sobre la propiedad del suelo de los vecinos de La Colorada, quienes de manera infructuosa han reclamado al Tribunal Agrario de Zacatecas el reconocimiento como ejido y la protección de la tierra.
“Estamos viviendo la misma historia que el pueblo de Salaverna”, dijo Alfonso Guerrero, representante legal de los vecinos de La Colorada, quien lamentó la omisión del gobierno federal para poner freno a la expansión de la minera, “la que desde hace dos años mantiene una campaña sistemática de terror sobre los pobladores de La Colorada”.
Va minera por el agua
El interés de la minera Panamerican Silver, para apropiarse del suelo de la comunidad La Colorada, no solo es por la veta de oro que cruza por el subsuelo, “también hay interés en apropiarse de un manto de agua que es vital para las actividades de la mina”, dijo Arturo Ceballos, un vecino desplazado.
Según los vecinos de La Colorada, bajo el suelo de su comunidad existe una importante reserva de agua, la que hoy podría ser de interés de la minera, “pues los pozos que suministran a la mina en operación, ya se encuentran en su última fase de vida”, dijo Arturo Ceballos, quien aseguró que el agua utilizada por Panamerican Silver en un día “es la que se utiliza en La Colorada durante un mes”.
El origen del conflicto entre la minera y los vecinos desplazados no es reciente. Este comenzó a principios del 2015, cuando un grupo de pobladores exigió a la directiva de la empresa reparación del daño por afectaciones a la salud de algunos de los pobladores de esa localidad, pero la minera se negó a responder al reclamo económico.
Frente a la propuesta de pago de servicios médicos para niños y mujeres que comenzaron a padecer de forma recurrente enfermedades respiratorias, Panamerican Silver respondió con una campaña de hostigamiento e intimidación hacia los líderes comunales que recolectaron firmas para pedir al gobierno federal la recesión de los permisos de explotación de la minera.
La campaña de hostigamiento, donde hubo persecución y golpeas contra dos líderes del movimiento, según alguno de los vecinos afectados, se hizo mediante el uso sistemático de grupos armados ─los que se presume podría pertenecer al cartel de Los Zetas─, quienes amenazaron en forma directa a los colectores de firmas, obligándoles a salir de la zona con todo y familias.
…Y también por toda la riqueza
De acuerdo a la página oficial de la minera Panamerican Silver, en la comunidad en conflicto “ya se ha alcanzado la capacidad máxima de la mina La Colorada, en su configuración actual, por lo que en diciembre del 2013 se aprobó un Proyecto de expansión”. Y es a causa de esa expansión que hoy se busca apropiarse de los predios habitados.
“La expansión de la mina ─sigue la versión oficial de Panamerican Silver─ incluye la construcción de un nuevo pique (perforación) de 600 metros de profundidad, para abrir nuevas áreas de producción que alimenten una producción (extracción) de mil 800 toneladas de mineral por día”, en donde se proyectan procesamiento de alto rendimiento para la obtención de oro, plata, plomo y zinc.
Además, de acuerdo al proyecto oficial de expansión, se pretende la instalación de una nueva línea de electricidad que conecte a la red nacional, y que servirá de suministro a las necesidades energética de otras minas que opera dentro de la zona la propia Panamerican Silver, entre ellas las minas La Candelaria y la Estrella.
Con el uso del suelo de la comunidad de La Colorada, se espera aumentar “progresivamente” la capacidad de procesamiento de minerales de la Mina La Colorada, esperando pasar de “mil 330 toneladas por día alcanzadas en el 2015, y las mil 500 toneladas por día logradas en septiembre del 2016, a mil 800 toneladas por día a finales del 2023”, con lo que esta sería una de las minas más productivas de plata en el país.
Por eso, el desplazamiento poblacional de La Colorada es vital, pues el proyecto de explotación que estaba programado para concluir en el 2017, luego de encontrar nuevas vetas de minerales, se ha ampliado hasta el año 2026, para la que se contempla una inversión de por lo menos 163 millones de dólares, lo que se reflejará en utilidades rentables de 38.6 millones de dólares por año, para concluir con una utilidad de 213.6 millones de dólares, al final de la vida útil de la mina.
Pueblo en pie de lucha
No vamos a ceder, dijo el abogado Alfonso Guerrero; “esto es una lucha por la defensa de la tierra y por la existencia de todo un pueblo”, por esa razón asegura que se habrán de agotar todas las instancias legales, tanto en el estado como en la federación, a fin de que la autoridad intervenga “y ponga freno a la expansión de la minera”.
Recordó que es inaceptable la propuesta que a la fuerza se le ha hecho a toda la población de La Colorada, al ser desplazada a una colonia que no cuenta con los servicios y las condiciones para vivir en forma digna, “donde se espera una intervención también digna por parte de las autoridades frente a este tipo de amenazas, que ya son conocidas muy bien Zacatecas”.
Como parte de las acciones legales que realiza el pueblo de La Colorada, un grupo de abogados encabezados por Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, ya gestionan una mesa de dialogo con el gobierno estatal y representantes del congreso local.
Los abogados buscan llamar a cuentas a los directivos de la minera Panamerican Silver, no solo para que expliquen el desplazamiento que han ordenado, sino para que retrocedan en sus intenciones de expansión de la mina, que estaría pasando sobre los intereses de la comunidad.
La molestia de los pobladores de La Colorada, no solo es por la forma forzada en que se les obligó a mudarse a una colonia construida por la minera, donde las casas están construidas de lámina, sino porque el contrato de comodato para la ocupación de esas viviendas, vence seis meses después de la ocupación, fecha a partir de la cual podrán ser expulsado legalmente, sin lugar de reubicación.
