La crisis de agua, un efecto de la corrupción oficial
El paquete de obras hidráulicas que se ha promovido por parte del gobierno federal, con una inversión de mas de 91 mil millones de pesos, que pretenden el suministro de agua en las zonas norte y occidente del país, como la Presa El Zapotillo o El Acueducto Picachos-Concordia, entre otros, son en realidad obras de continuidad de pasadas administraciones federales
Por. J. Jesús Lemus
El presidente López Obrador ha dicho públicamente que no hay crisis de agua a nivel nacional, menos en la capital del País. Ha acusado que la exposición de ese tema tan sensible, el de la falta de agua y falta de obras hidráulicas y de alcantarillado, solo se trata de una estrategia de sus opositores, “valiéndose de los medios de manipulación”, para descreditar el trabajo de su gobierno.
Pero la realidad salta a la vista. Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, si hay algo que ha brillado por su ausencia, es justamente la ejecución de obras publicas destinadas al suministro de agua potable y recolección y saneamiento de las aguas residuales.
El paquete de obras hidráulicas que se ha promovido por parte del gobierno federal, con una inversión de mas de 91 mil millones de pesos, que pretenden el suministro de agua en las zonas norte y occidente del país, como la Presa El Zapotillo o El Acueducto Picachos-Concordia, entre otros, son en realidad obras de continuidad de pasadas administraciones federales.
No sobra decir que justamente la falta de obras para el saneamiento de las aguas residuales municipales, las llamadas plantas tratadoras ─que deberían estar operando en cada uno de los 2 mil 469 municipios─ vienen a agravar la falta de agua, al no permitir que el agua de uso domestico sea saneada y reutilizada en otras actividades, como la agricultura o la planta industrial.
Evidentemente la falta de obras en materia de plantas de tratamiento en los municipios es un tema que tiene que ver con la corrupción. Los fondos para el saneamiento de agua no han dejado de fluir desde el presupuesto federal para cada una de las localidades del país, pero el dinero es absorbido por la reinante corrupción en los municipios.
Solo para este 2024, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha destinado un presupuesto de 10 mil 791 millones de pesos que, si fueran distribuidos equitativamente entre los gobiernos municipales, a cada gobierno local tocaría de 4.3 millones de pesos, cantidad suficiente para la construcción de una planta de tratamiento por cada uno de los municipios.
A parte de la corrupción, hay otro factor por el que la crisis hídrica, en materia de suministro de agua potable y un adecuado sistema de alcantarillado en cada uno de los municipios, se ha venido agudizando, aun cuando el presidente lo niegue, porque sus “otros datos” no concuerdan con la realidad: no se está invirtiendo en obras de agua porque esas acciones no son rentables en el ánimo del electorado.
Obras desdeñadas
La obra pública hidráulica, la que tiene que ver con el alcantarillado y el suministro de agua potable, pese a que es de vital importancia para el desarrollo social y urbano de las comunidades, es la más desdeñada por los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, simplemente porque son las obras que menos se ven, y en consecuencia las que menos reditúan electoralmente.
E lo que va de este año, ninguna instancia de gobierno, sea federal, estatal o municipal, manifiestan algún tipo de interés por solventar los rezagos que en materia hidráulica registran los 2 mil 469 municipios de todo el país, en donde ─según lo revelan las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval)─ por lo menos 30 de cada 100 mexicanos carecen del servicio de alcantarillado y casi 25 de cada cien personas no cuentan con agua potable.
La decisión de dejar en el abandono las obras hidráulicas, solo porque estas son las que menos impacto político-electoral reditúan a los funcionarios de gobierno, ya es una tradición en México; al menos desde la administración de Vicente Fox y hasta lo que va del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el presupuesto destinado a programas de alcantarillado, tratamiento de aguas y suministro de agua potable, ha sufrido una reducción constante.
En el año 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, el presupuesto nacional destinado a los trabajos de alcantarillado, tratamientos de aguas y suministro de agua potable, fue 64 mil millones de pesos. Esta cifra se vio reducida en el 2004 para ubicarla en 60 mil millones de pesos. Después en el 2006, ya en el gobierno de Felipe Calderón, el presupuesto para obras hidráulicas bajó a 59 mil millones de pesos. Al término de esa administración, en el 2012, se contaba con un presupuesto de solo 58 mil millones de pesos.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el 2013, se inició con un presupuesto para trabajos hidráulicos, por el orden de los 62 mil millones de pesos, el que se fue reduciendo gradualmente cada año hasta llegar al 2018 con un presupuesto de solo 57 mil millones de pesos.
Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2019, se contó con un presupuesto para obras de alcantarillado, saneamiento y suministro de agua potable, de 57 mil millones de pesos. Para el 2021, ese presupuesto cayó a solo 52 mil millones de pesos. En el 2024, el presupuesto en este mismo renglón es de 62 mil 600 millones de pesos, pero la mayoría de este gasto se aplica en el pago del servicio burocrático.
Es decir, contrario a las necesidades de la población, en términos reales ─sin importar la ideología política de la administración federal en turno─ desde el año 2000 al año 2021 el presupuesto destinado para obras hidráulicas ha sufrido una reducción del 18.7 por ciento, mismo periodo en el que la demanda de servicios de alcantarillado, saneamiento y suministro de agua potable ha crecido en más de un 39 por ciento.
Sequía, inundaciones… y endeudamiento
La falta de un presupuesto acorde a las necesidades que manifiestan cada uno de los municipios del país, es lo que ha hecho que durante lo que va del presente año por lo menos el 45 por ciento de la población mexicana se vea afectada por la sequía, mientras que en el periodo de lluvias por lo menos el 38 por ciento de los mexicanos sufran por las inundaciones.
No solo eso. También la falta de presupuesto para atender el suministro de agua potable y la rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, es la principal razón por la que los gobiernos municipales recurren al endeudamiento, lo que ha hecho que al día de hoy no exista un solo gobierno municipal que no esté endeudado a causa de obras hidráulicas.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del primero trimestre del 2024, la suma de la deuda de los 2 mil 469 municipios era de más de 56 mil millones de dólares, donde por lo menos unos 791 mil millones de pesos fueron contratados para ser aplicados en obras hidráulicas.
La deuda que por obras hidráulicas han adquirido todos los gobiernos municipales de México, ha sido contratada principalmente con la banca comercial, en donde el servicio de la deuda (intereses) compromete por lo menos entre el 17 y el 35 por ciento del presupuesto total anual de cada entidad de gobierno local.
Otros organismos financieros con los que la mayoría de los gobiernos municipales están comprometidos, mediante la adquisición de deuda pública para ejercer obras hidráulicas, son el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de Banobras y la propia Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través del fondo de emisión de deuda.
Pero lo más grave no es tanto el endeudamiento, sino la falta de regulación de los fondos contratados para aplicarlos en obras, en donde al no existir reglas transparentes para la inversión en infraestructura de alcantarillado, saneamiento o suministro de agua potable, muchas veces la deuda contratada no se aplica a dichas obras.
La falta de regulación y manejo transparente de la deuda municipal es lo que hace que muchas veces, los fondos contratados para obras hidráulicas, más bien sean utilizados en otros ejercicios, como es el pago de nómina o en otras áreas de equipamiento urbano que son más visibles, y más rentables políticamente, como alumbrado, pavimentación o construcción de espacios deportivos.
De acuerdo a las estadísticas del Coneval, hoy son por lo menos 560 municipios los que se encuentran en condiciones muy graves por falta de suministro de agua, en donde las deudas contratadas localmente no han subsanado la necesidad de ampliar la red de agua potable. Otros 283 se encuentran en condiciones de graves a moderadas de escasez de agua, mientras mil 623 municipios están considerados dentro de los parámetros normales de escasez de agua.
Por lo que hace a las inundaciones, según lo refiere la Coordinación Nacional de Protección Civil, a causa de la falta de infraestructura de alcantarillado, por lo menos 738 municipios se encuentran en condiciones de muy alto riesgo para el presente periodo de lluvias, otros 339 municipios se encuentran clasificados como zonas riesgo alto, en tanto que los otros mil 291 municipios registran un riesgo de moderado a escaso.
