La DEA hace tarea de FGR; ubica a narcos y carteles que el gobierno mexicano no ve
Mientras que para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno federal, las organizaciones de Los Laredo, Los Calabazos, Los Cuinis y los Meza Flores son solo bandas criminales, sin complejidad logística ni de recursos, para el gobierno de Estados Unidos esos grupos criminales son ubicados al nivel de carteles de las drogas, con un potencial de crecimiento que puede trastocar la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de México
En nuestro país existen a la fecha al menos cuatro organizaciones criminales que el gobierno mexicano no ha querido dimensionar a nivel de carteles, lo que les ha permitido a esas organizaciones operar con una discrecionalidad que raya en la impunidad, al no existir una formal persecución contra ellas pese a su notable participación en el clima de violencia.
Mientras que para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno federal, las organizaciones de Los Laredo, Los Calabazos, Los Cuinis y los Meza Flores son solo bandas criminales, sin complejidad logística ni de recursos, para el gobierno de Estados Unidos esos grupos criminales son ubicados al nivel de carteles de las drogas, con un potencial de crecimiento que puede trastocar la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de México.
De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cuatro carteles de las drogas referidos ─que no aparecen como tales en el mapa de persecuciones del gobierno mexicano─, son en gran medida responsables de la ola de violencia que se vive en el país desde el 2018 a la fecha, al ser organizaciones casi discretas que disputan el territorio para el trasiego de drogas a los carteles formalmente reconocidos por el gobierno mexicano.
El Departamento del tesoro de Estados Unidos advirtió al gobierno mexicano de la escalada en la organización criminal de estos cuatro grupos desde el 2018, pero el gobierno del presidente López Obrador decidió no hacer caso a la advertencia y permitió que estas organizaciones criminales siguieran operando con discrecionalidad, casi desde el anonimato, en el trasiego de drogas y el lavado de dinero.
El señalamiento de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtió sobre la operatividad de estos nuevos carteles en México, en donde llama la atención el Cartel de Los Laredo, el que ─a decir de la autoridad norteamericana─ “podría estar asumiendo el control de algunos grupos que fueron parte de los carteles Del Golfo y Los Zetas”.
Ni vistos ni oídos
Hasta antes de la exposición pública, sobre la existencia del cartel de Los Laredo, en ninguna instancia del gobierno mexicano se había hablado de esa organización criminal, ni siquiera esa agrupación era reconocida como célula delincuencial que comenzó a crecer en los estados de Guerrero y Michoacán, en donde mantiene, al día de hoy, algunas células de operaciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, antes de señalar la existencia del cartel de Los Laredo, también ya se había adelantado al gobierno mexicano denunciando la operatividad de los cárteles de Los Calabazos en los estados de Guerrero, Morelos y Sonora; Los Meza Flores en los estados de Sonora y Sinaloa, y Los Cuinis en Michoacán y Jalisco.
Los cuatro carteles señalados desde el gobierno de Estados Unidos cobran importancia en el mapa criminal mexicano, no por la forma en que por años pudieron mantenerse lejos de la persecución oficial, sino por los montos de droga que han podido trasegar hacia Estados Unidos desde Colombia pasado por México, y la red establecida para el blanqueado de dinero.
El cartel de Los Cuinis, por ejemplo, pese a que hasta el 2017 no existían para el gobierno mexicano, fue reconocido por la DEA como “el cartel más rico del mundo”, esto luego de los trabajos de investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ubicaron propiedades, cuentas bancarias y “negocios” asociados a los de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Para el gobierno mexicano tampoco existía en su mapeo criminal Abigaél González Valencia, el que era el jefe del Cartel de Los Cuinis; cuando se dio su detención, no pasó de ser clasificado como un narcotraficante local de Puerto Vallarta, Jalisco, pero la DEA desmintió la posición al referirse a González Valencia como “el narco más rico del mundo”, por encima incluso del propio Chapo Guzmán.
Lo mismo sucedió tras la ubicación, por parte del gobierno de Estados Unidos, y detención por cuenta de las fuerzas federales mexicanas, de Fausto Isidro Meza Flores; este narcotraficante era considerado por el gobierno de México dentro de la escala de subordinados del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, pero los datos aportados por el Departamento el Tesoro de Estados Unidos, dejaron al descubierto otra realidad.
Se encontró que Meza Flores mantiene en operación su propio cartel de las drogas. Luego de haberse iniciado como parte del cartel de Sinaloa decidió independizarse y pudo hacer negocios con otros carteles, como el de Los Arellano Félix y el de los Hermanos Beltrán Leyva, alcanzado su autonomía financiera. Desde el anonimato pudo mantener en operación los grupos de Los Mazatlecos y La Oficina.
Las dos agrupaciones de Meza Flores, que ─de acuerdo al Departamento del Tesoro─ blanquean millones de dólares al año mediante una red de empresas formalmente establecidas, estuvieron activas sin ser ubicadas por casi 10 años. Para el gobierno mexicano, Fausto Isidro Meza Flores era un delincuente de poca monta.
Hasta antes de que el gobierno norteamericano incluyera en su lista de grupos delictivos peligrosos al cartel de Los Güeros o Los Calabazos, esa organización criminal tampoco existía para el gobierno mexicano. A lo más se trataba de una célula al servicio del cartel de Sinaloa, pero sin reconocimiento oficial de una estructura bien organizada de lavado de dinero.
Los puntos sobre las íes
Fue del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que alertó de la importancia criminal del grupo encabezado por los hermanos Luis, Esteban, Daniel y Miguel Rodríguez Olivera, a los que se les identificó, no solo con la capacidad para el trasiego de drogas hacia la Unión Americana sino con una estructura bien organizada, mediante una red de empresas legalmente establecidas, para posibilitar el blanqueo de las utilidades del narcotráfico.
La designación como cartel de las drogas en México, del grupo de Los Laredo, ha puesto de nueva cuenta en evidencia al sistema de inteligencia mexicano. De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agrupación criminal de los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, tiene la capacidad de lavar millones de dólares al año, que les reditúa el tráfico de heroína.
Hasta hace poco el Cartel de Los Laredo no existía en el mapa del gobierno mexicano, pese a que ─según lo dicho por el gobierno de Estados Unidos─ desde el año 2008, el cártel de los Laredo ha estado relacionado en la fabricación, importación y distribución de heroína, pudiendo acceder a dinero limpio para refinanciar sus actividades.
¿Quiénes son Los Laredo?
El más reciente cartel discreto puesto a la luz pública por el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera era conocido como tal en los estados de Michoacán y Guerrero. Los nombres de los mencionados como jefes de esa estructura criminal no cuentan con averiguaciones previas en las procuradurías de justicia de Michoacán o Guerrero.
Los nombres de los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo Donjuan son reconocidos por algunos grupos de autodefensa en Michoacán, pero se les relaciona como ex socios del cartel de los Caballeros Templarios y con vínculos con algunos integrantes de los grupos de autodefensa, principalmente de los que formaron parte del grupo de Luis Antonio Torres, “El Americano”.
A Job Laredo Donjuan se le menciona como el autor de la iniciativa para lograr la unificación en Michoacán de los carteles del Golfo y La Familia Michoacana. Fue el promotor de la reunión de jefes del narco celebrada en diciembre del 2016 en la comunidad de Úspero, en el municipio de Parácuaro, donde fue asesinado Carlos Rosales Mendoza, “El Carlitos”, fundador del cartel de La Familia Michoacana.
El mismo grupo de Los Laredo también fue el responsable de las negociaciones entabladas con el cartel de los Zetas, iniciadas para que se unieran al nuevo cartel que se pretendía integrar desde los primeros días de este año, pero las negociaciones no se concretaron a causa de la muerte de Carlos Rosales, quien era su emisario.
Los hermanos Laredo San Juan se iniciaron en el negocio del narcotráfico hacia el año 2005, dentro de la estructura criminal de Gregorio Sauceda, quien se quedó a cargo del grupo de Los Zetas y del Golfo cuando Carlos Rosales Mendoza fue detenido y enviado a la prisión federal de Puente Grande, en Jalisco, justo cuando intentaba hacer el asalto a la cárcel federal de Almoloya para liberar a su compadre Osiél Cárdenas Guillén.
En algún momento de su actividad criminal, los Laredo Sanjuan fueron también socios de Nacho Coronel, Los Cuinis y de Nemesio Oseguera Cervantes, de los que se distanciaron tras la muerte de Carlos Rosales, estableciendo una guerra a muerte entre su grupo y los que luego serían los fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Actualmente Los Laredo Donjuan financian a algunos grupos de autodefensa, a los que se identifica con una “X” en las portezuelas de sus camionetas. Esos mismos grupos de autodefensas ─dijo una fuente del movimiento─ son los que reciben también instrucciones de algunos jefes del cartel de los Caballeros Templarios.
Pero no solo carteles completos han estado fuera del radar del gobierno mexicano, también otros narcotraficantes ─que en lo particular actúan con sus propias células criminales─ han sido clasificados como “los más buscados por la DEA”, mientras que en México ni siquiera se les ubica en las listas de “objetivos nacionales” de la Fiscalía General de la República.
La DEA sigue insistiendo en la búsqueda del narcotraficantes como Alejandro Chavarría Gallegos, Gionavi Ruanova Gayoso e Ismael Ríos Gallegos, de los que se asegura mantienen un alto nivel de operatividad en el campo del narcotráfico en suelo mexicano, pero esos delincuentes no están considerados como “objetivos nacionales” por el gobierno mexicano.
A Ismael Ríos Gallegos, de acuerdo a la página oficial de la DEA, que se le clasifica con el número de ficha W574447686, se le busca por violación a los códigos 841 y 846 referentes a la posesión con la intención de distribuir metanfetaminas. Su área de operatividad se ubica en la ciudad de Tijuana, Baja california.
Al narcotraficante Giovani Ruanova Gayoso, con ficha de búsqueda W787956346, la DEA lo reclama por violación a la Ley Federal de Drogas, en la modalidad de conspiración con la intención de distribuir enervantes en suelo norteamericano. A Ruanova Gayoso se le asocia con las actividades del cartel de Tijuana y se le ubica en la frontera de Tamaulipas con Texas.
Igualmente, a Alejandro Chavarría Gallegos ─clasificado con la ficha número W995597357─ la DEA lo busca por violación a los códigos 846 y 1956, referentes a su intención de distribuir cocaína y llevar a cabo transacciones financieras de lavado de dinero que afectan el comercio interestatal y extranjero.
Para el gobierno mexicano, de acuerdo a la información pública existente de la FGR, esos tres narcotraficantes no existen en su programa de combate al narcotráfico, pese a ser considerados en Estados Unidos como peligrosos y con una intensa actividad criminal en el campo del narcotráfico.
