Sheinbaum coquetea con Mineros, ven nueva Ley Minera que permita mayor voracidad
Las reformas a la Ley Minera que entraron en vigor hace un año, el 8 de mayo del 2023, también plantean la obligación de reducir los permisos de explotación, dejándolos en tres fases: los mineros tendrán derecho a un primer permiso de explotación de 30 años. Al término de ese periodo se podrá aspirar a un segundo periodo de 25 años de explotación, y finalmente se podrá tener un último periodo de explotación de otros 25 años
Por. J. Jesús Lemus
Por lo menos tres reuniones discretas o secretas ha sostenido la candidata Claudia Sheinbaum con representantes de la Industria Minera trasnacional en México. Las reuniones que se han sostenido, por lo menos una cada semana en los últimos 22 días, tienen como objetivo llegar a un acuerdo para impulsar una nueva Ley Minera, en caso de que la candidata de Morena sea la ganadora del próximo proceso electoral.
La postura de los representantes del sector minero es clara: se niegan a acatar las nuevas disposiciones establecidas en la Ley Minera que fue reformada a propuesta del presidente López Obrador, en donde se establece que las concesiones mineras inactivas podrán ser requisadas por el Estado mexicano.
Las reformas a la Ley Minera que entraron en vigor hace un año, el 8 de mayo del 2023, también plantean la obligación de reducir los permisos de explotación, dejándolos en tres fases: los mineros tendrán derecho a un primer permiso de explotación de 30 años. Al término de ese periodo se podrá aspirar a un segundo periodo de 25 años de explotación, y finalmente se podrá tener un último periodo de explotación de otros 25 años.
Es decir, los permisos mineros que antes eran de 100 años, ahora se han reducido a 80 años, lo que aun todavía es visto por los representantes de la industria minera como una situación que no acepta y que pretenden cambiarla en una negociación con la candidata del gobernante Partido Morena.
Claudia Sheinbaum no ha dicho que sí a la propuesta del sector minero de una nueva ley, durante el gobierno que ella podría encabezar, pero la candidata tampoco se ha negado al diálogo que inició a propuesta e iniciativa de los empresarios y representantes del sector minero, los que también han metido el tema del Litio en la agenda de negociaciones que han iniciado con la candidata.
Hay que recordar que dentro del discurso político de la candidata oficialista, no se ha escuchado ─ni por equivoco─ ningún planteamiento que tenga que ver con la industria extractiva que opera en el país, la que no fue tocada por la administración del presidente López Obrador, pese a que ese fue uno de sus ejemplos favoritos, para explicarle a la gente como se hicieron negocios en el pasado.
Así comenzó la entrega del territorio
La entrega del territorio nacional, mediante permisos y concesiones de explotación minera, que se viene padeciendo en México desde hace más de 30 años, así comenzó, mediante inocentes reuniones de acuerdos secretos que establecieron en su momento los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
Pero la entrega del territorio por parte de los últimos presidentes a favor de la industria minera nunca queda solo en la explotación del suelo en forma voraz, ventajosa y criminal. Esa entrega es la que ha motivado el proceso de descomposición social que se vive en todo el país, donde el narcotráfico es el menor de los problemas si se compara con los otros conflictos sociales que acarrea la operación de las empresas mineras en el país.
A diferencia del narcotráfico ─que en teoría está organizado por delincuentes impulsivos y analfabetas, cuyo propósito es la violencia per se─, el sector minero resulta más perverso y peligroso al ser dirigido por sesudos “hombres de negocios”, con un poder ilimitado para corromper, donde el deseo es el saqueo completo de los recursos a costa de lo que sea.
Resulta más perversa la minería que el tráfico ilegal de narcóticos, porque el poder de visión del narcotráfico alcanza apenas para buscar el control de las fuerzas policiales del entorno local; el de los dueños de las mineras va más allá: ha alcanzado a secretarios de Estado y gobernadores, incluidos algunos jefes del Ejecutivo federal.
El caso más evidente es el del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el más firme impulsor de la entrega de concesiones mineras para las trasnacionales, principalmente de origen estadounidense y canadiense. Calderón benefició a estas empresas con más de 17 mil 670 concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.
En la administración de Enrique Peña Nieto, el número de permisos entregados a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos a favor de empresas de capital canadiense, las que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo sino que también generan conflictos sociales entre las comunidades que se oponen a su operación.
Las concesiones de minas que ha entregado el gobierno federal en los últimos, sumadas a las que se dieron en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora están protegidas hasta durante 100 años, de acuerdo con lo que señala la Reforma Energética, y han permitido que en nuestro país se asienten 267 empresas mineras trasnacionales, a las que les pertenece la propiedad de todos los metales preciosos e industriales que puedan extraer.
La ambición, el motor de las políticas públicas
La ambición por el saqueo completo de los recursos del subsuelo ha hecho que las políticas públicas de explotación de los recursos naturales en México sean cada vez más distantes de las necesidades de la población; de lo contrario, no irían al alza los conflictos comunales en torno a las minas que operan en el país.
Al cierre de 2023, el número de conflictos suscitados en torno a las minas ya llegaba a mil 497, de los que 70% obedecía a despojo del suelo, 12% eran por la disputa del agua, 10% fueron ocasionados por contaminación, 5% por presencia de grupos armados, 1% por pago de regalías, 1% por deforestación y el otro 1%, por conflictos laborales.
Resulta una falacia lo que presume con insistencia el gobierno federal: que es uno de los mayores productores mundiales de metales preciosos e industriales; en realidad, la propiedad de esos recursos es única y exclusiva de las empresas mineras trasnacionales.
Lo que no resulta falso, y que el gobierno federal mexicano se niega a reconocer y ni siquiera permite que se mencione en los medios de comunicación, es la estela de muerte, devastación y violencia que deja la minería en México, responsable directa de por lo menos 276 ejecuciones, 126 desapariciones forzadas y más de 11 mil desplazados, de periodistas, defensores de la tierra y hasta buscadoras de desaparecidos.
La estela de violencia y agresión que ha dejado la mayoría de las empresas mineras asentadas en nuestro país ha sido posible a partir de una siniestra alianza entre éstas y grupos del crimen organizado, que se han convertido en el brazo ejecutor de la política oscura de protección a los intereses mineros.
En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país las mineras han pactado alianzas con los cárteles de Sinaloa, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva, la Línea, los Zetas y del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas.
En los estados del sur, este y occidente del país ─Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima─ las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, a las que financian para resguardar sus intereses, y también para que vigilen, como guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del Estado.
El ejemplo claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras, donde se suma la omisión del Estado, es el estado de Guerrero, donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado “Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense Goldcorp, la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí mismo se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, que sin empacho y viendo sólo por sus intereses, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, que pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata.
Es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en Michoacán, donde se ha optado por la integración de grupos de civiles armados, que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado y los cárteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras asentadas en el país, no queda a salvo ninguna: todas tienen en mayor o menor medida una relación de negocios con los cárteles, que han transitado silenciosamente del trasiego de drogas al nada despreciable ─en términos económicos─ negocio de la minería.
La transición de los cárteles hacia el negocio de la minería es entendible por una sola razón: es menos riesgosa y más rentable la extracción y comercialización de minerales que el desgastado negocio del tráfico de drogas. En los retenes que establecen los cuerpos federales de seguridad por todo el país jamás se ha sabido de la detención de camiones cargados con minerales, aun cuando estos van resguardados por hombres armados.
