Prófugo de la Justicia, Ricardo Anaya regresa a México premiado con una Senaduría.

Sin importar por quién vote usted, ya es seguro que los partidos políticos mandaran a sus rancios y corruptos cuadros políticos a decirse representantes de la sociedad, durante el próximo sexenio. Aun no llegamos al día de las elecciones y ya están asegurados en el Senado de la República 32 políticos muy cuestionados. La lista es larga, aquí vamos a ir exponiendo a cada uno de esos que vivirán del erario diciendo que representa a la sociedad, cuando lo único que buscan es su propio beneficio.

El caso icónico es el de Ricardo Anaya Cortés, quien pese a ser buscado por la autoridad, para que responda a diversos cargos de corrupción, será Senador por el PAN, con lo que obtendrá fuero constitucional para que durante los próximos seis años no lo moleste la Fiscalía General de la Republica (FGR)

El ex candidato presidencial y ex legislador del PAN Ricardo Anaya Cortés, es considerado un prófugo de la justicia: tras su salida del país ha incumplido con una orden de presentación que le giró la Fiscalía General de la República (FGR), para que se presentara ante un juzgado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México a fin de responder por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se le imputan.

Ricardo Anaya puede que no sea el único ex legislador que sea requerido por la FGR; la red de corrupción que se ha destapado apunta entorno a la aprobación de la Reforma Energética, apunta a por lo menos otros siete ex diputados y ex senadores que formaron parte de una red de corrupción al interior del Congreso Federal.

Ricardo Anaya, según lo expresado por él mismo a través de su cuenta de Twitter, anunció que abandonaría el país, en calidad de perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de quererlo meter a la cárcel a costa de lo que sea, solo porque le estorba ―dijo― a los planes de la sucesión presidencial del 2024.

El mismo presidente López Obrador, en conferencias mañaneras, se ha desmarcado de tal acusación, refiriendo que él no tiene nada que ver en la orden de presentación que le ha girado un juez del Poder Judicial de la Federación, agregando que las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito provienen ―incluso― de miembros del mismo Partido Acción Nacional, en donde milita Ricardo Anaya Cortés.

López Obrador yendo más allá, asegura que en su ánimo, donde la venganza no es su fuerte, solo está la disposición de garantizar el cumplimiento de las leyes, y que en el caso de Ricardo Anaya, quien ha instrumentado las acusaciones en su contra es la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, una instancia totalmente autónoma de la presidencia de la Republica.

A Ricardo Anaya se le reclama ante un juzgado federal para que responda por la denuncia penal interpuesta en el 2018 por parte de su ex compañero de partido, Ernesto Cordero Arrollo, quien lo señala de haber utilizado tráfico de influencias y haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita para obtener ingresos por más de 155 millones de pesos.

A esta denuncia del 2018 se suman las acusaciones hechas por el ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra en reclusión domiciliaria por el delito de corrupción y quien aseguró en una declaración ministerial del 2020, que Ricardo Anaya formó parte de una red de corrupción al interior del Congreso Federal, para posibilitar la aprobación de la llamada Reforma Energética.

La Reforma Energética, instaurada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es una serie de reformas a la Constitución y la instalación de leyes secundarias, mediante las cuales se permitió legalmente que los recursos energéticos de México, principalmente petróleo, gas y yacimientos mineros, pasaran a manos de empresas privadas.

Para esto, Ricardo Anaya ―según el decir de Emilio Lozoya Austin― contó con un fondo millonario con el cual se sobornó a legisladores del PAN, para que se aprobara la Reforma Energética, favoreciendo a grandes empresas trasnacionales, principalmente al consorcio brasileño Odebrecht, el que también aportó fondos ilegales para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El proceso de corrupción que encabezó Ricardo Anaya al interior de la Cámara de Federal de Diputados es equiparable a la corrupción que propició el entonces secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se coludió con miembros del crimen organizado para permitir el libre trasiego de drogas desde México a Estados Unidos. Esto último evidenciado por la DEA.

Según las investigaciones de la FGR, Ricardo Anaya Cortés, fue cabeza de una red de corrupción que en el 2013 se instaló dentro de la Cámara de Diputados, la que operó con dinero aportado por Emilio Lozoya Austin, para que se autorizara la Reforma Energética y con ello se legalizara el saqueo de los recursos naturales del país.

En su declaración del 11 de agosto de 2020, rendida ante la FGR, Emilio Lozoya señaló que por instrucción de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray se destinaron “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios” para que aprobaran la Reforma Energética.

Emilio Lozoya cuantificó esas “importantes sumas” en por lo menos 80 millones de pesos, que recibieron directamente los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el diputado Ricardo Anaya Cortés, los que a su vez distribuyeron los sobornos entre los miembros de la bancada panista.

Los sobornos para aprobar la Reforma Energética también alcanzaron a los legisladores del PRI, del PVEM y del Panal, y se estima —de acuerdo con una fuente de la bancada del PRD, que votó en contra de la Reforma— que los sobornos fueron por el orden de los 5 millones de pesos para cada legislador, los cuales se distribuyeron a través de sus coordinadores de bancada.

En el Senado, los sobornos a los legisladores los entregó, a la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón; a la del PAN, Ernesto Cordero Arroyo; y a la del PVEM, Jorge Emilio González Martínez. En la Cámara de Diputados, a los priistas los sobornó el líder de fracción, Manlio Fabio Beltrones; a los del PAN, los soborno Luis Alberto Villarreal García; a los del PVEM, Arturo Escobar y Vega; y a los del Partido Nueva Alianza (PANAL), Lucila Garfias Gutiérrez, según se refiere en las carpetas de investigación marcadas con los números FED/SEIDF/UNAICDMX/0000289/2019 y FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.

Como resultado de los sobornos a los legisladores de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, aprobaron la Reforma Energética: fueron 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del PVEM y diez del Panal, los diputados que sin restricción alguna y a pie juntillas siguieron la instrucción dictada por Enrique Peña y Luis Videgaray a través del titular de Pemex, Emilio Lozoya, para abobar la Reforma Energética.

En la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva en ese momento la encabezaban Raúl Cervantes Andrade (PRI), Ana Lilia Herrera (PRI), José Rosas Aispuro (PAN) y Luis Sánchez Jiménez (PRD), fueron 96 senadores, del PRI y del PAN, los que —también bajo el mandato del dinero— votaron a favor de la Reforma, mientras que otros 28, del PRD y PT, que se negaron o no les llegaron los sobornos, votaron en contra.

Pero no fueron sólo los sobornos otorgados directamente a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal lo que permitió que la Reforma Energética, al igual que todas las iniciativas de ley que envió el presidente Peña Nieto, pasara sin cuestionamientos por el Poder Legislativo. La estrategia de control a través del dinero, ideada por Luis Videgaray y ejecutada por los coordinadores de esas bancadas, también se manifestó en apoyos discrecionales a todos los legisladores, principalmente diputados, quienes, por orden presidencial, tuvieron a su alcance fondos que se utilizaron sin ninguna regulación.

Un ejemplo de ello, de los 18 rubros —por lo menos— en que los diputados del PRI que votaron a favor de la Reforma Energética, pudieron echar mano de dinero oficial sin necesidad de justificación, fue el relacionado con el “Acuerdo por el que se Autoriza el Otorgamiento de Apoyo Único para Pago a Colaboradores y Gestión Social en Oficinas de Enlace Legislativo y Atención Ciudadana”, el cual no era otra cosa que una caja chica de la que los diputados se valieron para sus gastos personales, bajo los etiquetados de “Remuneraciones Adicionales al Personal de las Casas de Enlace, No Adscritos a la Cámara de Diputados”, “Gastos de Atención Ciudadana” y “Donaciones a Instituciones o Asociaciones”.

Tan sólo en este renglón, por instrucción presidencial de Enrique Peña —a fin de mantener alineados a los diputados—, cada uno de los integrantes  de las dos legislaturas que acompañaron a Peña Nieto en su gestión federal contó con un apoyo de 150 mil pesos mensuales, los cuales, Incumpliendo con las normas de transparencia, no requirieron justificación documental para demostrar su debida aplicación.

Bastaba con que el legislador firmara de recibido y determinara a su criterio los montos aplicados a cada uno de los conceptos estipulados en dicho acuerdo. Ejemplo de ello son los informes que presentó un grupo de nueve legisladores cercanos a David López Gutiérrez, en donde no hay mayor explicación de los gastos realizados que las asignaciones hechas a cada uno de los conceptos autorizados.

En la suma de todos los renglones de gastos discrecionales, cada uno de los legisladores de la Cámara Baja contó con un apoyo de un millón 200 mil pesos. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, el despilfarro para contar con legisladores a modo que avalaran las reformas de Estado del presidente Peña Nieto también fue mayúsculo.

En el Senado, la estrategia empleada para facilitar dinero a cambio del voto tuvo una variante respecto a la aplicada en la Cámara de Diputados: aparte de los sobornos que entregaron a los senadores directamente a los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN, enviados por el presidente Peña a través de su mensajero Emilio Lozoya a los legisladores afines, se les permitió sustraer dinero de la partida destinada al área de Comunicación Social.

De este modo, los gastos cargados a los programas de difusión de los trabajos legislativos fueron la fachada para el complemento de pagos de sobornos dentro del Senado. Sólo así se entiende lo que revela el “Informe de Resultados de la Auditoría AU-15/2018”, preparado por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores y dado a conocer el 15 de noviembre de 2018:

Allí se establece que, únicamente en lo que corresponde al ejercicio de enero a junio de ese año, tras revisar 505 contratos, órdenes de servicios y órdenes de inserción firmados con diversos medios de comunicación, que tuvieron un costo de 37 millones 385 mil 516 pesos, apenas se encontró evidencia documental de la aplicación correcta de 23 millones 200 mil pesos.

Los otros 14 millones 100 mil pesos, destinados a esa partida, simplemente se desvanecieron

En esa misma auditoría de los fondos destinados a Comunicación Social del Senado, la penúltima practicada a la Legislatura que acompañó la administración de Peña Nieto, la Auditoría Interna del Senado recomendó mayores mecanismos de control para garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la publicidad y los servicios informativos del Senado, con lo que hizo patente la falta de transparencia en ese renglón, presuponiendo la forma en que la mesa directiva de la Cámara saqueó los dineros de la publicidad.

Durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado manejó un fondo para publicidad de 188 millones 594 mil 979 pesos, que fue más de dos veces superior al asignado en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se aplicaron 87 millones 569 mil 918 pesos a los gastos de publicidad de ese sector legislativo.

Conforme a las auditorías internas practicadas al Senado en el gobierno de Peña, se estima que por lo menos 30 por ciento de los recursos de gastos de publicidad ni siquiera fueron a dar a las cuentas de los medios de comunicación aliados, que aplaudían el Momento Mexicano, sino que esos fondos, más de 56 millones de pesos, se distribuyeron entre algunos senadores promotores de las reformas que impulsó el presidente de la República, con el respaldo de Ricardo Anaya.