La violencia en Zacatecas, generada por industria minera trasnacional, con aval del Estado
En los anales de la cámara federal de diputados aguarda una Iniciativa de Ley, propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), que busca la desaparición de los Poderes de Gobierno en Zacatecas, ello como resultado de la escalada de violencia que se vive en esa entidad desde el pasado diciembre del 2021, a solo unas semanas después de asumir el cargo el gobernador David Monreal Ávila
La propuesta que se mantiene a la espera de turno para ser votada, no es fortuita. Es el resultado de la molestia que a nivel social y de legisladores ha causado la ola de violencia que se observa imparable, en donde el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la plaza –unas partes del territorio estatal- de Zacatecas.
La confrontación entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación no es por mantener el control del tráfico de drogas en las principales localidades de Zacatecas, como se podría suponer. La violencia es generada a causa de la disputa de contratos de servicios de seguridad que ofrecen las compañías mineras que se ubican en esta entidad.
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La prestación de servicios de seguridad por parte de los carteles de las drogas a las empresas mineras no es una novedad. Es una actividad económica en la que han venido incursionado la mayoría de los carteles desde hace por lo menos una década, cuando las compañías trasnacionales comenzaron a pactar con las agrupaciones criminales.
El pacto entre empresas mineras y cárteles de las drogas para garantizar la seguridad de las actividades extractivas, y reducir perdidas o costos para la industria minera por robos, secuestros, cobros de piso o extorsión por parte de los cárteles, es una propuesta que a nivel mundial se contempla en los protocolos de conducta de las mineras en países violentos.
Este protocolo se viene aplicando por parte de las industrias mineras desde las primeras décadas del siglo pasado (entre 1910 a 1930), cuando el sector minero europeo, canadiense y norteamericano se enfrentó a grandes problemas de inseguridad con grupos rebeldes armados en el continente africano.
Desde entonces se recomienda, como protocolo de acción ante emergencias locales, el pago de servicios de seguridad a los grupos de civiles armados o ejércitos irregulares, como es el caso de los grupos del narcotráfico que operan en México.
El Estado cuidad intereses mineros
De todos los estados mineros del país, entre los que destacan Sonora, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, es Zacatecas el que registra mayores índices de violencia. Ello se debe a que las empresas mineras no deciden a que grupo del crimen organizado entregan su seguridad a cambio de los correspondientes pagos.
En esta entidad, a diferencia de lo que sucede en los otros estados con vocación minera, como Sonora, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, la seguridad sobre los perímetros de las empresas mineras la paga el gobierno estatal. El ejecutivo del estado de Zacatecas, a través de su Secretaría de Seguridad pública es el que negocia los contratos de seguridad cada una de las empresas mineras.
Es decir, en Zacatecas, el gobernador en turno es quien tiene la responsabilidad de pagar al crimen organizado por la seguridad de las empresas mineras, esa es una forma de alentar y fomentar la inversión extranjera directa, al menos si lo reconocen los propios empresarios mineros.
Aun cuando el esquema de comprar servicios de seguridad al crimen organizado a favor de las empresas mineras se viene aplicando en todo el territorio nacional desde hace más de 20 años, en Zacatecas el gobierno estatal asumió esa tarea desde hace tres administraciones, cuando Miguel Alonso Reyes estaba al frente del gobierno.
Fue en ese periodo cuando Miguel Alonso Reyes intentó aplicar un cobro especial a las mineras, supuestamente para resarcir el daño ambiental que algunas empresas causan, principalmente a los mantos freáticos, con su actividad extractiva.
El intento de un impuesto verde quedó solo en eso. La mayoría de los empresarios mineros reunidos con el entonces gobernador Alonso Reyes, se dijeron dispuestos a dar un pago mayor de impuestos al solicitado para el cuidado el medio ambiente, pero pidieron que dicho impuesto fuera aplicable, en su mayor parte, al pago de servicios de seguridad perimetral.
Ayuda al mejor postor
El estado de Zacatecas es una de las entidades mexicanas con más alto potencial minero. Aquí se cuenta con grandes yacimientos de oro, plata, cobre, fierro, plomo, zinc, y recientemente se han encontrado nuevos yacimientos de altas reservas de manganeso y litio.
Esa riqueza ha hecho de Zacatecas uno de los estados más intereses para las empresas mineras trasnacionales. Actualmente existes permisos mineros para explorar y hacer producir por lo menos 2 mil 700 minas de dimensiones suficientes como para hacer práctica de la minería a cielo abierto.
Las principales mineras trasnacionales asentadas en Zacatecas, por las que el gobierno estatal tiene que desembolsar un pago permanente por servicios de seguridad al narco, para que el mismo el narco no interfiera en sus actividades productivas, son Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Silver Mininig LTD, Minera Fresnillo, Panamericana S.A. de C.V., Minera Tayahua, Minera Frisco, S.A. de C.V., Capstone Gold, Minera Peñasquito S.A. de C.V., y Goldcorp/Newmont Mining Corp.
También opera Minera Real de Ángeles S.A. de C.V., Besmer S.A. de C.V., Minera Saucito, Aranzazú Holding S.A., First Majestic Silver Corp., Comsa S.A. de C.V., Resources de México S.A. de C.V., Compañía Minera TTT S.A. de C.V., Arian Silver de México S.A. de C.V., Endeavour Silver y industrial Minera México S.A. de C.V.
No se los quitan de encima
Las empresas dedicadas a la extracción se han convertido en un jugoso botín que todos los grupos del crimen organizado desean mantener bajo su dominio. Hasta antes de que el gobierno estatal asumiera en forma global la contratación de servicios de seguridad del narco para las mineras, cada empresa minera negociaba con el grupo criminal que mejor le convenía o entraba en contacto.
Así, por diversas acciones particulares de las dirigencias mineras asentadas en todo Zacatecas comenzaron a llegar a esta entidad las organizaciones criminales más violentas, todas atraídas por las jugosas ganancias que representa garantizar la seguridad a las empresas mineras.
Entre los grupos delictivos que se asentaron en Zacatecas para negociar con las mineras, destacan los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva, Familia Michoacana, Los Salazar, Cartel de Caborca, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, del Golfo, La Línea, del Noreste y Los Talibanes.
Estas organizaciones son las que se comenzaron a disputar violentamente los contratos de seguridad, los que cada una de las grandes empresas mineras trasnacionales ofertaban para garantizar que sus actividades de extracción y de manejo de minerales preciosos o industriales fueran seguros.
En la disputa por los contratos de seguridad para las mineras, en Zacatecas se comenzaron a registrar regiones, con intensa actividad minera como Fresnillo, la capital del estado, Concepción del Oro o Mazapil y Salaverna, en donde se confrontaban violentamente células de hasta seis carteles distintos.
El Estado quiere, pero no puede
Frente a esa situación de violencia fue que el gobierno estatal de Zacatecas, durante la administración de Alonso Reyes decidió asumir el control de las negociaciones para frenar la guerra de muchas bandas del narco a la vez, tomándose la determinación de entregar a un solo grupo criminal todos los contratos de seguridad minera.
Inicialmente se otorgaron a los grupos del Cártel de Sinaloa todos los servicios de seguridad minera, en donde también –en su momento- intervino la decisión del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien también recomendaba agrupaciones criminales a las que se les debería entregar la seguridad perimetral de las minas.
Antes que el general Cienfuegos interviniera en los roles de seguridad para las mineras, esa labor correspondía al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien comenzó con la tradición de otorgar contratos de seguridad a los grupos pertenecientes al Cártel de Sinaloa.
Durante la administración de los gobiernos estatales de Miguel Alonso Reyes, y posteriormente Alejandro Tello Cristerna, todos los contratos de seguridad a las mineras trasnacionales asentadas en Zacatecas fueron entregados a los grupos del Cartel de Sinaloa.
Se sabe que el gobierno estatal de Zacatecas paga entre 20 mil y 50 mil dólares por mes a cada célula criminal que se encarga del cuidado perimetral de cada una de las minas propiedad de las trasnacionales que cuida el gobierno de Zacatecas.
El Mayo contra El Mencho
En promedio, se estima que si son 20 las principales empresas mineras trasnacionales por las que el gobierno de Zacatecas paga una cuota de protección a los grupos delictivos del crimen organizado, se calcula que el estado podría estar desembolsando mensualmente entre 400 mil y un millón de dólares por protección de la industria minera.
Solo así se entiende la violencia desatada en Zacatecas, la que no se genera a partir del tráfico de drogas, sino que es en función de la jugosa utilidad que puede dejar la prestación de servicios de seguridad perimetral para las empresas mineras, que además resulta una actividad de bajo riesgo para los mismos integrantes del crimen organizado.
A lo anterior, para entender la violencia en Zacatecas, hay que agregar que apenas se dio el arribo del gobierno de David Monreal, el gobierno estatal decidió cambiar de proveedor de seguridad a las mineras trasnacionales, dando entrada al Cártel Jalisco Nueva Generación para atender los contratos de seguridad que estaban a cargo del Cártel de Sinaloa.
