La Reforma al Poder Judicial, necesaria pero no tan urgente como para echar a perder el proceso

Sin duda hay mucho que se tiene que explicar para que se entienda la necesidad de una Reforma al Poder Judicial, que no tiene que ser necesariamente en reforma urgente, como lo ha pedido el presidente López Obrador, que quiere que antes del 30 de septiembre próximo –cuando él termina su gestión- haya sido aprobada por el Congreso Federal y la mayoría de los Congresos locales, para poder ser decretada antes de que AMLO termine su gestión.

No tiene que ser todo tan maniqueo. No tiene que ser todo blanco o negro. Se tiene que revisar a fondo la problemática que representa una reforma electoral de ese tamaño, que, si no se mide bien, puede terminar destruyendo a uno de los pilares de la república, el que en las últimas fechas, con corrupción y todo, ha significado un gran contrapeso al poder del Poder Ejecutivo.

Texto original y mas información en La Opinión de México

Si se lleva a cabo la Reforma al Poder Judicial, con le desmesura que quiere el presidente López Obrador, el primer factor de riesgo es que –bajo la visión de Reforma que solo contempla la elección de Jueces, Magistrados y Ministros- podría colarse a los cargos de impartición de la justicia algunos políticos de cualquiera de los partidos políticos, incluyendo Morena.

Necesario Jueces electos

Sin duda, sí debe haber una elección de Jueces, Magistrados y Ministros, pero no debe ser como lo ha referido el presidente López, proponiendo que los diputados, senadores, el presidente de la república y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean quienes presenten las listas de candidatos y que de allí elija la población.

Eso sería un suicidio social, tanto o peor como abrir las puertas de los juzgados y tribunales de justicia a los que tengan la posibilidad de comprar un cargo de impartidor de justicia, como aquellos representantes de los poderes facticos, que desde siempre han querido el control de la justicia, como militares, partidos políticos, grandes empresarios, grupos religiosos, incluso miembros del crimen organizado.

¿Entonces de dónde deben salir los jueces, magistrados y ministros que sean electos por voto popular? Tienen que salir de la escuela de formación judicial que opera dentro del Poder Judicial y que depende directamente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero eso solo puede pasar hasta que el Consejo de la Judicatura sea exorcizado de la corrupción que actualmente allí impera.

Solo amigos, en el cargo

La forma en que llegan los jueces y magistrados a los cargos desde donde son poco menos que semidioses, es lo más cuestionable que a simple vista se observa dentro del bodrio de corrupción en el que se encuentra inmerso el Poder Judicial de la federación.

De acuerdo a los datos emitidos en una respuesta publica por parte del Consejo de la Judicatura, de los 737 jueces de distrito que se encuentran habilitados en juzgados federales, solo 11 por ciento de ellos, un aproximado de 81 jueces, llegó a su cargo a través de un concurso de oposición.

Es decir, en pocas palabras, en contraparte resalta que 89 por ciento de los jueces de primera instancia del Poder Judicial llegaron a su cargo por sus relaciones políticas y personales. Eso quiere decir que de los 737 jueces habilitados como juzgadores de distrito, un total de 655 de ellos fueron designados directamente, la mayoría de las veces por recomendación de algún amigo o pariente con poder dentro del Consejo de la Judicatura.

El que los jueces de primera instancia del Poder Judicial sean designados en los cargos solo por sus relaciones personales y por sus capacidades, solo refiere una cosa: que las sentencias que apliquen a quienes se vean sujetos a procesos penales ante esas instancias, sufrirán el castigo de la ignorancia.

Solo hay que recordar una cosa, para ver cómo impacta la corrupción al momento de designar a jueces de primera instancia: el mayor número de deficiencias en la aplicación de la ley en las sentencias del Poder Judicial Federal provienen de los juzgados de primera instancia, donde están aquellos juzgadores que llegaron por amiguismo.

Igual pasa con los Magistrados

La corrupción en la designación de juzgadores de primera instancia no es exclusiva de ese nivel del Poder Judicial de la Federación, también en la designación de los Magistrados se registran estas faltas a la legalidad, según lo reconoce en una respuesta pública de información el propio Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo a ese órgano rector de Poder Judicial de la Federación, se estima que de los 874 funcionarios que están habilitados como tales, el 30 por ciento de ellos —es decir, 262— fue designado en forma directa por sus relaciones personales y políticas que impactaron dentro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

El 70 por ciento de todos los magistrados del Poder Judicial —esto es, un total de 611 de esos funcionarios— llegó al desempeño de juzgadores por sus propios méritos, basados en el principio de que sus capacidades fueron mejores que las de otros, lo que así pudo quedo demostrado en los concursos directos de oposición.

Solo una tapadera, los concursos de oposición

Como lo reconoce el propio orégano de control interno del Poder Judicial de la Federación, no todos los jueces y magistrados que actualmente se encuentran en funciones, resultaron idóneos a sus cargos una vez que resolvieron y pasaron un examen de concurso de oposición.

 Ahora bien, hay que señalar que el propio Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el hecho de una Juez o Magistrado haya resultado electo al cargo a través de un examen de un concurso de oposición, eso no quiere decir que los jueces sean totalmente honestos, aunque sí los hay.

Por fuentes oficiales del Poder Judicial se ha establecido que es sabido que los concursos de oposición para ocupar los cargos de Jueces y Magistrados se han corrompido en los últimos años. Para nadie dentro del Poder Judicial federal es un secreto que las respuestas a los exámenes que se presentan en los concursos de oposición para diversos cargos dentro de la carrera judicial, principalmente los que se refieren a los cargos de jueces y magistrados, siempre se proporcionan al mejor postor.

A cambio de un pago económico, o a veces hasta por favores sexuales, se pueden obtener anticipadamente las respuestas de los exámenes, por lo que cualquiera con la posibilidad económica o la destreza suficiente, puede acceder a las respuestas con la debida antelación para asegurar un cargo de juzgador federal.

El costo económico para obtener las respuestas de un examen de oposición para el cargo de juez de distrito llega a oscilar entre los 500 mil y los 700 mil pesos, dependiendo cuál sea el distrito cuya titularidad está en juego.

Por lo que hace a los exámenes para magistrados, estos llegan a tener un costo por encima de los 2 millones de pesos y a veces hasta los 5 millones de pesos, dependiendo también el tribunal del que se trate o si la plaza en juego es de un tribunal unitario o colegiado. Los juzgados y tribunales más cotizados se encuentran en los estados de Jalisco y Estado de Mexico, así como en la Ciudad de México.

Otros también mandan

Es bueno considerar que dentro del Poder Judicial de la Federación, son los Jueces y Magistrados los que oficialmente se encuentran al frente de la impartición de justicia, pero hay otros funcionarios, segundos de los Jueces y magistrados que son los verdaderos responsables de hacer la labor de juzgadores para que los Jueces y Magistrados se limiten solamente a la firma de sentencias.

Hasta el día de hoy son 28 mil 869 los funcionarios adscritos al Poder Judicial, los que por contar con decisión de mando tienen a su cargo la operación de Juzgados y Tribunales, y son los verdaderos responsables de la impartición de justicia de la que tanto se habla.

Se puede decir que la aplicación de la justicia recae en 19 mil 459 oficiales administrativos, de los que 12 mil 086 son mujeres y 7 mil 373 son hombres; 4 mil 372 secretarios de tribunal, de los que mil 981 son mujeres y 2 mil 391 son hombres; 3 mil 583 secretarios de juzgado, de los que mil 478 son mujeres y 2 mil 105 son hombres; 841 magistrados de circuito, de los que 157 son mujeres y 684 son hombres, además de 614 jueces, de los que 157 son mujeres y 457 son hombres. Ellos son los verdaderos impartidores de justicia.

Si los arriba mencionados les sumamos los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los seis Ministros del Consejo de la Judicatura Federal, y los siete Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en total son 9 mil 434 funcionarios los que verdaderamente tienen poder de impartición de justicia.

Con base en lo anterior es menester señalar que no todos los que laboran dentro del Poder Judicial de la Federación se dedican a administrar la justicia. Por ello, resulta injusto cuando se generaliza la corrupción dentro de todo el Poder Judicial.

Solo hay que resaltar que dentro del Poder Judicial de la Federación, aunque nadie hasta hoy lo ha referido, trabajan, en tareas ajenas a la supuesta impartición de justicia, haciendo operativo todo el aparato de gobierno judicial, un total de 36 mil 856 personas.

Es decir que, aun cuando el Poder Judicial se identifica popularmente por ser el área de gobierno en donde se imparte justicia y se le tacha de corrupción a todo el que allí labora, solo hay que recordar que solo uno de cada cinco personas –un 20 por ciento- de los que ahí trabajan son los que están relacionados con la tarea real de aplicar justicia.