El caso del Goyo Jiménez, un periodista revictimizado por el Estado

Gregorio Jiménez de la Cruz, fue secuestrado en el interior de su domicilio, en la comunidad de Villa Allende, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Eran las siete de la mañana del 5 de febrero del 2014 cuando un grupo armado, integrado por cinco hombres, llegó por él. A trompicones lo subieron a la camioneta Honda, tipo CRV, color gris, de vidrios polarizados, en la que llegaron sus captores.

Lo habían estado vigilado, para llevárselo luego que llegara de dejar a dos de sus hijas en la escuela. Por eso, apenas estacionó su auto Chevy, tipo Monza, sus asesinos fueron por él.

Su esposa y sus otras dos hijas que estaban en la casa, nada pudieron hacer, solo mirar la terrorífica escena, después de la cual solicitaron la ayuda a la policía local, la que tardó en reaccionar por lo menos dos horas, dando tiempo a que se desvaneciera cualquier posibilidad de pista para encontrar con vida al periodista.

El cuerpo de Gregorio Jiménez fue localizado seis días después, el 11 de febrero, en una fosa clandestina, ubicadas en la colonia J. Mario Rosado del municipio de Las Choapas, a 58 kilómetros de distancia de su domicilio. Su cuerpo estaba sepultado junto con el de otras dos personas, el del líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ernesto Ruiz Guillén, alias “El Cometierra”, y el del taxista José Huerta Lara, apodado “El Bembas”, cuyas desapariciones fueron atribuidas a una célula del cártel de Los Zetas y fueron informadas públicamente días antes de su secuestro por el propio Gregorio Jiménez.

Los “compañeros” del gremio

Pese a la evidencia pública que no deja lugar a dudas para deducir que el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz fue a causa de su trabajo periodístico, en donde se agregan las amenazas de muerte que días previos al secuestro recibió el periodista, y que fueron claramente señaladas por la señora Carmela Hernández, la esposa de Gregorio, durante las indagatorias iniciadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, fueron algunos periodistas los que denostaron al compañero caído, poniendo en tela de juicio su verticalidad, pero sobre todo, haciendo eco a la versión oficial emitida desde el propio gobierno estatal de Veracruz, entonces dirigido por Javier Duarte de Ochoa, quien no tuvo empacho en referir que Gregorio Jiménez “en algo andaría”.

La duda sembrada en la opinión pública por parte del entonces gobernador de Veracruz tuvo eco entre algunos periodistas de esta entidad; siete de los once comunicadores veracruzanos que conocieron a Gregorio –que accedieron en su momento a verter sus opiniones “off de record” para este trabajo- señalaron malas referencias de él, las menos fueron relacionadas a una mala práctica profesional que tenía que ver con el cobro por el manejo de la información.

De los siete que hablaron bajo la condición del anonimato, que culparon a Gregorio de su propia desgracia por sus malas prácticas, seis de ellos son periodistas jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 27 y los 32 años de edad. Solo uno de estos siete tenía más 55 años de edad.

A Goyo lo mataron por hacer periodismo

Los otros periodistas, los cuatro que consideraron con argumentos de sobra que Gregorio había sido asesinado a causa de su trabajo, reconociendo el profesionalismo y su verticalidad en el ejercicio periodístico, sin dejar a dudas su convicción de que “Goyo” fue siempre un periodista honesto y comprometido, tenían edades entre los 53 y los 62 años de edad, y coincidentemente ninguno de estos periodistas estaba beneficiado con convenios de publicidad oficial fuera del gobierno estatal o del municipal de Coatzacoalcos, por lo que no tuvieron empacho en referir la posibilidad de que funcionarios del propio gobierno estatal de Veracruz estuvieran coludidos si no en la ejecución del asesinato, sí en lo que hace a una investigación lenta, con trabas, y sin la posibilidad de dar con los autores intelectuales del crimen.

En contraparte, los periodistas que culparon al compañero de su propio asesinato, tenían o trabajaban en ese momento para medios de comunicación que estaban siendo beneficiados con convenios de publicidad oficial, principalmente del gobierno estatal, lo que les hizo encauzar sus dudas en el sentido que el propio entonces gobernador de Veracruz lo había señalado, descartando que durante las investigaciones del homicidio estas no se llevaran a cabo con pulcritud, y estableciendo la certeza de que al final la autoridad habría de dar con la detención de los responsables y que el asesinato –atribuido al crimen organizado- no quedaría impune.

Se comprueba la tesis

Este diagnóstico recabado in situ, tras más de una semana de reuniones con estos once periodistas de la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, coincide con la tesis del doctor Rubén Gonzalez, que refiere que valiéndose de la publicidad oficial, “el Estado mexicano ha patrocinado diversos medios que se muestran amistosos y ha castigado a las voces de oposición. Independientemente de su ideología –liberal o conservadora– presidentes y gobernadores han hecho uso de las arcas públicas para influir en las líneas editoriales de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión (Orozco, 2010; De León, 2011; González, 2013; Márquez, 2014)”.

También, por las versiones recabadas de entre la mayoría de estos once periodistas del sur de Veracruz, se infiere que la publicidad oficial no solo influye en las líneas editoriales de los medios de comunicación, también cala en el ánimo de los propios periodistas, los que por el beneficio económico que les representan los convenios de publicidad del gobierno transforman su pensamiento hasta empatarlo con la visión de los funcionarios que les ayudan a sostener sus medios y sus salarios.

En el caso de los siete periodistas que se alinearon con la visión del gobernador de Veracruz, sobre la responsabilidad de Gregorio Jiménez sobre su propio secuestro y asesinato, cinco de ellos dijeron tener un convenio de publicidad con los gobiernos estatal y municipales de Coatzacoalcos y Minatitlán; uno solamente tenían convenio publicitario con los gobiernos municipales, y otro solo tenía convenio con el gobierno estatal.

En contraparte, los cuatro periodistas que defendieron a ultranza la honorabilidad de su compañero asesinado, aseguraron no tener convenio publicitario para sus medios con ninguno de los gobiernos municipales ni estatal, refiriendo que el sustento de sus publicaciones provenía de sus anunciantes comerciales y de algunos “apoyos económicos” que de forma esporádica percibían de parte de legisladores locales y funcionarios municipales de la zona sur del estado de Veracruz, que seguían con interés sus publicaciones.

La influencia del gobierno estatal de Veracruz en la línea editorial de los medios de los siete periodistas que cuestionaron la integridad moral de Gregorio Jiménez, se evidenció en las publicaciones de seguimiento que se le dieron al caso: sin variación cada uno de los medios propiedad o fuentes de empleo de los referidos difundieron al pie de la letra los comunicados emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. No hubo ningún tipo de cuestionamiento sobre las indagatorias realizadas por el agente del Ministerio Público.

Por su parte, las publicaciones hechas por los periodistas que defendieron a Gregorio Jiménez, se mantuvieron en una línea crítica, de escepticismo en el mejor de los casos, cuestionando la falta de investigación sobre otras líneas que fueron omisas para la autoridad, pero principalmente exigiendo al gobierno estatal no revictimizar al periodista con suposiciones sin fundamento.

Nunca anduvo en nada malo

En realidad nunca hubo fundamento para cuestionar la ética periodística de Gregorio Jiménez de la Cruz, ni tampoco nunca anduvo “en algo”, como lo deslizó el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. Gregorio Jiménez era un reportero que vivía al día. La suma de sus dos sueldos, en Notisur y El Liberal del Sur, donde le pagaban 20 y 30 pesos por nota, ascendía apenas a los 750 a 800 pesos por semana, con los que hacia malabares para sostener económicamente a su esposa y a sus siete hijos.

Como la mayoría de los reporteros mexicanos, Gregorio Jiménez compensaba el bajo salario que percibía en el periodismo con actividades fuera del gremio; los fines de semana se empleaba como fotógrafo de eventos sociales, y en ocasiones seguía prestando sus servicios de radiotécnico, su primer oficio antes de aprender el arte de la fotografía y de incursionar en el periodismo.

Sus épocas de bonanza eran durante el inicio del ciclo escolar, cuando en Villa Allende lo buscaban para que hiciera las fotografías tamaño infantil, requeridas en los procesos de admisión a las escuelas primarias y secundarias de esa localidad.

Gregorio Jiménez ni siquiera tenía un estudio para ofrecer los trabajos de fotografía. En su casa adaptó un pequeño cuarto oscuro para el revelado, y con una sábana blanca de fondo montaba el escenario donde realizaba las tomas, las que repetía cuantas veces fuera necesario hasta que le resultaran de calidad.

Su trabajo a veces lo dejaba a crédito para ayudar a otros más pobres que él, lo que le hizo ganarse el aprecio de toda la comunidad de Villa Allende.

“Era un hombre bueno, simpático, bonachón, siempre solidario con los que menos tenían. Y en el periodismo, era muy bueno, pese a que nunca tuvo una instrucción formal”, así lo describió uno de sus compañeros de oficio, Raúl Domínguez Pinto, con quien lo unía no solo la profesión periodística, sino su afinidad religiosa: profesaba el cristianismo.

Razón por la cual no fumaba, ni tomaba alcohol mucho menos gustaba de las fiestas. “Su principal preocupación era el sostenimiento de su familia y que no se le fuera la foto de la nota roja, sin importar a qué hora sucediera”.

Al principio Gregorio Jiménez cubría la nota roja desplazándose por toda la región a bordo de su motocicleta. Después se pudo hacer de un auto Chevy –el mismo del que descendió antes de ser secuestrado– el que estaba pagado en abonos. Su casa estaba asentada en un terreno irregular, en un brazo de un pantano, que tuvo que rellenar con cascajo que colectaba de algunas construcciones en Coatzacoalcos. Su casa él mismo la fue construyendo de a poco con el esfuerzo compartido de su esposa y familia. Nunca tuvo ningún lujo.

Se nota cuando andas en algo malo

Por eso, Raúl Domínguez no pudo evitar soltar una risita cuando le referí, para hurgar en su rostro, lo señalado por el entonces gobernador de Veracruz, si cabía la posibilidad de que Goyo “en algo andaría”. Sofocó la risa. Movió la cabeza negativamente: “si Goyo hubiera andado ‘en algo’ se le notaría. El dinero no es un cosa que se pueda esconder, y si algo faltaba en la vida del compañero era precisamente el dinero, eso se le notaba a leguas”.

El mismo Gregorio Jiménez llegó a decirle a Raúl Domínguez -en alguna de esas ocasiones en que hacían una pausa del periodismo para tomarse un refresco y hablar de cualquier otra cosa- que ya le hacía falta comprarse otro par de zapatos, pero que no podía porque su sueldo no se lo permitía.

En Coatzacoalcos, no solo Raúl Domínguez pudo dar referencia de la honestidad y privación económica bajo la que se conducía Gregorio Jiménez, también vecinos y familiares del reportero fueron incisivos sobre el tema. En ninguno de los que hablaron para este trabajo cupo la posibilidad de que “Goyo” estuviera metido en algo turbio, estableciendo como única causa probable de su asesinato su labor informativa.

En el expediente abierto por la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz sobre el asesinato de Gregorio Jiménez se señala como responsables directos de esta ejecución a Teresa de Jesús Hernández Cruz, como autora intelectual, en tanto que a Sergio Servando Lopez, “El Pelón”, Jose Luis Márquez Hernández, “El Pony”, Santos Gonzalez Santiago, “El Gordo”, Jesus Antonio Pérez Herrera, “La Yegua”, Gerardo Contreras Hernández, “El Gotzi” y Juan Manuel Rodríguez Hernández, “El Jumanji”, se les señala como autores materiales del crimen.

Oficialmente, el móvil del homicidio no fue el ejercicio periodístico de la víctima, sino que fue el resultado de un conflicto personal entre la víctima y Teresa de Jesús Hernández Cruz, esta última propietaria del bar “El Palmar”, del que el periodista había referido en su información periodística que había sido el sitio donde un grupo de Los Zetas había secuestrado al líder local de la CTM, Ernesto Ruiz Guillén, “El Cometierra”, cuyos restos irónicamente fueron encontrados en la misma fosa donde estaba el cuerpo de Gregorio Jiménez.