El fracaso de las elecciones en las cárceles

Hay pueblos que no nacieron para la democracia, México es uno de ellos. Así quedó demostrado en las elecciones federales del pasado 2 de julio, en donde si bien es cierto -pese al fraude por la Gran Elección de Estado que padecimos- ganó la candidata oficialista Claudia Sheinbaum Pardo, una gran parte de los mexicanos despreciaron la elección.

Muchos mexicanos despreciaron la oportunidad de ir a las urnas a elegir a sus candidatos, cosa que es anhelada en países como Venezuela, Cuba, Irán, Afganistán, Corea del Norte o China, por decir solo algunos países, en donde una votación democrática es más que oro molido, es un verdadero sueño imposible.

Entre los 42 millones 492 mil 092 mexicanos que desdeñaron la posibilidad de votar, estuvieron los que radican en el extranjero, los que no cambiaron la comodidad de un domingo viendo películas, los que piensan que “votar es ir a perder el tiempo”, y los que consideran que “para qué votar si siempre ganan los mismos”, además también están los presos.

Me voy a centrar solo a ese sector social que pudo haber marcado enormemente la vocación democrática de los mexicanos, y que a pesar de ello, no hicieron la diferencia que se requería para que se cimentara la democracia en el país, me refiero a la población penitenciaria.

Los presos, los mismos que ahora, en razón de los estándares de la fragilidad social, son llamados PPS (personas privadas de su libertad) pudieron haber hecho esa gran diferencia. En esta primera ocasión que tuvieron para votar, ellos optaron por dejar de lado la responsabilidad histórica y no afianzaron el derecho que seguramente será sufrido por muchos en la cárcel.

Como nunca se había visto, y porque se había estado reclamado con insistencia por diversos luchadores sociales, así como por parte de algunas organizaciones pro derechos humanos, por primera vez en la historia de todos los presos de México, estos tuvieron la oportunidad de votar a sus autoridades, desde presidente de la república hasta alcaldes, pasando por senadores y diputados.

Sin embargo, ese logro social no lo supo aprovechar ese grueso poblacional. Nadie dice que no sea difícil la vida de preso, que a veces gana la amargura, que a veces dan ganas de morir dentro de la celda, que a veces se aborrece a la misma sociedad, pero ¿qué culpa tiene la democracia? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad del voto? ¿Por qué no redimirse socialmente a través del sufragio?

Son sin duda preguntas que tendrán que ser respondidas por los presos, porque a partir del fracaso que resultó ser la posibilidad de votaciones dentro de las cárceles, de todas las cárceles, del país, a partir del próximo periodo electoral federal no habrá instituto electoral federal que quiera perder su tiempo en la organización de las elecciones dentro de las cárceles.

El primer ensayo para llevar urnas al interior de las cáceles, se ventiló en el Estado de México. Allí, por orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal se estableció que, como una forma de reintegración a la vida social de aquellos que habían sido excluidos por la comisión de algún ilícito y que todavía no eran sentenciados –como para perder sus derechos cívicos- era viable la participación de personas privadas de su libertad en los comicios.

Sin duda alguna, el INE, atendiendo lo establecido por el Tribunal Electoral, sobredimensionó el anhelo de los presos. Tal vez no tomó en cuenta que a veces el carcelazo pega y la amargura invade, tal vez no observó lo suficiente a las poblaciones de presos para entender que el máximo aspiracional es poder vivir al día siguiente, tal vez no se entendió que en las cárceles mexicanas –por las condiciones extremas de vida- siempre es difícil pensar en mañana.

Aun así el INE por orden del Trife modificó la ley para darles a los presos sin sentencia la posibilidad del voto. Se hizo la inversión, se trabajó en la capacitación, se arriesgó en la seguridad penitenciaria, y se llevó la papeleta y la urna hasta las cárceles, solo para entender que los presos no estaban dispuestos al juego democrático que ellos mismos no habían pedido.

El costo electoral para instalar el modelo de votación penitenciaria es más altos que el costo económico invertido. De acuerdo a funcionarios del INE, las votaciones para los presos, que solo se llevaron puntualmente en unos cuantos estados, tuvo un costo total por encima de los 10 millones de pesos, contando la inversión en materiales, movilización y capacitación de los funcionarios que estuvieron atentos a la jornada electoral.

En Mexico, hay más de 273 mil personas privadas de su libertad. Si se estima que por lo menos el 70 por ciento de esos internos no está sentenciado, eso significa que son por lo menos 191 mil presos los que estaban en la posibilidad de votar. Sin embargo, solamente pidieron participar en el proceso electoral, haciendo la debida petición de boleta el INE, un total de mil 072 presos.

El costo de los mil 072 votos emitidos por los presos fue de 9 mil 328 pesos cada voto. Eso es una total desproporción si se considera que el costo promedio del voto de un ciudadano común en la elección pasada fue de 206 pesos. Es decir, que el voto de los presos costó 45 veces más que el de un ciudadano en libertad.

Pero más allá del costo que significó cada uno de los votos emitidos por los presos, y todo el esfuerzo que representó llevar las votaciones hasta el interior de las celdas, se debe considerar que todavía algunos de esos presos, 28 en total, una vez que tuvieron la boleta de votación en las manos optaron por anular el sufragio, en tanto que otros dos decidieron votar por candidatos no registrados.

Solamente mil 42 presos votaron por candidatos existentes. 46 votaron por el PAN, 116 por el PRI, 20 por el PRD, 37 por el PVEM, 34 por el PT, 102 por Movimiento Ciudadano, 571 por Morena, 17 por la alianza PAN-PRI-PRD, 2 por la alianza PAN-PRI, 64 por la alianza Morena-PVEM-PT, 7 por la alianza PVEM-PT, 13 por la alianza PVEM-Morena y 13 por la alianza PT-Morena. Las alianzas PAN-PRD y PRI-PRD, no lograron ni siquiera un voto.

La marca ya quedó establecida, un mínimo porcentaje de personas privadas de su libertad son las que han hecho valer el trabajo del INE y las decisiones del Tribunal Electoral Federal, la gran mayoría ni siquiera se encuentra interesada en la participación electoral.

Tan no se encuentran interesados los presos en la democracia, que hasta el día de hoy no ha habido comunicación de la población carcelaria, aquella que participó en las elecciones, para saber cómo fue la tendencia electoral en sus propios centros penitenciarios donde votaron.