…Y si también refórmamos las fiscalías
En México, el acceso a la justicia se da en dos momentos: primero, cuando se persigue el delito, y –segundo- cuando se aplica la sanción por la comisión del delito. Es decir, para que un juez actúe con una sentencia, primero tuvo que haber actuado un agente del ministerio público con la integración de una carpeta y la presentación de un detenido
En el marco del debate nacional que se ha comenzado a dar, con relación a la urgente necesidad de una Reforma al Poder Judicial, en donde ha quedado en evidencia la orfandad de justicia en la que vivimos los mexicanos, otra cosa ha quedado al descubierto: la reforma para tener mejor justicia debe incluir a las Fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Hay que recordar que en México el acceso a la justicia se da en dos momentos: primero, cuando se persigue el delito, y –segundo- cuando se aplica la sanción por la comisión del delito. Es decir, para que un juez actúe con una sentencia, primero tuvo que haber actuado un agente del ministerio público con la integración de una carpeta y la presentación de un detenido.
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La aplicación de una sanción, a manera de sentencia por parte de un juez, no puede ser posible si antes no hizo bien su trabajo un agente del ministerio público. Son dos partes que se complementan, cuya suma es lo que comúnmente conocemos como aplicación de la justicia.
Por lo anterior, es desproporcionado lo que el presidente López Obrador ha querido atribuir solo como una irresponsabilidad de los jueces, magistrados y ministros. La liberación descarada de los delincuentes también es responsabilidad de los agentes del ministerio público, es decir de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.
Esta realidad no la dice el presidente López Obrador, dentro del discurso de promoción de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, porque es atentar contra el propio orden acomodaticio establecido por el gobierno de la Cuarta Transformación, donde todo lo que hace el gobierno en turno está bien, y lo que está mal proviene del pasado.
Bajo esa óptica, reconocer que la falta de justicia que vivimos los mexicanos también involucra a las Fiscalías Estatales y a la General de la República, es reconocer que la Cuarta Transformación también se ha dedicado a la protección de intereses que tienen que ver con el manejo faccioso de la administración de la justicia.
Para ver las fallas y reconocer la urgencia de una reforma que también reoriente la operación de las fiscalías solo hay que ver los resultados de la última encuesta, la del 2022, la denominada Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, que elabora el INEGI.
En dicha encuesta resalta un dato demoledor que el rezago de investigaciones –para llevar a delincuentes ante un juez que les sancione- crece en promedio anual un 21 por ciento, todo por la falta de disponibilidad de los mandos policiales y de los jefes del ministerio público para ir tras la detención de infractores de la ley.
También resalta el hecho de que, producto del amiguismo y nepotismo, dentro de las Fiscalías Estatales y en la General de la república, la contratación de nuevo personal crece en promedio anual de 1.2 por ciento para las fiscalías de los estados, y 0.9 por ciento para la General de la república.
El incremento de personal dentro de las Fiscalías del país, que evidencian lo evidente: son órganos obesos que destinan la mayor parte de sus presupuestos en el pago del gasto corriente, también reflejan la realidad del servicio público en México, medrar con el presupuesto, sin atender las necesidades de la población en general.
Si nos sorprendemos cuando se reconoce que dentro del Poder Judicial de la Federación se mantiene un cuerpo de burócratas que llegan a sumar 54 mil 388 personas, solo hay que considerar que dentro de las fiscalías estatales trabajan un total de 95 mil 386 burócratas, mientras que en la FGR son 19 mil 919.
Todos los funcionarios que laboran en cualquiera de las fiscalías estatales o en la General de la república, se consideran funcionarios autónomos que no tienen que rendir cuentas a ninguno poder de la república, como si se tratara de un verdadero cuarto poder constitucional.
Entre otra de las razones por las que se debe considerar extender la reforma judicial hasta las Fiscalías estatales y a la General de la república, es la gran inconformidad que la población manifiesta cuando se le pregunta sobre su nivel de satisfacción al llevar algún trámite dentro de esas dependencias, o ser parte de un proceso de investigación, tanto como víctima o como presunto victimario.
Para saber que tanto acepta la población, en términos generales, la operatividad o eficiencia de las Fiscalías tanto federal como estatales, hay que digerir lo que dice el citado censo, en donde se reconoce que las quejas acumuladas en un año, por mal servicio, en la FGR son 17 mil 522, pero en los estados, las quejas por el mal funcionamiento de las oficinas del ministerio público son en promedio anual de un millón 234 mil 346.
A lo anterior también se debe sumar lo que refiere Censo del INEGI en cuestión, que por lo menos tres de cada cinco carpetas que se abrieron en las fiscalías estatales fueron cerradas bajo la excusa que ofrece la ley, no ejercicio de la acción penal o sobreseimiento, dado que el Ministerio Publico, tanto federal como estatal, manifestó total incompetencia para la investigación.
Bajo los argumentos anteriores, ahora que en México se reclama una reforma constitucional para que los mexicanos tengamos mejores posibilidades de acceder a la justicia, se deben revisar a fondo las posibilidades de reformar también la operación de las Fiscalías estatales y la federal, dado que no están funcionando.
Actualmente, de cada 10 casos en donde el presidente López Obrador ha denunciado públicamente que jueces y magistrados están poniendo en libertad a delincuentes, por lo menos en 9 de esos casos, la investigación hecha por parte de los agentes del ministerio público fue deficiente, hecha de esa manera para que al llegar el caso a un juez, fuera este quien otorgara la libertad.
La propuesta de reforma a las fiscalías es un tema que -en los siguientes días- los miembros del Poder Judicial de la Federación van a comenzar a socializar a través de redes sociales y medios de comunicación. La difusión de esta propuesta no solo se hará con la intención de cambiar el discursos o el foco sobre el Poder Judicial, sino para encerrar al presidente López Obrador en su razón de destruir el Poder Judicial solo porque sí.
