Sin organismos autónomos, no habrá contrapesos en las políticas educativa, de desarrollo social, de rendición de cuentas, de energéticos y de telecomunicaciones
Del paquete de iniciativas que AMLO mandó al Congreso el pasado 5 de febrero está la desaparición de 20 organismos autónomos. Los diputados tienen hasta el 22 de agosto para discutir y votar esa iniciativa, aunque ya tienen listo el predictamen para extinguir a siete. Se pasaría al pleno de la Cámara de Diputados en septiembre para aprobarlo. Las facultades y funciones de los organismos autónomos: vigilancia, evaluación y regulación, las harían las mismas dependencias.
A finales de enero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mediante una reforma constitucional desaparecía a todos (20) los organismos autónomos:
“Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público”.
Los argumentos del mandatario es que los organismos autónomos se crearon durante “el periodo neoliberal” para transferir los bienes públicos a manos de particulares, por lo que no eran autónomos ni servían para nada”.
Con su extinción se estarían ahorrando 100 mil millones de pesos al año: “imagínense lo que nos vamos a ahorrar porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares“, lo anterior en alusión a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por lo que el 5 de febrero pasado mandó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para extinguir a los primeros 7 organismos autónomos. En ese sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene listo el proyecto de dictamen de la misma para discutirla y votarla, para pasarla al Pleno y pueda ser aprobada o no al inicio de la próxima legislatura en el septiembre.
Así, desaparecían el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Instituto Nacional de Telecomunicaciones(IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La bancada del partido Morena argumenta que la extinción de los organismos autónomos resuelve duplicidad de funciones y replantea la organización del Estado, preservando los principios de austeridad, racionalidad, eficiencia y eficacia. Las facultades de los organismos autónomos la absorberán distintas secretarías. Los recursos ahorrados con la extinción de estos se irán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Ya no habrá organismo autónomo que evalúe la educación
El primero organismo autónomo que el Gobierno federal desapareció fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) el 15 de mayo de 2019. Sus funciones eran evaluar el sistema educativo nacional, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación y emitir directrices de política a las autoridades educativas.
Dichas funciones las continuó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), sin embargo, también se incluyó en la lista de los organismos autonómos que desaparecían y la evaluación de las políticas educativas las haría la misma Secretaría de Educación Pública (SEP).
Aunado a que en diciembre de 2023, AMLO desestimó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes o Informe PISA, llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial, que mide el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura, ¿a qué evaluaciones y recomendaciones de mejora educativa a nivel básico, medio superior y superior atenderá la SEP?
Para Óscar Del Río, comisionado de la Mejoredu, la desaparición de esta comisión y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminaría los contrapesos institucionales, desde la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes.
El Inegi evaluará la pobreza y el impacto de los programas del Bienestar
El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene la facultad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, y con su desaparición, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) llevaría a cabo esas labores.
En 2019, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, aseguró que las funciones del Coneval no se limitan únicamente a la “simple medición de la pobreza“, sino también “evalúa el diseño, la operación y el impacto de la política social, por lo que su independencia y objetividad es crucial“.
Respecto a ello, el Coneval es la entidad que evalúa el impacto en el desarrollo social de los programas de la Secretaría del Bienestar. En ese entonces, el titular del Coneval, Gerardo Hernández Licona, fue removido de su cargo por negarse a darle a la Secretaría del Bienestar los nombres de los pobres que el Coneval mide.
Poder Legislativo y Poder Judicial tutelarán los datos personales de los mexicanos y darán acceso a la información pública
Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la función de cuidar los datos personales de los mexicanos y el acceso a la información pública en pro de la rendición de cuentas y la transparencia, para que no haya corrupción, quedará en manos del Poder Legislativo (diputados y senadores), así como en el Poder Judicial (jueces, ministros, magistrados), a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Este jueves, el presidente comisionado el INAI, Adrián Alcalá Méndez, advirtió que desaparición del organismo autónomo violaría el Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC) en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos para obtener registros gubernamentales, mientras que el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá establece las reglas para la relación comercial entre las naciones firmantes.
Además, “caeríamos en incumplimiento en donde el Estado sea obligado a contar con instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de datos personales”, dijo Alcalá Méndez con el El Sol de México.
En lo que va de este sexenio, en el INAI se han abierto 505 expedientes en contra de sujetos obligados como la Oficina de la Presidencia de la República, la Sedena, Guardia Nacional, SEP, IMSS, ISSSTE, partidos políticos como Morena, por presuntamente haber violado la Ley de Protección de Datos Personales.
Secretaría de Economía regularía los hidrocarburos, los energéticos, las telecomunicaciones y que no haya monopolios en el país
Las funciones y facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones(IFT), las asumirá la Secretaría de Economía (SE) luego de que este jueves los legisladores aprobaron el dictamen de iniciativa de ley que envió el presidente AMLO.
Las razones de los legisladores para desaparecer dichos organismos autónomos son la redistribución de sus responsabilidades entre las dependencias del gobierno federal y mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.
Así como también generar ahorros presupuestales significativos y privilegiar el gasto social, sin afectar el acceso a los derechos fundamentales ni la interacción del sector privado, y limitar la creación de nuevos entes públicos, enfocándose en una administración más eficiente y menos burocrática.
