Solo en la 4T, confunden la defensa de la Soberanía con la protección al Narco
Para delimitar las acciones de la DEA en operaciones secretas o furtivas en México, como si se tratara de poner a salvo a los principales grupos del narcotráfico mexicano, en mayo del 2021, el presidente AMLO modificó la Ley de Seguridad Nacional, ofreciendo así una normatividad para regular el número de agentes extranjeros en México
Nunca, desde su creación en 1973, la Agencia anti Drogas de Estados Unidos (DEA) había tenido con un gobierno mexicano un roce tan áspero o un choque tan frontal como el que tiene al día de hoy. Ni nunca un gobierno mexicano —como ahora el de la 4T— había confundido defensa de la soberanía nacional con la protección de los cárteles de las drogas.
Ni en los días de los gobiernos más nacionalistas, como el de Luis Echeverría o José López Portillo, la autoridad mexicana había llevado al punto de congelamiento las relaciones de colaboración con la DEA, a grado tal de suspender toda colaboración o acciones conjuntas de combate a los cárteles de las drogas.
El rompimiento del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente López Obrador, con la DEA, puede tener su origen en la sospecha de colaboración económica que se le ha atribuido al cártel de Sinaloa, el que habría financiado la campaña de López Obrador a la presidencia en los comicios del 2006 y 2012.
Pero más allá de conjeturas, lo que resalta es justamente el papel que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado cuando se trata hablar públicamente de los cárteles de las drogas, a los que desde el principio de su administración les ofreció “abrazos y no balazos”, como única política oficial de combate a las drogas.
Desde siempre, desde el 2018, año en que López Obrador sumió el mando del gobierno mexicano, en Estados Unidos se ha dudado de él. De tal dimensión ha sido la desconfianza del gobierno norteamericano sobre el presidente López Obrador que la DEA tubo que restringir sus acciones encubiertas de combate al narco.
La desconfianza ganada a pulso por el Presidente López Obrador, no es una cuestión fortuita. Es el resultado de una serie de eventos presidenciales, tendientes a limitar a la DEA en sus acción de combate a las drogas, las que se habían coordinados exitosamente en gobiernos anteriores.
Para delimitar las acciones de la DEA en operaciones secretas o furtivas en México, como si se tratara de poner a salvo a los principales grupos del narcotráfico mexicano, en mayo del 2021, el presidente AMLO modificó la Ley de Seguridad Nacional, ofreciendo así una normatividad para regular el número de agentes extranjeros en México.
El tema del espionaje en México apenas se tocó superficialmente, solo fue el pretexto. En realidad lo que AMLO modificó fue la Ley de Seguridad Nacional, para establecer desde la Constitución que los agentes de la DEA no pudieran hacer operativos, portar armas o solicitar información de delincuentes de carácter judicial a las autoridades correspondientes.
Un año después de esa modificación legal, el presidente López Obrador ordenó el cierre de la oficina de trabajos conjuntos entre funcionarios del gobierno mexicano y los agentes de la DEA, con lo que se palpó la posibilidad de protección de la 4T y sus cabezas políticas a favor de los cárteles de las drogas.
El distanciamiento formal de la DEA con el gobierno del presidente López Obrador se hizo más aun intenso, tras observar las primeras cinco visitas oficiales hechas a la comunidad que fue la cuna de grandes Narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Joaquín Guzmán Loera.
En una de esas visitas que realizó el presidente López Obrador a la cuna del narcotráfico moderno, se reunión con la señora María Consuelo Loera Pérez, mamá del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Por ese solo hechos los altos funcionarios le perdieron a López Obrador la poca confianza que aun pendía de su investidura presidencial.
Con el descredito total de colaboración con la DEA pero sí con el narco, el gobierno norteamericano también perdió la confianza en López Obrador tras la operación de rescate al General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien estaba para ser procesado penalmente por narco en Estados Unidos, pero López Obrador lo salvo bajo la mentira de llevarlo a prisión en México, cosa que nunca sucedió.
A la escalada de desconfianza en la que entró la DEA con el presidente López Obrador, también se sumó la postura oficial de AMLO, quien en medio de una crisis de salud pública en Estados Unidos a causa del incremento en el consumo de Fentanilo, salió a decir que esa droga no se fabricaba en México.
La postura hecha por AMLO, de negar falsamente la producción de fentanilo en México, solo tuvo como finalidad el deslindar a Los Chapitos (Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio) de esa acusación que se libraba ya en Estados Unidos, en donde se tiene la seguridad, igual que muchos en México, de que los Chapitos son los principales productores de esa droga.
Después vendría el vergonzoso evento, en donde una acción conjunta entre la DEA, Marina, Ejercitó Mexicano, Guardia Nacional y Policía Ministerial de la FGR, luego que Ovidio Guzmán se había rendido, fue puesto en libertad por instrucción directa del presidente López Obrador.
La liberación del narcotraficante fue ordenada por el propio presidente López Obrador, bajo el argumento de que los sicarios del Cártel de Sinaloa matarían rehenes civiles, la mayoría familiares de los militares desplegados en el municipio de Culiacán.
La más reciente afrenta sufrida por la DEA, que apunta hacia una colaboración abierta del presidente López Obrador con el Cártel de Sinaloa, fue la entrega de Ismael Zambada García, quien se allanó ante el gobierno norteamericano, pero que también se presume pudo haber sido entregado a por Joaquín Guzmán Jr.
Como quiera que sea, el presidente López obrador, desde su conferencia de la mañanera salió para decir en forma desesperada que en esa supuesta captura de El Mayo Zambada, su gobierno no había tenido nada que ver en la captura. “Ni siquiera participamos”, dijo.
Es evidente que el presidente AMLO protege algún interés frente a los grupos del narcotráfico, no solo por la forma de abandonar la lucha contra el crimen y proteger desde el discurso presidencial las operaciones del narco, sino porque –aparte- ninguno de los capos que antes eran objetivos nacionales de captura, hoy no tienen una solo orden de aprehensión en su contra.
Por eso la necedad del presidente López Obrador de querer que los mexicanos confundan, como él ya lo ha hecho, que la actuación de la DEA en suelo nacional es un acto de violación a la soberanía nacional, cuando en realidad, la DEA es la única alternativa que los mexicanos tenemos para ver encarcelados a los que han tomado como rehén a los mexicano.
Gracias a la DEA han sido procesados grandes narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Alfredo Beltrán Leyva, Vicente Zambada Niebla, Jesús Reynaldo Zambada, Sergio Enrique Villarreal, Dámaso López Núñez, Dámaso López Serrano, Edgar Veytia, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor Palma Salazar, Francisco Arellano Félix, entre otros, los que de otra forma no hubiesen sido detenidos en México.
