Diputados aprueban propuesta de AMLO: ampliar catálogo de delitos con Prisión Preventiva Oficiosa
En reunión ordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la prisión preventiva oficiosa. La reforma, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
La reforma busca penalizar de forma más severa y aplicar la prisión preventiva a delitos como la extorsión, el delito fiscal y el narcomenudeo, además de prohibir la comercialización de drogas químicas como el fentanilo.
Estos delitos se incorporarían a la lista que ya incluye la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, delitos cometidos con medios violentos y aquellos relacionados con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
Algunas observaciones sobre la prisión preventiva
Durante la reunión, varios diputados y diputadas plantearon discusiones tanto a favor como en contra del tema. Entre las participaciones en contra se encuentran las de Miguel Rodarte, Rubén Moreira, Paulina Rubio, Braulio López Ochoa, Marco Antonio Mendoza y Santiago Torreblanca, mientras que los diputados Marco Rosendo, Antonio Gómez Betancourt, Caro Cabrera y Óscar Cantón se expresaron a favor.
En contra
Miguel Rodarte, diputado del PAN, argumentó que la prisión preventiva oficiosa, tal como se aplica en México, viola los derechos humanos. Señaló además que esta medida debería evaluarse debido a los resultados poco favorables de su aplicación. El diputado afirmó que “toda persona que esté en prisión debe estar ahí por hechos, no por un catálogo de delitos; de lo contrario, seguiremos llenando nuestras cárceles de pobres e inocentes.”
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, afirmó que aplicar la prisión preventiva al narcomenudeo significaría encarcelar a miles de personas en situación de pobreza: “Al narcomenudeo le van a dar prisión preventiva oficiosa, van a meter a miles de pobres, quienes venden la droga en la calle o en la tiendita. Son personas pobres, y seguramente lo hacen por necesidad.”
Moreira aprovechó para señalar que esta reforma podría considerarse contraria a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2010-2011, que obligó a la legislación mexicana a cumplir con los tratados internacionales ratificados por México en esta materia. La reforma de 2010-2011 también brindó mayor protección a las víctimas de violaciones a sus derechos, elevó los derechos y libertades a nivel constitucional, y mejoró el acceso a la justicia.
La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, argumentó: “Que los jueces decidan si las personas deben enfrentar su proceso en prisión preventiva no implica abandonar esta medida. Lo que sucede es que obliga a los Ministerios Públicos a presentar los argumentos necesarios para que los jueces determinen si la prisión preventiva está justificada.”
Además, señaló que, según algunos críticos, esta reforma podría afectar gravemente a las personas en situación de pobreza. También recalcó que se estima que cuatro de cada diez personas encarceladas aún no cuentan con una sentencia.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, señaló que, aunque en 2019 el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva se incrementó con más de 20 tipos penales distintos, no disminuyó la incidencia delictiva en el país. Además, dijo que la prisión preventiva “Es una medida que viola los derechos humanos, no ha demostrado ser efectiva y se utilizan muchas falsedades para justificarla.”
Por su parte, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, acusó que, en lugar de “convertir la Constitución en un catálogo penal”, deberíamos eliminar la prisión preventiva oficiosa, como han señalado los organismos internacionales. Mendoza afirmó que esta figura solo proporciona una falsa sensación de seguridad, ya que “no garantiza justicia, pues ni juzga ni condena; solo encarcela a personas sin antes probar si cometieron o no esa conducta.”
Santiago Torreblanca, diputado del PAN, acusó que la prisión preventiva hace que los fiscales se vuelvan ineficientes, ‘pues simulan dar buenos resultados encarcelando a la gente, sobre todo a los pobres’. Además, señaló que siete de cada diez personas en prisión preventiva son pobres, indígenas o personas cuya escolaridad máxima es la secundaria, ‘no a los grandes capos ni a los grandes narcotraficantes’.
A favor
En cuanto a los diputados que se manifestaron a favor del dictamen, Marco Rosendo, de Morena, afirmó que la reforma de 2011 no debe ser utilizada como una camisa de fuerza. También señaló que la reforma del presidente busca únicamente dotar al Estado de más herramientas para garantizar la seguridad de los mexicanos: “Lo que estamos tratando de darle son más herramientas al Estado para que pueda actuar en contra de delitos que afectan a la sociedad”.
Antonio Gómez Betancourt, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que la reforma busca atacar conductas delictivas como la defraudación fiscal, el narcomenudeo y el contrabando.
“La presente modificación en materia penal es una reforma integral que busca atacar de manera contundente y sancionar conductas delictivas como la defraudación fiscal, el narcomenudeo y el contrabando, así como los delitos relacionados con la expedición, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.”
Aseguró que con esta reforma se busca dar un paso firme en el combate y desmantelamiento de las estructuras criminales.
Salvador Caro Cabrera, diputado de Morena, señaló que la reforma busca atacar a los delincuentes relacionados con el narcomenudeo, el fentanilo y otras drogas sintéticas, para evitar que puedan llevar su juicio en libertad.
“Esta iniciativa busca agregar la medida cautelar de prisión preventiva para que los delincuentes que cometen extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con un veneno global como el fentanilo y otras drogas sintéticas no puedan llevar su juicio en libertad.”
El morenista señaló que la iniciativa incluye una medida que busca frenar la defraudación fiscal, un delito que, según él, limita la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población más pobre del país.
“Esta iniciativa incluye una medida crucial para frenar a quienes perjudican el erario y, con ello, la capacidad del gobierno para atender las necesidades más básicas de los más pobres: la defraudación fiscal, el contrabando y las actividades relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos.”
Caro Cabrera aseguró que la prisión preventiva “garantiza la competencia, protege a víctimas y testigos, previene que los acusados cometan nuevos delitos, agiliza los procesos, ofrece una percepción de seguridad, y evita el riesgo de fuga y la obstrucción de investigaciones.”
Óscar Cantón, diputado de Morena, afirmó que los pobres no se verán afectados por esta reforma, a diferencia de lo que ocurrió bajo el esquema económico del neoliberalismo, que favoreció a la delincuencia organizada.
“Y no me digan que los pobres son los más afectados. No, los pobres han sido los más perjudicados por este esquema económico irracional. Los verdaderos beneficiarios son los grandes narcotraficantes, los grandes defraudadores, en resumen, lo que ahora conocemos como delincuencia organizada.”
El dictamen que propone el decreto para modificar y adicionar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado con 20 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
