Terminar con la violencia depende de los narcos en Sinaloa: Sedena; comunidades indígenas piden protección

Mientras comunidades indígenas de Chiapas, Michoacán y Chihuahua piden al Gobierno federal que los proteja de la violencia que ejercen los cárteles del narcotráfico en sus territorios, el general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, aseguró que no está en manos del Ejército terminar con la violencia en Culiacán, Sinaloa, sino de que los grupos armados se dejen de confrontar, luego de 9 días de enfrentamientos armados en la región y los habitantes no puedan pisar las calles.


Organizaciones defensoras de derechos humanos este martes informaron que ante la violencia que ejercen cárteles del narcotráfico por disputa de territorio, 110 personas indígenas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, se han desplazado a zonas más seguras, además de que por lo menos 8 mil 190 habitantes han huido de los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo, en Chiapas, en lo que va del año 2024, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas, por lo que pidieron al Gobierno federal, en especial a la Sedena, su inmediata intervención para proteger a la población civil en riesgo.


La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) mediante un comunicado informó que en las últimas tres semanas se han registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán.

Entre ellas, ha habido víctimas de homicidio: una en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, otra en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire, en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.

“Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños”, refieren las ONGs que trabajan en esas regiones.

Presencia de fuerzas armadas no impide los ataques a la población

Por lo que pidieron que en esas regiones “se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos”, porque “hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia”.

En Chihuahua, por ejemplo, “se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos”.

Por el contrario, “la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda“.

En Michoacán se pidió “semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo, nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad”.

La falta de coordinación de los militares con las autoridades indígenas “promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres”.

La tranqulidad en las poblaciones depende de los grupos antagónicos: general en Sinaloa

A pesar de que se han registrado más de 30 muertos en Sinaloa, principalmente en Culiacán, por los enfrentamientos que llevan 9 días entre “Los Chapitos” y la “Mayiza”, luego de la detención-entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el 26 de julio pasado, el general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, el pasado lunes aseguró que no está en manos del Ejército terminar con la violencia Sinaloa, sino de que los grupos armados se dejen de confrontar.

En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador de Sinaloa, Rúben Rocha Moya, el general Leana Ojeda dijo que la tranquilidad de los sinaloenses: “Depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.

“Estamos viviendo una situación de una confrontación entre grupos antagónicos. Estamos planeando constantemente la contención de agresiones entre ellos, entre facciones y hemos tenido buenos resultados. Esos resultados, sabedores del debido proceso, no se daban a conocer para no violentar el Estado de derecho”, explicó el general Leana, pero que no podía dar más detalles para que los criminales no se vayan a enterar.

Por su parte el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que un militar perdió la vida el lunes en un enfrentamiento con grupos armados en La Campiña, en Culiacán.

“Hoy mismo en la mañana hubo un encuentro entre civiles armados y el Ejército, murió un oficial del Ejército. Todo el estado donde se están dando los enfrentamientos para nosotros es una prioridad, particularmente aquí en la ciudad (Sinaloa).

“Estamos sofocando los focos de violencia. Estamos haciendo grandes decomisos. Antier dio a conocer la Marina un decomiso importante, eso es importante, armamento, municiones”, expresó el mandatario estatal sin dar detalles de los aseguramientos de qué sustancias.