A 10 años, duele Ayotzinapa; doble crimen de Estado: la Desaparición de 43 y el Encubrimiento de AMLO
El esclarecimiento sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue asumido como un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, a días de terminar su administración, todavía no hay visos que apunten hacia la verdad del que se considera uno de los más graves atentados en materia de derechos humanos cometidos por el Estado
A diez años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el paradero de al menos 40 de estos estudiantes sigue siendo uno de los más grandes misterios del México contemporáneo.
Hasta hoy no se ha podido derribar la “Verdad Histórica” que implantó el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, la que refiere que los 43 estudiantes fueron secuestrados por grupos del narcotráfico e incinerados en un basurero.
El esclarecimiento sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue asumido como un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, a días de terminar su administración, todavía no hay visos que apunten hacia la verdad del que se considera uno de los más graves atentados en materia de derechos humanos cometidos por el Estado.
El principal investigador de la desaparición de los 43 normalistas, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue Tomás Cerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien fue acusado por la administración de Andrés Manuel López Obrador de haber cometido tortura y manipular evidencias para sostener la tesis de la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, en el municipio de Iguala, Guerrero.
Tomás Cerón de Lucio hoy se encuentra refugiado en Israel, en donde -a pesar de existir una orden de aprehensión en su contra por parte del gobierno mexicano- el gobierno de aquel país se niega a la entrega del ex funcionario federal, bajo el argumento de que no existe un tratado de extradición bilateral entre México e Israel.
Nadie quiere hacer justicia
El esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas es un clamor popular en México, no solo por ser considerado uno de los mayores actos de agravio social hechos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino porque el hecho solo es comparado con la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, donde fueron asesinados por el Estado 78 estudiantes y otros 31 fueron desaparecidos.
La desaparición de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, y hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los que tomaron la decisión del secuestro de los estudiantes, cuáles fueron las causas y motivos de la desaparición, ni mucho menos se ha podido ubicar a la totalidad de los desaparecidos.
La PGR, permeada por la corrupción
El estancamiento de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es solo un efecto del “cúmulo de graves deficiencias funcionales y jurídicas” que en su momento presentó la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, el encargado de llevar a cabo las investigaciones.
La actuación de la PGR, de Tomás Cerón de Lucio y del propio procurador Jesús Murillo Karam, con relación a la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, según lo establece en su informe especial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puso “en evidencia que el actual modelo estructural y operativo de esa instancia federal está agotado…”.
Y cómo no iba a estar agotado ese modelo de investigación, si la PGR de Enrique Peña Nieto funcionó bajo el mismo modelo de corrupción que legó el gobierno de Felipe Calderón, cuando por gestiones de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez, que técnicamente fueron subordinados de Genaro García Luna, la PGR se dedicó a proteger a diversos cárteles de las drogas.
Los cárteles que fueron protegidos por el modelo caduco de investigación y por el cáncer de la corrupción que permeó en la PGR durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón fueron los de Sinaloa, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, ligados todos ellos en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tierra de cárteles
Para poder entender la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, es necesario revisar el mapa general de la delincuencia que prevalecía en la zona de Guerrero, previó a los hechos referidos; la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron cómplices de la desaparición, no solo por omisión sino por acción, al haber colaborado con la entrega de los estudiantes a miembros del crimen organizado para que corrieran la suerte que todavía no se esclarece.
Al momento en que se dio el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes, los que se habían trasladado desde Ayotzinapa hasta el municipio de Iguala, bajo el cometido de apropiarse de algunos autobuses, que requerían como parte de su organización para asistir a la conmemoración del cuadragésimo sexto aniversario de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, el municipio de Iguala era disputado por dos grupos delincuenciales: Los Guerreros Unidos, aliados de la Familia Michoacana, y los Rojos, aliados de Los Hermanos Beltrán Leyva.
Los dos grupos delincuenciales se disputaban el control de la zona por ser paso obligado para el tráfico, desde de La Montaña hacia el norte del país, del trasiego de goma de opio, la base para la elaboración de heroína, altamente cotizada en Estados Unidos. No se debe olvidar que Guerrero -por sus condiciones geográficas- es el primer productor nacional de goma de opio, la que se extrae de la amapola.
De acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo entre junio del 2014 al mismo mes de 2015, en Guerrero se sembraron entre 21 mil y 28 mil hectáreas de amapola, cuya goma fue comercializada tanto en suelo mexicano como en Estados unidos.
Los principales traficantes de la goma de opio fueron el cártel de Sinaloa, a través de sus socios los grupos delictivos locales conocidos como La Barredora y el Cártel Independiente de Acapulco; el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva también fue un actor importante en el trasiego a través de Los Rojos y Los Ardillos; mientras que el cártel de La Familia Michoacana incursionó con el apoyo de Los Guerreros Unidos.
En junio del 2014, el cártel de los Beltrán Leyva continuaba con el apoyo de la Policía Federal y del Ejército, en tanto que la Familia Michoacana solo se había hecho del apoyo de algunas policías municipales, principalmente de los municipios Cocula y Huitzuco, limítrofes a Iguala los que son obligados al paso si se desciende desde la zona de La Montaña.
De esa forma, Iguala era el epicentro de la disputa por el tráfico de goma de opio y/o heroína en donde Los Guerreros Unidos y sus socios de La Familia se habían posicionado.
En Tixtla, los grupos de Los Rojos y Los Ardillos se dividieron, luego que el grupo de Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, el hijo de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, comenzó a disputar el control del cártel a su tío Héctor Beltrán Leyva, “El H”, esto por el control cada vez mayor que ya tenía dentro de la organización criminal la esposa de “El H”, Clara Elena Laborín Archuleta, “La Señora”.
Fraccionamiento de los cárteles
En ese descontrol dentro del cártel de los hermanos Beltrán Leyva surgió el grupo comandando por los hermanos José, Leonor, Mateo, Ramón y María del Carmen Nava Romero, los que se apropiaron del control de Los Rojos, iniciando así una guerra abierta contra Los Guerreros Unidos y sus aliados La Familia por la recuperación del municipio de Iguala.
Para encarar las acciones de Los Rojos, los integrantes de Guerreros Unidos se aliaron con un grupo delincuencial local, conocido como Los Pelones, el que había sido fundado por los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, quienes fueron ejecutados en el 2009.
A la muerte de los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, el grupo delictivo que encabezaron siguió operando, pero ahora bajo la instrucción de la hermana de los líderes fundadores: María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del que en ese momento era el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Al momento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, al frente de las operaciones del grupo de Los Rojos, en Iguala, estaba Omar Cuenca Marino, “El Niño Popis”, apoyado por Santiago Mazari Hernández, quien controlaba ya el estado de Morelos. En el municipio de Tixtla Los Rojos eran encabezados por Antonio Reyna Castillo, “La Borrega”, todos ellos protegidos por el coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, Omar García Harfuch, un hombre que fue a su vez protegido por Frida Martínez Zamora la que llegó al equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por recomendación directa de Genaro García Luna.
Por lo que hace al grupo de Los Guerreros Unidos, cuando sucedieron los hechos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al frente de esa organización criminal se encontraba Sidronio Casarrubias Salgado, “El Chino”, el que logró extender la presencia del cartel de la Familia Michoacana en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Tetipac, Taxco, Buenavista, Eduardo Neri y Apaxtla.
El desgobierno en la Normal, otro factor
Bajo ese contexto, hay que agregar también que en septiembre del 2014, la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, era dirigida por José Luis Hernández Rivera (fallecido el 24 de octubre de 2020 a causa de Covid-19), quien durante su gestión, siguiendo la tradición de los rectores anteriores, también permitió la existencia de un autogobierno por parte de los alumnos dentro de las instalaciones de esa institución.
El autogobierno que prevalecía dentro de la Normal de Ayotzinapa permitía que fueran los alumnos los que, violentando la ley, tomaran decisiones o buscaran apoyos materiales y económicos que les correspondían a las autoridades educativas para el cumplimiento de los programas formativos o para mantener la lucha de protesta social inherente a los principios ideológicos de la institución y del alumnado.
Eso fue lo que propicio -según los reconoce la CNDH- que previo a los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, en la Normal de Ayotzinapa fuera frecuente y visto como normal la introducción a las instalaciones de la escuela de autobuses robados y choferes de los mismos que eran retenidos para conducirlos.
También era cotidiana la entrada de camiones robados con mercancía para revenderla o consumirla, la compraventa de droga y su consumo al interior de la escuela, todo esto sin que las autoridades escolares, principalmente el director del plantel, dieran aviso a las autoridades competentes, pues esto era visto como prácticas normales.
De esa forma, según lo establece la CNDH en la recomendación 15VG/2018 del Caso Iguala, la situación que tenía la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa al momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, registraba una serie de anomalías propicias no solo para la violación de derechos humanos sino para la comisión de diversos ilícitos tipificados en el marco jurídico, situación que fue omisa no solo para el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sino para el secretario de Educación, Emilio Chuayffet.
Entre dichas circunstancias, que finalmente la CNDH atribuye como detonantes para que dentro de la escuela Normal de Ayotzinapa el Estado mexicano incumpliera con la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, se destaca al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para la vida de muchos estudiantes, porque “las instalaciones eran utilizadas para introducir objetos producto de delitos cometidos por los alumnos que conformaban el grupo de autogobierno”, de lo que las autoridades de ese plantel tenían pleno conocimiento, y aun así optaron por no tocar los intereses de los dirigentes estudiantiles.
Una sucesión desafortunada de hechos
El 26 de septiembre del año de los hechos, en punto de las 17:30 horas, el grupo de autogobierno tomó la decisión de enviar a seis grupos de alumnos para que secuestraran igual número de autobuses, toda vez que se requerían 15 unidades para transportar a todos los estudiantes a la manifestación conmemorativa de la Masacre del 2 de Octubre y solo se contaba con nueve camiones de pasaje.
Los alumnos salieron de la Normal para dirigirse a la central de autobuses de Iguala, en donde por la fuerza se apropiaron de las seis unidades; tomaron tres camiones de la empresa “Costa Line”, los marcados con los números económicos 2012, 2510 y 2513; dos eran de la empresa “Estrella de Oro”, los que tenían registro con los números 1531 y 1568, y uno más fue arrebatado a la empresa “Estrella Roja”, el que tenía el número económico 3278, en hechos que se registraron entre las 21:00 y las 21:30 horas de ese día.
El error no calculado por los normalistas fue que por lo menos los camiones 1531 y 1568 eran utilizados por el grupo de los Guerreros Unidos para el trasiego de goma de opio, los que al momento de ser secuestrados ya contenían la carga de estupefacientes, estimada en al menos 23 kilogramos goma de opio que era lo que transportaba el camión 1531, y otros 50 o 60 kilogramos de la misma sustancia que iban ocultos en el compartimento de carga de la unidad 1568, según refiere una fuente del Cártel de la Familia Michoacana.
Eso fue lo que dio pie para que desde la central de autobuses de Iguala, se diera la voz de alerta al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, “El Chino”, sobre el robo de las dos unidades que transportaban la carga que en el mercado de las drogas representaba un valor total de más de 500 mil pesos.
Se presume –por parte de la fuente consultada- que Sidronio Casarrubias creyó que el robo de las dos unidades que eran utilizada por su organización para el trasiego de drogas desde La Montaña hacia la Ciudad de México, era una acción del grupo de Los Rojos, por lo que movilizó a sus aliados Los Pelones, para que evitaran el robo y que los secuestradores de los camiones fueran ejecutados.
El líder de Los Pelones en ese momento, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, informó de los hechos a María de los Ángeles Pineda Villa, la que a su vez informó a su esposo el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, lo que estaba sucediendo, resultando que el alcalde Abarca instruyera a Felpe Flores, director de la policía de ese municipio, para que se dieran a la tarea de cazar a los secuestradores de los citados autobuses.
Al frente del grupo de estudiantes que tomaron por asalto los camiones de pasaje estaba Bernardo Flores Alcaraz, “El Cochiloco”, alumno de segundo grado que se desempeñaba como secretario del “Comité de Lucha” estudiantil de Ayotzinapa, quien junto con el también estudiante David Flores Maldonado, “La Parka”, eran considerados por la policía municipal de Iguala como colaboradores de Los Rojos.
Dicha situación alentó aún más la suposición de que el secuestro de los autobuses era una acción del grupo de Los Rojos, lo que motivó a Felipe Flores, el jefe policiaco de Iguala, a que solicitara el apoyo de elementos del 27° Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional adscrito a Iguala, a cargo del Coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, para que le ayudara a la captura de los hechores.
De esa forma fue que, entre las 21:40 y las 22:10 horas de esa noche, patrullas del Ejército y de la policía municipal de Iguala detuvieron el convoy formado por los autobuses “Costa Line” 2012 y 2510 y el de “Estrella de Oro” 1568, esto sobre la esquina que forman las calles de Hermenegildo Galeana y Leandro Valle.
Al autobús “Estrella de Oro” 1531 lo detuvieron patrullas de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Iguala, justo debajo del puente conocido como “Del Chipote”, luego de haber circulado por la calle Juan N. Álvarez, en donde dio vuelta a su derecha para incorporarse a la avenida Aldama y tratar de enfilar hacia la carretera federal Iguala-Chilpancingo, también dentro de la zona urbana de Iguala.
Después ya no hay certeza en los hechos. Los estudiantes que viajaban en los camiones “Costa Line” 2012 y 2510 fueron puestos en libertad, mientras que los que los 43 que viajaban a bordo de los camiones “Estrella de Oro” 1531 y 1568, desaparecieron misteriosamente. De acuerdo a la versión de la fuente al interior del Cartel de la Familia Michoacana, los estudiantes de esas dos unidades fueron subidos a diversas patrullas, tanto de la policía municipal de Iguala como de la Policía Federal y del Ejército, y fueron trasladados a las instalaciones del 27° Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde presuntamente fueron torturados, ejecutados y sus cuerpos desaparecidos.
Oficialmente, para el procurador Jesús Murillo Karam, quien tuvo que renunciar al cargo el 27 de febrero del 2015 ante la presión de los padres de los muchachos desaparecidos, la verdad histórica que estableció, con la que dio por terminada la investigación de ese episodio, fue que los 43 estudiantes desaparecidos esa madrugada fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala, dejando libre de señalamientos a los elementos de la Policía Federal y de la SEDENA que participaron en los hechos.
Según la versión del procurador Murillo, los 43 estudiantes que viajaban a bordo de los camiones 1531 y 1568 de la línea Estrella de Oro, después de ser detenidos fueron entregados por la policía municipal a un grupo de sicarios de Los Guerreros Unidos, los que los habrían llevado hasta el basurero municipal de Cocula, en donde sus cuerpos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el rio San Juan.
A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero, aun no se sabe la verdad de cómo se dio la sucesión de hechos. Se ordenó la integración de una Comisión de la Verdad, la que sigue trabajando entorno a cientos de declaraciones y legajos de evidencias, mientras que solo ocho personas de más de 180 indiciadas, se encuentran bajo proceso penal.
