García Luna, padre del operativo Rápido y Furioso
El citado operativo, ocurrido en el 2009, tenía como finalidad desentrañar las redes ilegales del tráfico de armas bajo las que operan diversos carteles de las drogas, a fin de poder desarticularlas. Pero, el operativo no resultó eficiente y la mayoría de esas armas terminaron en poder miembros de los carteles de las drogas ajenos a los que inicialmente se investigaba
Durante 12 años, en por los menos seis asesinatos en masa y otras diez ejecuciones directas –dos de agentes policiales de Estados Unidos y otras ocho de ciudadanos mexicanos-, han tenido participación algunas de las más de 2 mil 670 armas de fuego que ingresaron ilegalmente a suelo mexicano mediante el operativo denominado “Rápido y Furioso”.
Dicho operativo fue planeado por el gobierno de Estados Unidos, a través de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), durante el gobierno del presidente Barak Obama y del entonces vicepresidente Joe Biden, los que contaron con la anuencia del gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El citado operativo, ocurrido en el 2009, tenía como finalidad desentrañar las redes ilegales del tráfico de armas bajo las que operan diversos carteles de las drogas, a fin de poder desarticularlas. Pero, el operativo no resultó eficiente y la mayoría de esas armas terminaron en poder miembros de los carteles de las drogas ajenos a los que inicialmente se investigaba.
En forma inicial, el operativo “Rápido y Furioso” –dice una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR)- se diseñó para observar, desde los aparatos de inteligencia de México y Estados Unidos, la movilidad de armas de fuego dentro del territorio mexicano. El cartel electo para ese experimento de inteligencia internacional fue el de Sinaloa.
Más de 2 mil 670 armas de fuego, principalmente rifles de asalto Ak-47, pistolas .9 milímetros y hasta lanzagranadas, fueron vendidas clandestinamente a compradores del Cartel de Sinaloa, pero posteriormente esas armas, como efecto del el mercado negro, llegaron a miembros de otros carteles, entre ellos el de Juárez, de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, del Golfo y de Los Zetas.
Así fue que a causa del fallido operativo “Rápido y Furioso”, a lo largo de 12 años de transitar delictivo –pasando de mano en mano de criminales-, las más de 2 mil 670 armas de fuego que introdujo ilegalmente el gobierno norteamericano a suelo mexicano, ya ha cobrado al menos la vida de 144 personas.
En circulación, la mayor parte de las armas
De las más de 2 mil 670 armas que fueron introducidas ilegalmente a México por Estados Unidos, solo se han podido recuperar 756 de ellas. El resto, por lo menos mil 914 armas, todavía están en circulación, presuntamente en manos de miembros de diversos grupos delictivos, lo que potencialmente sigue siendo un riesgo a la seguridad de los mexicanos.
De las 144 muertes que se han podido documentar, que fueron causadas por las armas de fuego introducidas a México a través del operativo “Rápido y Furioso”, se sabe que así fue porque las balas disparadas por esas armas o las armas mismas fueron encontradas en escenas del crimen.
Sin embargo, hay asesinatos, al menos en el 8 por ciento de los más de 180 mil 692 que se han registrado por arma de fuego –ocurridos entre el 2009 al 2021-, en donde no se precisa la existencia de balas o armas de fuego en las escenas del crimen, por lo que no se puede saber si en esos homicidios hubo o no el accionar de alguna de las armas introducidas por el operativo “Rápido y Furioso”.
Lo que sí es un hecho es que las armas de “Rápido y Furioso” fueron accionadas en los asesinatos en grupo, conocidos como La Matanza de Salvárcar, donde perdieron la vida 17 personas; La Matanza de San Fernando, donde fueron ejecutados 72 inmigrantes; la Matanza del Bar Sabino Gordo, donde asesinaron a 20 personas, y en la Matanza del Bar El Encanto, donde literalmente fusilaron a tres personas. Todos estos hechos fueron atribuidos al crimen organizado.
Las Matanzas, una a una…
En la Matanza de Tlatlaya, donde fueron ejecutados por miembros del Ejercito Mexicano 22 presuntos miembros del Cartel de La Familia, y en la Matanza de Apatzingán, donde elementos de la Policía Federal Preventiva asesinaron a nueve personas, alguna de las armas que se accionaron contra las fuerzas federales, eran de las que entraron al país como parte del operativo “Rápido y Furioso”.
A estos asesinatos grupales se suman también los homicidios de dos agentes de la policía norteamericana: Bryan Terry, agente de la patrulla fronteriza (Border Patrol), y Jaime Zapata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el asesinato de Mario González Rodríguez, un hermano de la entonces procuradora de Justicia del Estado de Chihuahua.
A la lista de mexicanos asesinados con armas introducidas intencionalmente por el gobierno de Estados Unidos a México, se suman las de los periodistas mexicanos Erik Bolio López, Javier Valdez Cárdenas, y del hondureño Edwin Rivera Paz, asesinados en el trayecto del 2017, así como la de los periodistas, también mexicanos, Jose Guadalupe Chan, Luis Pérez García y Arturo Porcallo Aguiluz, ejecutados en el 2018, y Reynaldo López, ejecutado en el 2019.
La Matanza de Salvárcar fue una ejecución, atribuida al grupo delictivo de La Línea, el brazo armado del Cartel de Juárez, que ocurrió el 31 de enero del 2010, cuando 60 estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 128 se encontraban departiendo en un convivio escolar, en la un domicilio de la colonia Villas de Salvárcar, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ya caía la tarde cuando hasta el lugar arribó un comando armado, de aproximadamente 20 hombres que viajaban en siete camionetas, los que solo por sí abrieron fuego contra los estudiantes. En el lugar perdieron la vida 15 estudiantes y otros 10 quedaron heridos. En el hospital perdieron la vida otros dos estudiantes.
Las averiguaciones policiales establecieron que por lo menos 183 balas de 5 armas accionadas contra los estudiantes, correspondían a rifles Ak-47 que estaban registradas en los documentos confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dirigida entonces por Genaro García Luna, el que dio su anuencia para que dichas armas fueran introducidas clandestinamente al país, dentro del operativo “Rápido y Furioso”.
También al menos tres rifles de asalto Ak-47 -que dispararon al menos 120 balas- registrados dentro del operativo “Rápido y Furioso”, fueron accionados en La Matanza de San Fernando, la que ocurrió entre el 22 y 23 de agosto del 2010, en el ejido de El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas.
En esa ocasión las víctimas fueron 72 personas migrantes que habían sido secuestradas previamente por el Cartel de Los Zetas, cuyos integrantes terminaron por hacer un fusilamiento masivo porque las víctimas se negaron a participar o ser reclutados como activos del cartel para diversas actividades delictivas.
Por otra parte, el 23 de septiembre del 2015, un comando del Cartel del Golfo arribó hasta el Bar Sabino Gordo, ubicado en el cruce de las calles Villagrán y Carlos Salazar, en el centro de Monterrey, en donde ejecutaron a mansalva a 20 personas, la mayoría de ellas eran empleados. De acuerdo a la versión oficial emitida en su momento, la ejecución se cometió porque el dueño de ese establecimiento se negó a establecer allí un centro narcomenudeo.
De acuerdo a las investigaciones, el comando del Cartel del Golfo accionó, entre otras armas, al menos cuatro rifles Ak-47, que dispararon por lo menos 79 balas, que cobraron la vida de seis de las 20 víctimas. Esos cuatro rifles de asalto utilizados en la masacre estaban también registradas dentro del operativo “Rápido y Furioso”.
Allí mismo, en Monterrey, el día 18 de junio del 2011, un comando del Cartel de Los Zetas atacó el Bar el Encanto, ubicado también en la zona centro de la esa ciudad. En el hecho perdieron la vida tres personas y otras cinco resultaron heridas. El atentado se debió a una disputa del Cartel de Los Zetas con el Cartel del Golfo, que ambicionaban ese centro nocturno para el tráfico de drogas al menudeo.
En el lugar, según establecieron las investigaciones, fueron accionadas al menos un rifle Ak-47 y dos pistolas .9 milímetros de las que estaban registradas dentro del operativo “Rápido y Furioso”, con las que se les privó de la vida a dos de las tres víctimas mortales que dejó el atentado.
¿Armas sembradas?
También las armas de “Rápido y Furioso” se utilizaron en La Matanza de Tlatlaya, Estado de México, la que se registró el 30 de junio del 2014, cuando un grupo de soldados mexicanos ejecutaron a 22 civiles presuntos miembros del Cartel de la Familia. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares decidieron ejecutar a las víctimas cuando estas ya se habían rendido, luego de un enfrenamiento que se prolongó por espacio de dos horas.
En este caso las armas registradas dentro del operativo “Rápido y Furioso” no fueron utilizadas por los soldados, esas armas eran portadas y fueron usadas por algunas de las víctimas, las que atacaron a las fuerzas federales con al menos tres rifles Ak-47 y dos pistolas .9 milímetros, todas registradas como parte del armamento que envío el gobierno de Estados Unidos a suelo mexicano.
Un caso similar es también el de La Matanza de Apatzingán, Michoacán, ocurrida el 6 de enero del 2015. En esa ocasión, elementos de la Policía Federal Preventiva, bajo la coordinación de Alfredo Castillo Cervantes, agredieron a un grupo de 16 manifestantes que mantenían una protesta frente a la alcaldía de Apatzingán. En la refriega fueron ejecutadas nueve personas.
De acuerdo a la investigación del caso, algunos de los manifestantes que fueron abatidos fueron los que dispararon inicialmente a los elementos de la Policía Federal. Como elementos de prueba, el agente del Ministerio Público levantó al menos 32 balas que fueron disparadas por un rifle AK-47 y dos pistolas .9 milímetros, cuyo registro se contiene dentro de los archivos del operativo “Rápido y Furioso”. A la policía federal se le ha acusado de haber sembrado las balas disparadas supuestamente contra sus elementos.
Las víctimas indirectas de García Luna
Por lo que hace a los asesinatos individuales, se ha referido que el oficial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Brian Terry, quien fue asesinado el 14 de diciembre del 2010, fue abatido por disparos de al menos dos Ak-47 que fueron accionadas por su agresor Heraclio Osorio Arellanes, miembro del Cartel de Sinaloa, en hechos que ocurrieron en la zona de Mesquite Seep, en Arizona.
El también agente del gobierno norteamericano y elemento del ICE, Jaime Zapata, fue asesinado con dos Ak-47 del operativo “Rápido y Furioso”. Este agente fue asesinado y su compañero Víctor Ávila fue lesionado de gravedad, el 15 de febrero del 2011. La agresión fue cometida por un grupo del Cartel de Los Zetas, encabezado por Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”.
A la lista de homicidios con armas introducidas a México en forma intencional por el gobierno norteamericano, también se suma la de Mario Ángel Gonzalez Rodríguez, hermano de la procuradora de Justicia del Estado de Chihuahua, quien fue ejecutado con un rifle AK-47, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina, cerca de Ciudad Juárez, el 4 de noviembre del 2010.
También fueron ejecutados con armas de ese mismo cargamento, los periodistas Erik Bolio López, asesinado en Puebla, el 1 de mayo del 2017; Javier Valdez Cárdenas, ejecutado en Culiacán, Sinaloa el 15 de mayo del 2017 y Edwin Rivera Paz, periodista desplazado de Honduras, quien fue asesinado en Acayucan, Veracruz, el 10 de julio también del 2017.
La lista sigue: Jose Guadalupe Chan, fue ejecutado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 1 de julio 2018; Luis Pérez García, fue asesinado en la Ciudad de México, el 23 de julio del 2018; Arturo Porcallo Aguiluz, fue ejecutado en Taxco, Guerrero, el 28 de septiembre del 2018, mientras que Reynaldo López, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, 16 de febrero del 2019. Todos fueron privados de la vida con armas registradas dentro del operativo “Rápido y Furioso”.
Por eso, y como una forma de garantizar a las víctimas y sus familias el acceso a la justicia, el pasado 9 de mayo, la Fiscalía General de la República, solicitó y obtuvo de un juez de control la emisión de órdenes de aprehensión contra seis ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, quienes se encuentran presos, el primero en Estados Unidos y el segundo en la cárcel federal de Almoloya.
En la lista de inculpados por su participación en el trasiego ilegal e intencional de armas de fuego también se menciona al ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, también recluido –él de por vida- en una cárcel de Estados Unidos. A los tres, junto con otros cuatro ex funcionarios, se les busca fincar la responsabilidad no solo en trasiego de drogas, sino también en la comisión del delito de homicidio doloso en grado de participación.
