La privatización de los bajo puentes en CDMX: un mal negocio y tema urgente para Clara Brugada
El Gobierno de la Ciudad de México recibe como contraprestación de la utilización de 4 mil 325 metros cuadrados de terreno y 905.09 metros cuadrados de construcción la cantidad de $15,363.60 pesos en efectivo, desde hace más de 10 años.
Ciudad de México.- En la Ciudad de México, en la esquina que conforman las avenidas División del Norte y Río Churubusco, dentro de la Alcaldía Benito Juárez, llama la atención un espacio debajo del puente de Churubusco, que a simple vista pareciera público, pero que están encerrados unos 10 automóviles de lujo, clásicos y de colección, que llevan años estacionados y resguardados por una reja muy bien colocada, sujetada de las bardas, el piso y el techo que sostienen el puente vehicular que pasa encima de este lugar.
Estos autos llaman la atención de quienes transitamos por ahí, porque bien sabido es que, desde el 8 de mayo de 2013, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), presidida en aquel entonces por Simón Neumann Ladenzon, dueño de la inmobiliaria BAITA, empresario, socio y amigo del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien durante su gobierno en la Ciudad de México hizo negocios millonarios en conjunto con sus amigos de la Universidad.
Durante su gestión en la SEDUVI, Neumann Ladenzon consideró que los bajo puentes eran lugares inseguros, focos de infección, basureros, centros de comercio informal (hágase cara de fuchi), y que debía diseñar un programa para convertir estos espacios en lugares convivencia social y familiar, áreas comerciales y estacionamientos controlados. Entonces, el gobierno del Distrito Federal cedió 19 hectáreas de espacio público, por un plazo de 10 años a las empresas Operadora de Integración Urbana, SA de CV; Consorcio JIT, SA de CV, para administrar, usar y aprovechar los bajo puentes de la Ciudad.
Gracias a Simón Neumann Ladenzon y a Miguel Ángel Mancera, Ricardo Antonio Vega Serrador, millonario gasolinero ligado al robo de huachicol y lavado de dinero, ha sido llamado “El Zar de la gasolina”. A pesar de este mote y de la investigación abierta en la Fiscalía General de la República en su contra, el Zar gasolinero obtuvo una prórroga al Permiso Administrativo Temporal Revocable a título oneroso (exp. No. 2021/028-10/0-3/P1), para continuar usando, administrando y aprovechando 4 mil 325 metros cuadrados de terreno y 905.09 metro cuadrados de construcción, localizados tan solo en el bajo puente mencionado del que solicitamos información.
Con el pretexto de continuar con la preservación y regeneración de la superficie mencionada, y en beneficio del entorno e imagen urbana, a través de “la inversión privada necesaria para asegurar que el bajo puente esté dotado de un 50% de área libre para fines lúdicos, de esparcimiento o descanso; un 30% de área comercial construida y un 20% de área utilizable como estacionamiento” (de sus propios carros clásicos y de lujo, porque no es estacionamiento público); el gobierno de Claudia Sheinbaum renovó el contrato con la empresa Operadora de Integración Urbana, SA de CV, quien obtendrá ganancias por 10 años más, a partir del 30 de noviembre de 2021.
El Gobierno de la Ciudad de México recibe como contraprestación de la utilización de este espacio la cantidad de $51,212.00, pesos, la cual se divide en un 70% de pago en especie (a través del equipamiento, conservación y mantenimiento del 50% de la superficie permisionada destinada al área libre para fines lúdicos, de esparcimiento y descanso y el 20% del área utilizable como estacionamiento), y un 30% de pago en efectivo, es decir, el gobierno recibe tan solo $15,363.60 pesos en efectivo, según los datos emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, como respuesta a una solicitud de información, a través del director ejecutivo de Administración Inmobiliaria, Gerardo Merino López, quienes durante la gestión de Claudia Sheinbaum siguieron considerando estas concesiones un “buen negocio necesario” para la Ciudad.
Mediante su respuesta, Merino López asegura que el acto administrativo celebrado con la empresa Operadora de Integración Urbana, SA de CV no obliga a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Finanzas de la CDMX a indagar, analizar y verificar las características, ni a los dueños de los automóviles que se resguardan en el espacio en comento, lo cual quiere decir que a pesar de no ser un negocio jugoso o representativo en beneficio de los ciudadanos, tampoco les interesa saber si el espacio destinado a “estacionamiento” esté siendo subarrendado para estacionamiento privado o, en efecto, es aprovechado por los vecinos, o comercializado en su beneficio.
