A siglos de la Conquista, México es botín de empresas mineras transnacionales
La Reforma Energética, que hoy avala legalmente la entrega de la riqueza del país a extranjeros, comenzó a bosquejarse desde la administración de Carlos Salinas de Gortari como parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de “dar certeza” —se dijo en el discurso oficial—, a las inversiones extranjeras en México, principalmente a las de Estados Unidos y Canadá
A mas de 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán –ocurrida un 13 de agosto de 1521 a manos de la Corona Española-, en el México contemporáneo, en materia de propiedad de recursos naturales, las cosas no han cambiado mucho; a causa de la gestión poco nacionalista de los más recientes administraciones del gobierno mexicano, hoy la mayor parte del petróleo, gas, energía eléctrica y minas se encuentra en manos de corporativos extranjeros.
A causa de la Reforma Energética que se comenzó a fraguar desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y que fue apuntalada durante las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y que se materializó en el la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la propiedad del suelo mexicano y todos sus recursos ha sido entregada sin distingos a empresas de otros países.
Solo en lo que hace a la minería, en donde se puede evidenciar de manera más clara la política entreguista de los gobiernos neoliberales más recientes, México ha cedido su autonomía energética, la que por lo menos durante los próximos 60 años estará supeditada a las decisiones corporativas de empresas extranjeras, sin que exista –hasta el momento- la posibilidad de recuperar el dominio de los recursos entregados.
La Reforma Energética, que hoy avala legalmente la entrega de la riqueza del país a extranjeros, comenzó a bosquejarse desde la administración de Carlos Salinas de Gortari como parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de “dar certeza” —se dijo en el discurso oficial—, a las inversiones extranjeras en México, principalmente a las de Estados Unidos y Canadá.
Por eso no resulta extraño que la citada reforma hoy tenga como principales beneficiarias a las empresas mineras de Estados Unidos y Canadá, legítimas propietarias de casi 87% de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en los últimos dos años. Casi la tercera parte del territorio nacional hoy es propiedad de extranjeros.
Esa entrega es la que ha motivado el proceso de descomposición social que se vive en todo el país, donde el narcotráfico es el menor de los problemas si se compara con los otros conflictos sociales que acarrea la operación de las empresas mineras en el país. A diferencia del narcotráfico —que en teoría está organizado por delincuentes impulsivos y analfabetas, cuyo propósito es la violencia per se—, el sector minero resulta más perverso y peligroso al ser dirigido por sesudos “hombres de negocios”, con un poder ilimitado para corromper, donde el deseo es el saqueo completo de los recursos a costa de lo que sea.
Minería, más perversa que el Narcotráfico
Resulta más perversa la minería que el tráfico ilegal de narcóticos, porque el poder de visión del narcotráfico alcanza apenas para buscar el control de las fuerzas policiales del entorno local; el de los dueños de las mineras va más allá: ha alcanzado a secretarios de Estado y gobernadores, incluidos algunos jefes del Ejecutivo federal.
El caso más evidente es el del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el más firme impulsor de la entrega de concesiones mineras para las trasnacionales, principalmente de origen estadounidense y canadiense. Calderón benefició a estas empresas con más de 17 mil 670 concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.
En la administración de Enrique Peña Nieto, el número de permisos entregados a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos a favor de empresas de capital canadiense, las que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo sino que también generan conflictos sociales entre las comunidades que se oponen a su operación.
Las concesiones de minas que ha entregado el gobierno federal en los últimos dos años, sumadas a las que se dieron en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora están protegidas hasta durante 90 años, de acuerdo con lo que señala la Reforma Energética, y han permitido que en nuestro país se asienten 267 empresas mineras trasnacionales, a las que les pertenece la propiedad de todos los metales preciosos e industriales que puedan extraer.
La ambición por el saqueo completo de los recursos del subsuelo ha hecho que las políticas públicas de explotación de los recursos naturales en México sean cada vez más distantes de las necesidades de la población; de lo contrario, no irían al alza los conflictos comunales en torno a las minas que operan en el país.
El número de conflictos suscitados en torno a las minas ya llega a mil 488, de los que 72% obedece a despojo del suelo, 11% es por la disputa del agua, 7% es ocasionados por contaminación, el 6% por presencia de grupos armados, 2% por pago de regalías, 1% por deforestación y el otro 1%, por conflictos laborales.
Resulta una falacia lo que presume con insistencia el gobierno federal: que es uno de los mayores productores mundiales de metales preciosos e industriales; en realidad, la propiedad de esos recursos es única y exclusiva de las empresas mineras transnacionales.
Lo que no resulta falso, y que el gobierno federal mexicano se niega a reconocer y ni siquiera permite que se mencione en los medios de comunicación, es la estela de muerte, devastación y violencia que deja la minería en México, responsable directa de por lo menos 276 ejecuciones, 126 desapariciones forzadas y más de 11 mil desplazados.
Cárteles ligados a la minería
La estela de violencia y agresión que ha dejado la mayoría de las empresas mineras asentadas en nuestro país ha sido posible a partir de una siniestra alianza entre éstas y grupos del crimen organizado, que se han convertido en el brazo ejecutor de la política oscura de protección a los intereses mineros.
En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país las mineras han pactado alianzas con los cárteles de Sinaloa, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva, la Línea, los Zetas y del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas.
En los estados del sur, este y occidente del país —Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima— las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, a las que financian para resguardar sus intereses, y también para que vigilen, como guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del Estado.
El ejemplo más claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras, donde se suma la omisión del Estado, es el de Guerrero, donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado “Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense Goldcorp, la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí mismo se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, que sin empacho y viendo sólo por sus intereses, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, que pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata.
Es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en Michoacán, donde se ha optado por la integración de grupos de civiles armados, que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado y los cárteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras asentadas en el país, no queda a salvo ninguna: todas tienen en mayor o menor medida una relación de negocios con los cárteles, que han transitado silenciosamente del trasiego de drogas al nada despreciable —en términos económicos— negocio de la minería.
La transición de los cárteles hacia el negocio de la minería es entendible por una sola razón: es menos riesgosa y más rentable la extracción y comercialización de minerales que el desgastado negocio del tráfico de drogas. En los retenes que establecen los cuerpos federales de seguridad por todo el país jamás se ha sabido de la detención de camiones cargados con minerales, aun cuando estos van resguardados por hombres armados.
El gran negocio del Narco
El modelo de costo-beneficio es el rector en el comportamiento de los cárteles de las drogas dentro de la minería; de acuerdo con lo señalado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), sólo en México el mercado ilícito de las drogas genera utilidades anuales estimadas en 25 mil millones de dólares.
Pero el comercio de metales industriales, metales preciosos y minerales no metálicos, que además es una actividad legal y estimulada por el gobierno federal, genera una utilidad anual promedio superior a los 200 mil millones de dólares.
Incluso considerando que los cárteles de las drogas, mediante la prestación de sus servicios como brazo ejecutor de las mineras o mediante su intervención directa en la explotación de yacimientos, se quede sólo con 10% de los recursos que genera el sector, como lo establecen fuentes de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR), esos grupos ya están logrando una utilidad equiparable a la que obtienen por el trasiego de drogas.
Así, la inclusión de los cárteles de las drogas en el negocio de la minería les representa una forma rentable e inmejorable de subsistir, porque los riesgos de detención o ejecución de sus integrantes se reducen en forma considerable, lo que hace que las estructuras criminales mantengan nóminas de pago muy por debajo de las que se establecen cuando la encomienda es el trasiego de drogas, que conlleva un elevado riesgo de muerte o captura.
Por eso se entiende que en la actualidad casi todos los cárteles de las drogas, tanto los considerados de presencia nacional como los clasificados como “minicárteles” o “cárteles locales”, ahora se encuentren inmersos en actividades de explotación minera, con encomiendas que van desde vigilancia perimetral y seguridad a los transportes de carga hasta detección, control y ejecución de los “factores de riesgo” para las compañías.
Esa encomienda es lo que resulta en intimidación, desplazamiento y ejecución a los opositores de los proyectos mineros, que casi siempre son los defensores de la tierra, los líderes comunales, periodistas, defensores de derechos humanos o dirigentes de agrupaciones comunales de defensa de los recursos naturales.
La minería en México, de la forma en que actualmente se lleva a cabo, es considerada por diversas agrupaciones civiles como letal para las comunidades asentadas en las zonas ricas en minerales. No es fortuito que a lo largo de todo el territorio nacional no exista una sola mina en exploración o explotación que no lleve de la mano un conflicto social, por mínimo que sea.
Tierra de conflictos
Los conflictos provocados por las mineras no sólo son por la disputa del suelo con el objetivo de la apropiación de las riquezas subyacentes; son resultado de la disputa por el agua, la generación de residuos tóxicos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, la deforestación y la creación de condiciones adversas a la salud colectiva.
De acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno federal, en México se han otorgado 25 mil 425 permisos de exploración o explotación de minas, lo que genera mil 488 conflictos sociales, si se pretende ser exacto.
Tomando en cuenta sólo las localidades en las que se han dado desplazamientos forzados de la población, amenazas de muerte de los defensores de las tierra o asesinatos de los líderes comunales que se oponen a los proyectos, el total de conflictos sociales derivados de las minas se tendría que reducir a 782 en todo el país, lo que aún sigue siendo una cifra elevada.
Cabe señalar que la mayoría de esos 782 conflictos que se han podido documentar a lo largo de la elaboración de este texto —para lo que fue necesario un minucioso recorrido por todo el país—, en nada se compara con los que se registran en los países mineros de donde provienen las principales empresas a las que les han cedido la propiedad del suelo mexicano.
El ejemplo de esto es Canadá, un país con uno de los mayores potenciales mineros del mundo, en donde la legislación vigente obliga a las empresas a una exploración y explotación del suelo con absoluto respeto al medio ambiente y las comunidades asentadas en los entornos mineros.
En ese país, pese a la vastedad de sus recursos minerales, el gobierno sólo tiene entregados en concesión 479 permisos para la explotación minera, en los cuales sólo se reportan cuatro conflictos sociales, debido a disputas con la población, que exige la disminución de los índices de contaminación en el suelo, agua y aire. Allí no hay registro de muertes de defensores ambientalistas, mucho menos grupos poblacionales desplazados o líderes comunales amenazados de muerte por defender los recursos naturales.
En México, sin embargo, las mineras canadienses que actúan con pulcritud en su país no se comportan de la misma manera; en el territorio mexicano son las que manifiestan una mayor deshonestidad al momento de hacer la exploración y explotación de los recursos del subsuelo del que tienen prácticamente el monopolio.
Lo mismo sucede con las mineras estadounidenses, las segundas en cuanto al número de concesiones mineras en México. Estas firmas, ejemplares en su país, tampoco respetan la legislación federal mexicana en materia de cuidado al medio ambiente, mucho menos respetan la autonomía de los pueblos asentados en torno a los sitios de exploración o explotación, los que de manera frecuente se ven sometidos a la violencia que genera la ambición del capital.
Por eso, no es extraño que la mayor cantidad de conflictos en México se presenten casi exclusivamente en torno a las minas cedidas en propiedad a firmas de Canadá y Estados Unidos, y donde la autoridad federal mexicana es cómplice al privilegiar el interés económico de los grandes capitales frente al bienestar de la población, propietaria original de los recursos naturales en explotación.
La impunidad propiciada por el sistema de corrupción del gobierno mexicano, dentro de la que operan las mineras canadienses y estadounidenses, ha sido malamente aprovechada por otras firmas internacionales, como las chinas, argentinas, italianas, japonesas, australianas y peruanas que operan en el país, las que han recibido severos cuestionamientos sociales por sus niveles de contaminación y por causar enfermedades entre las comunidades aledañas.
Es imposible mirar a cualquier punto de extracción minera en México y no encontrar un conflicto social alarmante, donde la menor de las consecuencias de la voraz e irracional explotación mineral se expone en comunidades despojadas del agua o expuestas a condiciones intolerables de salud ambiental.
Mineras Chinas, en desgobierno
Pero si hay un ejemplo de mineras trasnacionales asentadas en suelo mexicano que actúan con total opacidad y que a parte del saqueo que representan son un atentado a los pueblos originarios, ese sin duda lo representa el sector minero de capital chino:
Las prácticas de China Mining Resources Group han sido cuestionadas en México, por el uso de grupos paramilitares para la custodia de las minas en explotación y por sus prácticas de desplazamiento poblacional, principalmente en la zona de Angangueo, Michoacán. En esa parte del país, sólo en 2016 fueron obligadas a abandonar sus tierras más de 30 familias que vivían en las inmediaciones de la mina Andrea y se quejaban de los efectos contaminantes y de devastación del suelo.
El desplazamiento —de acuerdo con las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán— fue forzado por grupos delictivos que se reconocieron como parte de La Familia Michoacana.
Otros proyectos mineros que tiene a su cargo China Mining Resources, y donde también hay quejas de los pobladores naturales de la zona sobre la devastación del medio ambiente propiciada por el consorcio, son la mina de San Javier, en Sinaloa, en donde se extrae oro y plata; Pisaflores, en Hidalgo, con reservas probadas de oro y plata para 20 años; La Chata, en Jalisco, también con beneficio de oro y plata; La Minita, en Coahuila, de donde se extraen anualmente más de mil 370 onzas de oro y 2 mil 670 onzas de plata; La Aguja, en Sonora, en donde se extraen oro, plata, cobre y plomo, y Santa Isabel, en Zacatecas, donde los beneficios son de plata, plomo y zinc.
Eurofro Mineral Group sólo tiene un proyecto minero en México: la mina Jalical, en Jalisco. Pero esta empresa es una de las que más actividad portuaria mantiene en Manzanillo, exportando embarques de materiales enriquecidos de hierro, cadmio, bronce y zinc, aun cuando la mina que tiene en explotación sólo cuenta con los permisos de extracción de oro y plata. Se presume que esta empresa realiza labores de compra de material en bruto a otras mineras establecidas en el país.
Cabe señalar que sobre esta empresa se abrieron investigaciones judiciales en 2014, cuando el gobierno federal tomó el control del gobierno de Michoacán, mediante la llamada Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, y se pudo conocer que La Familia tenía el control de las estructuras de gobierno en la entidad.
Las investigaciones abiertas contra esta empresa china, que fueron suspendidas a principios de 2017, apuntaban a la posibilidad de que la minera asiática tuviera convenios comerciales con La Familia y luego con Los Caballeros Templarios, a fin de posibilitar la compra de material enriquecido de hierro en esta entidad, que serían los volúmenes excedentes que estaban siendo exportados por Manzanillo. También se presume que esta empresa es una de las suministradoras de materia prima para la armera china Norinco, de lo que nunca quiso dar cuenta la empresa, pese a los requerimientos presentados por la autoridad federal en el tempo en que la mantuvo bajo escrutinio.
Harbor Mining es otra de las empresas chinas que operan en México y es de las más oscuras. No existe en el registro de proyectos mineros de la Secretaria de Economía, pero realiza sus operaciones por medio de dos subsidiarias mexicanas, Harbor Mining, S. de R. L. de C. V. y Harbor Mining Sapi, S. A. de C. V., a las que se le otorgó la concesión para la explotación de un yacimiento de manganeso en la comunidad de Tenango, del municipio zacatecano de Villa de Cos, donde comenzó operaciones en 2012 con una inversión de apenas 300 millones de dólares.
El proyecto minero tiene una producción mensual de más de 10 mil toneladas de material enriquecido de manganeso, todo lo cual se exporta a China. Este proyecto cuenta con reservas probadas para más de 20 años, de acuerdo con el registro minero de Zacatecas.
JDC Minerals tampoco aparece en la lista de proyectos mineros mexicanos de la Secretaria de Economía. Pero cuenta con una concesión otorgada por el gobierno federal para realizar trabajos de exploración en el cerro Aquiochuish, en el municipio de Zautla, en el norte de Puebla, concretamente en el predio denominado La Lupe, donde se le entregó en usufructo una superficie de más de 100 hectáreas que les fueron arrancadas a la comunidad, lo que ocasionó fricciones sociales.
Por ello los pobladores de Zautla han clausurado dos veces los trabajos de exploración, pero la minera no ha cejado en su empeño y pudo lograr el respaldo del gobierno federal para utilizar fuerzas oficiales que garantizaron la seguridad de los trabajos de investigación.
A la fecha, JDC Minerals inició los trabajos de ejecución de la mina, de donde se pretende extraer a diario más de 180 toneladas de materiales enriquecidos de oro, plata y cobre, que no serán procesados en México —se presume que en China— en donde se podrán extraer también los adheridos de plomo y zinc que contiene la tierra, por los cuales la minera no está obligada a pagar impuestos. Ni siquiera a declararlos.
Jinchuan Group Co. Ltd. trabaja en México de la mano de su subsidiaria canadiense Jinchuan Resources Ltd., que tiene a su cargo dos proyectos mineros de gran calado: el de Bahuerachi, en el municipio chihuahuense de Urique, y el de La Exótica, en Sonora. El primero se encuentra en desarrollo y el segundo aún se halla en su etapa de exploración.
En Bahuerachi la empresa china es propietaria del cuarto yacimiento más grande de cobre en México, donde también hay vetas de oro, plata y molibdeno, con una garantía de explotación de 30 años, tiempo en el que estima extraer las reservas probadas de más de 500 millones de toneladas de material enriquecido.
Sobra decir que aun cuando la minera oficialmente ha declarado su mayor interés en las reservas de cobre —que se estiman en más de mil 100 millones de toneladas—, su principal atención se podría centrar en las reservas de molibdeno —se estiman en más de 700 millones de toneladas—, que tienen un mercado seguro en la industria militar de China.
En el proyecto minero La Exótica, en el municipio sonorense de Cajeme, Jinchuan Group Co. Ltd. ha aplicado la misma táctica que utilizó con gran éxito en las minas de cobre y cobalto en la zona de Ruashi, en la República Democrática del Congo, y en la de cobre en la zona de Chibuluma, Zambia, donde mediante el uso de mercenarios obligó al desplazamiento de la población que se opuso a la operación de las minas.
En Cajeme, los grupos armados que se han puesto al servicio de la minera china son del Cártel de Sinaloa, del grupo Los Mazatlecos, a cuya cuenta ha corrido el hostigamiento contra los líderes comunales indígenas que han denunciado la devastadora presencia de la trasnacional.
En Cajeme, Jinchuan Group Co. Ltd., mediante la fuerza, se ha hecho de una superficie de más de 30 mil hectáreas en las que actualmente realiza trabajos de exploración; mediante una red de tráfico de influencias y sobornos, logró de la administración estatal, en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, el otorgamiento de por lo menos cinco concesiones para la extracción de agua de pozos profundos —que están vedados a nivel nacional—, con los que pretende sostener su actividad extractiva, sin importar que con ello reduzca el suministro del líquido a la comunidad urbana del municipio de Cajeme.
La operatividad de esta empresa china es tolerada por la administración federal: no ha emitido ninguna sanción contra la minera por la afectación ambiental que ya ocasionan sus trabajos de exploración, y ha borrado de los registros nacionales de minería la ubicación concreta de la zona que está siendo explorada por la empresa.
Por su parte, la china Rizhao Xingye Import & Export Co., no se aleja tampoco del esquema de oscuridad bajo el que operan las compañías asiáticas en México. Esta empresa trabaja por medio de sus subsidiarias mexicanas Paradox China y Paradox Xingye, gracias a las cuales logró la concesión para la explotación del yacimiento de cobre en la mina Jojue, en el municipio sinaloense de Los Mochis, de donde logra una extracción promedio de 3 mil 100 toneladas de cobre por año.
Sin embargo, sin que haya registro público de su actividad, también tiene bajo su dominio el proyecto Cuauhtémoc, en el municipio de La Huerta, Jalisco, donde se ha confrontado con los vecinos de la comunidad por la afectación ecológica que deja en la zona. En Jojue, la minera china aspira a la obtención de hierro, pero no ha declarado que la zona también cuenta con yacimientos de zinc, cobre y molibdeno.
Otro caso es el de Shaanxi Dongling Group, que se hizo de los proyectos mineros de Reyna del Cobre y Las Andreas, en el municipio sinaloense de El Fuerte, justo en el Triángulo Dorado. La minera se asienta en una región controlada por el Cártel de Sinaloa a la que no entran las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero, extrañamente, los empleados de la empresa que trabajan en la exploración de las minas, no son molestados por los grupos de civiles armados que mantienen bajo su control los caminos que llevan a la zona serrana del lugar. En esta parte del país se ha registrado la mayor cantidad de atentados contra los defensores de los recursos naturales; sólo en 2016 de ahí tuvo que salir una veintena de familias a causa de las amenazas de muerte vertidas por los grupos criminales.
En Las Andreas, Shaanxi Dongling se ha apropiado de más de 25 mil hectáreas y también tiene bajo su control el uso del agua de por lo menos cuatro vasos naturales. Como autoridad que es en la región, la minera ha otorgado concesiones a particulares para que exploten los bosques de la zona, sin importar que algunas de las regiones sean consideradas por los Rarámuri como sitios sagrados o zonas comunales de convivencia.
Con una inversión de casi 260 millones de dólares, Shaanxi Dongling echará a andar el proyecto extractivo de Las Andreas, que cuenta con una reserva probada de 1.5 millones de onzas de oro, al menos dos millones 500 mil onzas de plata y más de 120 millones de toneladas de materiales enriquecido de cobre, zinc y plomo.
La inversión realizada hasta el primer semestre de 2017 sólo se había aplicado a los trabajos de exploración, esperando la operatividad del proyecto para el primer semestre de 2018, cuando se pretende hacer de esa parte del país uno de los centros de mayor producción de oro, plata, cobre, zinc y plomo, tal como ya lo ha comenzado a hacer en la mina de Los Vasitos, en Sinaloa, de donde se extrae hierro con sólo una inversión de 20 millones de dólares, para obtener anualmente ingresos por encima de los 2 mil millones de dólares.
Esto ha sido gracias a que la zona en explotación ha tenido un crecimiento desmedido, directamente proporcional al índice de desplazamiento poblacional, donde la comunidad originaria se ha visto movilizada por las amenazas de los grupos del crimen organizado, identificados con células del Cártel de Sinaloa. La totalidad del hierro extraído en la mina Los Vasitos es enviada en bruto a la industria acerera china, en envíos complementados con material que se compra, sin ningún tipo de regulación, a grupos, empresas y particulares de Michoacán y Coahuila, donde también se presume la intervención de grupos del crimen organizado, a través de la comercialización de minerales en greña.
Shaanxi Dongling es otro ejemplo de la forma en que operan las mineras asiáticas en México: ninguna de ellas realiza trabajos de purificación de los metales en suelo mexicano. Es decir, ninguna minera china tiene plantas siderúrgicas en suelo nacional, lo que por un lado hace que los efectos contaminantes de esa industria no sean resentidos más allá de los trabajos de extracción, pero por otra parte eso también contribuye a que el gobierno mexicano no sepa en realidad la cantidad de materiales que extraen esas empresas, que exportan todo en bruto, generando un robo hormiga de otros minerales no declarados.
