Narco, el gran aliado de los mineros

El caso más evidente de la perversa alianza de las empresas mineras con el crimen organizado para contrarrestar las protestas contra sus proyectos ocurre en Michoacán. Ahí la empresa Ternium, que explota la mina de hierro más grande de México, se alió con los Caballeros Templarios para proteger sus intereses.

Las células del cártel inicialmente pactaron con Ternium garantizar la seguridad de la periferia de la mina —que extrae a diario más de mil toneladas de hierro—, operada por la subsidiaria Las Encinas. El objetivo era desalentar a los comuneros que insistían en el reclamo de regalías y que varias veces cerraron el acceso a las instalaciones. Ternium, en su afán por apagar la protesta social, también se valió de la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Así se desataron una serie de persecuciones y amenazas contra los líderes comunales que encabezaron las manifestaciones. Se llegó al asesinato de algunos de los defensores de la tierra que se habían tornado incomodos para la trasnacional; los homicidios de al menos cinco de esos líderes comunales han quedado impunes, pues en todos los casos las autoridades ministeriales de Michoacán desviaron las investigaciones asegurando que eran otros los móviles de los crímenes.

El caso más representativo es el de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado el 7 de diciembre de 2011 cuando se dirigía a una reunión para organizar una protesta contra Ternium. A José Trinidad lo ejecutó un comando en el predio Barranca de Los Reyes. Su cuerpo fue encontrado por marinos que hacía rondines de vigilancia en la zona y también ayudaban en las labores de vigilancia perimetral de la mina de hierro.

 José Trinidad de la Cruz, de 72 años, era el organizador del movimiento Marcha por la Paz, que en no menos de 15 ocasiones había tomado las calles del municipio de Aquila para denunciar la presencia de Los Caballeros Templarios como grupo de seguridad de Ternium.

 El cuerpo del líder comunal fue encontrado a bordo de su camioneta; presentaba cuatro impactos de bala de al menos tres calibres distintos. Tenía un disparo en la cabeza —el tiro de gracia— disparado por una pistola calibre .9 milímetros; en el pecho recibió un impacto de calibre .38 súper, y el hombro izquierdo tenía otros dos tiros de arma larga, del tipo del fusil AK-47, que comúnmente utilizan los grupos del crimen organizado.

 En la averiguación previa 215/2011-U que abrió el agente del Ministerio Público del fuero común, se estableció como principal línea de investigación un problema familiar: se dijo que el líder comunal tenía una disputa con otros ejidatarios por las colindancias de sus predios; en ningún momento se manifestó la posibilidad de que su homicidio fuera resultado de la confrontación directa con la empresa minera, a la que mantuvo en jaque con sus actos de resistencia.

 La alianza entre Los Templarios y Ternium también se evidenció en la persecución de Semeí Verdía Zepeda, líder comunal que se alzó contra la explotación irracional que ha perpetrado Ternium en Aquila. Semeí finalmente se convirtió en el comandante de los grupos de autodefensa en esa parte de Michoacán, donde “alguien” ofreció 500 mil pesos por su cabeza, lo que hizo que las células del crimen organizado buscaran cazarlo.

 Tras dos atentados en su contra, Semeí Verdía Zepeda, terminó encarcelado, acusado por el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, de haber robado dos rollos de alambre propiedad del gobierno municipal.

A ello se sumó la acusación del Instituto Electoral de Michoacán (iem) por delitos electorales, y una más, de la Procuraduría de Justicia, que lo responsabilizaba de un asesinato. Las acusaciones en su contra nunca prosperaron, pero lo hicieron pasar más de cinco meses en el penal David Franco Rodríguez, de Morelia, de donde finalmente salió absuelto.

 Llama la atención que la primera de las acusaciones contra Semeí Verdía proviniera del alcalde priista Juan Hernández Ramírez, quien luego habría de ser exhibido públicamente por una serie de fotografías en las que aparece reunido con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta; eso le permitió a la PGR abrir un expediente penal contra el edil por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio y encubrimiento, demostrándose posteriormente que él había ordenado en dos ocasiones los atentados contra Semeí Verdía Zepeda.

 De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el alcalde de Aquila era la conexión con las células del crimen organizado y directivos de Ternium, por lo que se había comprometido “a las acciones necesarias” para desarticular las manifestaciones contra la minera en esa parte de Michoacán.

 El alcalde fue tan celoso de su deber, que solicitó la presencia del Ejército para disolver la manifestación de comuneros que protestaba por la detención de Semeí Verdía, la que terminó con disparos de los militares contra la población civil y con la muerte de tres personas: Heriberto Reyes García, Melesio Cristiano y la niña de seis años Neymi Natali Pineda Reyes.

 Desde la federación se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre los tres homicidios. Todas las actuaciones fueron contra el edil, pero no se actuó contra los militares que dispararon ni contra los ejecutivos de Ternium, que supuestamente solicitaron el sofocamiento de la protesta de acuerdo con la declaración ministerial de Juan Hernández Ramírez.

 La colusión entre el crimen organizado y las mineras no se limita a Ternium y Los Caballeros Templarios. En Michoacán hay otro caso: el de la empresa Minera del norte S. A., que opera las minas de hierro El Conejo, Palos Bobos y Pinalopa, en Tepalcatepec y Coalcomán.

 Desde hace al menos cinco años Minera del norte S. A., subsidiaria de Altos Hornos de México —a la que envía el hierro extraído en Michoacán para su refinamiento a la planta de Minerales Monclova S. A. (Mimosa), propiedad de Alonso Ancira—, ha venido pagando al cártel de Los Caballeros Templarios dos dólares por cada tonelada de hierro que logra extraer. Los pagos se hacen en función del “servicios de seguridad” que las células del cártel hacen para la empresa.

Este hecho fue denunciado en su momento —mediante actas circunstanciadas presentadas al comisionado para la Seguridad y el desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo— por quien fuera vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, quien dijo que los fondos aportados por la minera para el crimen organizado son “lo que le ha permitido al cártel de Los Caballeros Templarios mantenerse activo”.

De acuerdo con las cuentas hechas por Mireles Valverde, Los Caballeros Templarios recibirían una suma cercana a los 20 mil dólares semanales, algo así como 400 mil pesos al tipo de cambio promedio de 2017.

 Otra empresa que ha comprado los servicios (siempre según las versiones de los autodefensas) no sólo de Los Caballeros Templarios sino de otros grupos delincuenciales que actúan en Michoacán —como La Familia Michoacana, La nueva Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco nueva Generación y la Tercera Hermandad (H3)—, es Mittal Steel, que trabaja las instalaciones que alguna vez fueron de la paraestatal Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de la trasnacional Pacific Coast Miner, mantienen minas en activo y trabaja en por lo menos una docena de proyectos de exploración.

Todos los cárteles en el negocio

 Si se ha de creer a las fuentes consultadas y a la observación directa de la violencia, a nivel nacional la lista de empresas trasnacionales que se valen del crimen organizado para la protección de sus intereses es larga; el recuento llegaría a por lo menos 915 regiones de todo el país, donde la protección de los intereses de los corporativos mineros posiblemente recaería en células de los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel el Golfo, el Cártel de Jalisco nueva Generación, el de Sinaloa, Guerreros Unidos y el de los hermanos Beltrán Leyva.

 Otro ejemplo se da en la región de Ixtacamaxtitlán, en el norte de Puebla: la empresa Almaden Minerals Ltd., por medio de la subsidiaria Compañía Gorrión S. A. de C. V., descubrió el yacimiento de oro más grande —y uno de los más importantes de plata— de México, en la cuenca alta del río Apulco, sobre una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec; tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.

 En esa localidad, los opositores al proyecto minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas con el respaldo de los gobiernos locales, los que han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.

 La práctica de hostigamiento contra quienes se oponen a las minas de Almaden Minerals Ltd., no se ha limitado a la zona de Ixtacamaxtitlán, también se ha denunciado la presencia del crimen organizado en los municipios poblanos de Libres, Zautla, Ahuazotepec y Xicotepec, donde la minera de capital canadiense realiza proyectos de exploración ejecutables en los próximos cinco años, en algunos casos con la participación de la poderosa empresa canadiense Goldcorp.

 En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde Goldcorp explora la mina La Preciosa, se ha intensificado también el fenómeno de hostigamiento social. En esta localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos diarios a cambio de respetar vidas y propiedades. Obviamente el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.

 El mismo fenómeno ocurre en Tlatlauquitepec, Puebla; desde 2014 la federación ha entregado concesiones para la exploración y explotación de nueve minas de oro, plata, cobre, zinc, plomo y manganeso en casi la mitad del territorio de esa localidad, a cuyos habitantes se les ha dicho que los proyectos mineros serán para impulsar el desarrollo de la zona y mejorar su condición económica.

 Con la llegada de las mineras a Tlatlauquitepec, ocho canadienses y una china, también llegaron los grupos del crimen organizado que han amenazado a los opositores y los han forzado a desplazarse. La delincuencia se hace presente entre los vecinos de este municipio con actos de intimidación cada vez que hay manifestaciones públicas de repudio a la  exploración minera de la zona, la cual se realiza en una superficie de casi 10 mil hectáreas.

 Los vecinos de Tlatlauquitepec han denunciado que comandos, a veces acompañados por la Policía Municipal, se han convertido en emisarios de las empresas mineras para disuadir las protestas; en al menos tres ocasiones se han tenido que suspender las manifestaciones por las amenazas a los dirigentes del movimiento.

 Aquí es el grupo Ferrominero S. A. de C. V. el de mayor presencia. Tiene dos concesiones para explotar hasta 50 años cualquier yacimiento de metal encontrado en una extensión de 915 hectáreas, dentro de los predios identificado como a Atexaco III, Guadalupe y Guadalupe II, con permisos oficiales que fueron entregados sin importar que en la zona haya población rural.

 La Compañía Minera Autlán, subsidiaria del grupo Ferrominero S. A. de C. V., también obtuvo dos concesiones para la explotación del subsuelo de Tlatlauquitepec; se le otorgó derecho de dominio sobre los predios La Galera, Tecopizacta, Calatepec y El Canal, donde se asentaban varias familias, al menos una docena, que finalmente han sido desplazadas por la extorsión y las amenazas de secuestro del crimen organizado, que llegó a cobrar “derecho de piso” a razón de dos pesos por persona.

 Los predios conocidos como La Joya y La Joya I, en las inmediaciones de los poblados de Tlatlauquitepec, Acamalotla y Tepeícan, ricos en zinc, plomo y cuarzo, fueron entregados en concesión a la minera Mexican Silicates S. A. de C. V., donde se permite la explotación de cuarzo y zinc y “toda sustancia permisible que se encuentre en el subsuelo”.

 Frente a la resistencia de los vecinos, que se niegan a la entrega de sus predios y viviendas, surgió el llamado Grupo negro, un comando que vela por los intereses de la minera y que en primera instancia “dialoga” con los inconformes, luego amenaza y finalmente ejecuta a los opositores, según han denunciado integrantes del Movimiento por Tlatlauquitepec.

 A Minas Santa Martha S. A., el gobierno federal le otorgó la concesión para explorar y extraer todo el oro, plata, cobre, plomo y zinc del predio conocido como Macuilquila, donde también hay un manto profundo de gas, por lo cual no se descarta que se use la técnica de fractura hidráulica, lo que ha provocado el rechazo de los vecinos. En respuesta, células de Los Zetas han comenzado a realizar recorridos nocturnos para “con vencer” a los pobladores de los “beneficios del proyecto”; esto ha generado un lento éxodo, reconocido por la autoridad municipal como “un fenómeno de migración hacia Estados Unidos, de familias que buscan una mejora económica”.

 En esta misma localidad de la Sierra norte de Puebla, la empresa Real de Gemas S. A. de C. V., tiene permiso para explotar el predio denominado Paraíso, en el cual se ha declarado el denuncio de reservas probadas de oro, plata, cobre, plomo y zinc por más de 15 años. La minera también se ha valido de grupos del crimen organizado para empujar a la población a irse.

No es fortuito que en los últimos dos años se hayan incrementado, según datos de la Fiscalía General del Estado, los delitos de secuestro y extorsión a razón de 12 denuncias por mes. Los habitantes de esta parte del municipio de Tlatlauquitepec no sólo se han opuesto a la exploración y explotación minera, sino también a las intenciones de construir una hidroeléctrica en Tahictic, comunidad del municipio de Zacapoaxtla, obra que eventualmente dejaría sin agua para uso doméstico a cerca de 20 mil personas.

 El conflicto social en torno a las minas se agrava con el silencio de la autoridad estatal poblana y el desplazamiento forzado de la población no es reconocido por el gobierno federal. Ni por error se menciona la posibilidad de que detrás de los grupos criminales esté la protección de los intereses de las mineras.

 La zona norte de Puebla se ha convertido en un foco rojo de violencia. Oficialmente se sabe que en los municipios poblanos que limitan con Veracruz las células actuantes pertenecen a los cárteles de Los Zetas y del Golfo, pero la región ni siquiera está considerada zona de producción de drogas ni es paso para el trasiego de éstas hacia la frontera norte, por lo que especialistas del Centro de Investigación y Seguridad nacional (Cisen) no conocen una causa que justifique ahí la intensa actividad del crimen organizado.

 Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado revelan que el mayor índice de violencia —extorsiones, secuestros, lesiones y cobros de piso— se da en las regiones de la zona norte de Puebla: Ixtaca, Rosa, Torrerillo, Zapotec y Tuligtic, donde se asientan precisamente las minas con esos nombres, toda propiedad de Almaden Mineral Ltd., que explora los yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.

También los índices de violencia se han disparado en los últimos dos años en la zona de la Caldera, donde Almaden Mineral Ltd., de la mano de la subsidiaria Windstorm Resources, hace labores de exploración en el yacimiento de oro y plata que se encuentra en la zona. Lo mismo ocurre en el predio conocido como La Preciosa, donde se ubicará la mina del mismo nombre, sitio que es una gran reserva de oro y plata y que los vecinos se niegan a entregar.

 La región de Pórfido, también en la zona norte de Puebla, está catalogada por la Fiscalía General del Estado como sitio de violencia, pero lo único extraordinario que ha ocurrido en esa región en los últimos cinco años es el hallazgo de un yacimiento de oro, concesionado a la minera Minaurum Gold Inc., la cual se ha confrontado con los pobladores de la región.

Lo mismo ocurre en el sitio del Cerro de los dolores, donde las mineras Starcore International Mines y Goldcorp iniciaron hace dos años la exploración de un banco de plata, plomo y zinc. Caso similar es el de la región de La Lupe, en la comunidad de Zautla. La empresa china Jdc Minerals insiste ahí en la exploración de un yacimiento de oro y tiene el permiso federal para hacerse de los predios particulares que se extienden sobre el yacimiento.

 Y esa violencia no es privativa de Michoacán o Puebla. Se extiende a entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca, donde tienen proyectos operativos al menos 15 mineras, muchas de ellas subsidiarias de la canadiense Almaden Minerals Ltd.

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