Junto con María del Rosario Navarro-Sánchez, fueron acusados Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años de edad y Gustavo Castro-Medina, de 28 años, ambos de origen mexicano, quienes están señalado de contrabandear y transportar inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios.
Se prevé que se viole el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos y la opacidad total de los procesos penales, como ocurrió en Perú y en El Salvador, donde el Poder Ejecutivo controló totalmente el sistema de justicia, hubo detenciones masivas y juicios masivos ante tribunales civiles y militares sin rostro. En México, los jueces sin rostro llegan enmedio de la militarización de la seguridad pública, la estrategia de combate a los cárteles del narcotráfico, donde las Fuerzas Armadas decidirán quiénes podrán seguir su proceso en libertad y demostrar su inocencia, teniendo como escenario los megaproyectos de infraestructura y políticas económicas neoliberales de AMLO y Claudia Sheinbaum, como ocurrió en dichos países latinoamericanos. Si bien el argumento de implementar los jueces sin rostro en procesos penales que involucran a la delincuencia organizada es para proteger su integridad y seguridad, hay juzgadores en nuestro país que ya trabajan para cárteles del narcotráfico, y existen perfiles de candidatos a jueces en esta elección judicial cercanos a narcotraficantes y a organizaciones criminales.
La tesis de que el litio es el nuevo becerro de oro que hace que salive la nueva clase política y empresarial mexicana, tiene un sustento. Igual que a la vieja usanza –cuando el Estado mexicano nació como un comité facilitador de negocios- hoy se siguen dando facilidades para amasar nuevas fortunas a partir de la entrega de la riqueza nacional.