Hijos de AMLO piden amparo: entre la suspensión de capturas y la polémica mediática
Una jueza en Zacatecas, María Citlalli Vizcaya Zamudio, concedió la llamada “suspensión de plano” y de oficio para los quejosos, lo que implica una protección inmediata contra esos actos reclamados, incluso si ya hubieran comenzado. La suspensión obliga a que, en caso de que alguno de los señalados esté siendo detenido sin orden, se proceda a su liberación
Por. J. Jesús Lemus
Ha generado revuelo judicial y mediático la noticia de que Andrés Manuel López Beltrán “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, figuran entre un conjunto de al menos 16 personas para quienes un ciudadano presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, según el expediente 2098/2025).
El recurso jurídico tiene por objetivo que se les proteja ante eventuales órdenes de aprehensión, incomunicación, privación de la vida o desaparición forzada. Se afirma que la demanda fue presentada electrónicamente el 16 de septiembre de 2025 por un ciudadano identificado como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald.
Una jueza en Zacatecas, María Citlalli Vizcaya Zamudio, concedió la llamada “suspensión de plano” y de oficio para los quejosos, lo que implica una protección inmediata contra esos actos reclamados, incluso si ya hubieran comenzado. La suspensión obliga a que, en caso de que alguno de los señalados esté siendo detenido sin orden, se proceda a su liberación.
El amparo también incluye una fianza de 10 mil pesos para hacer efectiva la suspensión, y en su resolución se fijaron fechas: el 24 de septiembre para que los hijos de López Obrador ratifiquen si aceptan o no el amparo en su favor, y el 28 de octubre se celebrará la audiencia constitucional en donde se discutirá el fondo del asunto.
Niegan el hecho
Sin embargo, los hermanos López Beltrán han negado categóricamente haber promovido dicha demanda de amparo. Según su comunicado, ni “Andy” ni Gonzalo presentaron la solicitud y aseguran que se trata de una operación de medios y de “difamación”.
Afirman que la solicitud fue hecha por personas ajenas, que no cuentan con su firma ni su consentimiento, y pidieron que el Poder Judicial investigue el origen de la demanda.
El trasfondo: “huachicol fiscal”
El contexto del amparo se relaciona con investigaciones que señalan una red de contrabando de combustible que se ha dado en denominar como “huachicol fiscal”, presuntamente involucrando autoridades en aduanas y la Secretaría de Marina, entre otras entidades.
Aunque hasta ahora no hay confirmación pública de una orden activa de captura en contra de los hijos de López Obrador, los documentos judiciales muestran que la medida de protección fue otorgada como prevención frente a posibles acciones que puedan derivarse de esas investigaciones.
El caso plantea varios elementos de interés:
Presunción de inocencia vs. posibles abusos: El amparo funciona como garantía de protección ante violaciones de derechos humanos —como detenciones arbitrarias, incomunicación o desapariciones forzadas— aun cuando no haya cargos formales. Implica que cualquier autoridad que actúe en esos términos podría ser obligada a respetar procedimientos legales y garantías constitucionales.
Problemas de legitimidad de la demanda: Que los señalados rechacen la autoría del trámite introduce dudas sobre la veracidad, sobre quiénes están detrás, y sobre la responsabilidad del Poder Judicial de verificar que estos amparos no se utilicen de forma improcedente.
Impacto mediático: En escenarios políticos polarizados, noticias como esta se convierten rápidamente en piezas de narrativa que pueden afectar percepciones públicas, tanto del exmandatario como de sus hijos, así como de las instituciones encargadas de investigar corrupción.
Mientras, la audiencia constitucional pautada para octubre definirá si el amparo procede de forma definitiva, el episodio ya de por sí remarca tensiones estructurales: la necesidad de transparentar procesos judiciales, proteger derechos fundamentales, y al mismo tiempo evitar que mecanismos legales sean manipulados para fines políticos o mediáticos. En este cruce de ley, política y percepción pública, la historia apenas comienza.
