Por. J. Jesús Lemus
En la estrategia de financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto no sólo participaron los dueños de empresas trasnacionales mexicanas. También representantes o socios de firmas internacionales de capital extranjero tuvieron pronta cabida, debido a las gestiones que hizo un personaje que Luis Videgaray incluyó en el equipo de finanzas de Peña Nieto: Emilio Lozoya Austin.
Este, por sus relaciones con inversionistas extranjeros, acercó al consorcio Odebrecht al entonces candidato presidencial y le facilitó comunicación con por lo menos medio centenar de grandes empresarios, principalmente del sector energético.
Emilio Lozoya Austin se abrió paso en la vida políticoempresarial gracias a la figura de su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien fue director del ISSSTE y luego secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.
En ese tiempo, Lozoya Thalmann, cuando su hijo Lozoya Austin apenas era un estudiante de Economía en el ITAM, gozaba de gran cercanía con su compañero Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, al que le pidió el favor de incorporar a su hijo al plano laboral.
Aspe Armella acogió a Emilio Lozoya Austin y lo colocó como analista financiero en la Secretaría de Hacienda, donde realmente hacía trabajos de análisis de riesgos de inversión que Pedro Aspe entregaba al sector empresarial.
Por sus habilidades para el análisis financiero, a Emilio Lozoya Austin lo recomendó Pedro Aspe como oficial de Inversiones en la unidad de Reservas Internacionales y Cambio del Banco de México, cuando lo dirigía Guillermo Ortiz Martínez.
A la par, Emilio Lozoya también se integró a la empresa particular de Pedro Aspe, Protego, donde se relacionó con Luis Videgaray y se entendieron. Por eso, con los años, Luis Videgaray lo incorporaría como asesor de la Secretaría de Finanzas cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
De modo que, al convertirse Enrique Peña en candidato presidencial del PRI, era natural que a Emilio Lozoya Austin lo incluyeran en el equipo de campaña. Lo asignaron, en apoyo de Luis Vega Aguilar, a la búsqueda de financiamientos del sector privado a la empresa política.
Emilio Lozoya echó mano de su experiencia en el trato con hombres verdaderamente capitalistas. Utilizó a su favor los lazos que tendió con empresarios internacionales cuando manejó diversos fon dos de inversión desde la iniciativa privada, a fin de invitarlos a invertir literalmente en la candidatura de Peña Nieto.
La clase empresarial arrodillada
Su gestión fue próspera; convocó a por lo menos 28 de los más importantes conglomerados industriales de México, América y Europa, a los que, a cambio de su participación en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña, le ofreció rentables negocios a futuro dentro del plan de enajenación de los recursos naturales del país, que ya se vislumbraba en el bosquejo de lo que sería la Reforma Energética.
Aparte de Odebrecht, la empresa brasileña de la que se han señalado aportaciones, a manera de sobornos, a la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya también consiguió fondos —que aún no queda claro si fueron sobornos o no— de parte de los consorcios Constructora Tzaulan, Sierra Oil & Gas, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, Grupo Nuvoil, Grupo BAL, Grupo Hosto, Grupo Diavaz, Desarrolladora Oleum, Marat International, Grupo Diarqco, Perfolat de México, Strata BPS, Consorcio Manufacturero Mexicano, Constructora Marusa, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales, Compañía Petrolera Perseus, Mercado de Arenas Sílicas, Grupo R, Grupo Alfa, Constructora y Arrendadora México, Cobra Instalaciones y Servicios de España, Grupo IDESA, Grupo Petro frontera, Monclova Pirineos Gas, S .A . de C.V., Construcciones y Ser vicios Industriales Globales, Grupo Topaz, Sierra Perote E&P, Citla Energy E&P, Servicios PJP4 de México, Sicoval MX y Nuevas Soluciones Energéticas A&P.
De manera coincidente, pero no extraña, todas estas firmas tras nacionales resultaron ganadoras en alguna de las rondas de licitación que entre 2015 y 2018 ofertaron la perforación de pozos tanto de petróleo como de gas, en suelo continental, aguas someras o profundas.
Su participación para explotar hidrocarburos a través de las licitaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrió justamente cuando el director de esta empresa era Emilio Lozoya.
Aunque poco se ha dicho, el dispendio de los recursos petrolíferos nacionales —que raya en la hipoteca del país—, efectuado a cambio del pago de los gastos de campaña de Peña Nieto, es por demás escandaloso.
Al cierre de 2020, según la información pública que emite la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de los 6 mil 928 pozos que aportan en forma diaria un millón 648 mil 900 barriles de petróleo crudo y/o 88 mil 73 millones de pies cúbicos de gas natural, por lo menos 48 .2 por ciento (3 mil 340) de ellos están concesionados al sector privado, y así será durante los próximos 50 años.
La maldita Inversión Extranjera Directa
Por eso se alardeó, de manera más que equivocada, que México, durante el sexenio del presidente Peña Nieto, fue el destino y nicho económico de decenas de grandes trasnacionales petroleras, que dejaron suelos como el de Irak, Venezuela, Kuwait y Arabia Saudita para establecerse en nuestro país.
Pero jamás se difundieron las condiciones oscuras en que se dieron esas inversiones, las cuales —no sobra remarcar— no dejan un solo peso en beneficio de las comunidades dueñas originarias del suelo de donde extraen los recursos, que siguen sumidas en la pobreza.
En este sentido, es necesario señalar que las concesiones de hidro carburos con las que se financió la campaña de Peña Nieto han costado la entrega de 88 mil 648 kilómetros cuadrados de suelo, superficie que ocupan los pozos de petróleo y gas natural y que es por mucho mayor a la que en conjunto tienen la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Tlaxcala y Colima.
Eso sólo en lo que hace a las concesiones petroleras, pero habrá que ver el despojo del territorio que han significado las concesiones mineras, otra forma de pago que se estableció durante el sexenio en cuestión.
Hasta diciembre de 2020, como efecto de la Reforma Energética, México fue el destino de 113 empresas internacionales provenientes de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Chile, Uruguay, Japón, Egipto y Catar.
Esas empresas, sin mayor miramiento y con el aval del gobierno federal, se adueñaron de una gran porción de tierra y de todos los recursos que contienen, incluida gran parte del agua, afectando la vida de comunidades indígenas y pueblos originarios, sobre todo en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco, los estados más maldecidos con riqueza de petróleo, porque esa riqueza sólo les ha dejado desplazamientos, persecución y asesinatos.
Fondos para Peña Nieto
Volviendo al financiamiento de la campaña presidencial de Peña, entre los acuerdos más importantes que, con la anuencia de Luis Videgaray estableció Emilio Lozoya Austin con el sector empresarial, que luego serían pagados con creces, destacan los que se hicieron con Alberto Baillères, Dionisio Garza Sada, Armando Garza Sada, Luis Vázquez, Mariano Hernández Palmeros, Alejandro Villarreal Martínez y Guillermo Gutiérrez Saldívar, a quienes técnicamente se dirigió la Reforma Energética.
En ellos se tuvo que haber pensado cuando se ideó la estrategia de la reforma estructural del marco jurídico nacional para concesionar los bienes energéticos del país, de lo contrario no se habrían beneficiado tanto.
El Grupo PetroBAL, S.A.P.I. de C.V., de Alberto Baillères, en socie dad con la estadounidense Fieldwood Energy LLC y sus subsidiarias Controladora PetroBAL, S. A. de C. V. y Prospección y Producción de Petróleo, S. A. de C. V., fue el ganador del área petrolera denominada Cuencas del Sureste, con una extensión de 58 kilómetros cuadrados, que incluyen los campos petroleros Ichalkil y Pokoch, con reservas de 68 millones de barriles de aceite ligero y 92 mil millones de pies cúbicos de gas, los cuales se compraron en 66 millones 600 mil dólares.
Al Grupo Topaz, de Dionisio Garza Sada, en contraprestación por su apoyo a la campaña, lo benefició Emilio Lozoya con la entre ga de cinco áreas de explotación petrolera, que fueron adquiridas a través de la subsidiaria Jaguar Exploración y Producción.
La primera de las zonas otorgadas a este consorcio tiene una extensión de 72 kilómetros cuadrados en la región TampicoMisantla, por la que se pagaron 46 millones 525 mil dólares, para la explotación de gas y aceite. La segunda está ubicada en Veracruz, en una extensión de 251 kilómetros cuadrados con reservas probadas de aceite y gas natural, por la que se pagaron 46 millones 525 mil dólares.
La tercera licitación ganada fue también en Veracruz,58 con una extensión de 232 kilómetros cuadrados, igualmente para la explotación de aceite y gas natural, por la que se hizo un pago a Pemex por 46 millones 525 mil dólares.
Las otras dos asignaciones para la explotación de hidrocarburos se ubican en Macuspana, Tabasco: por una de ellas, con una extensión de 95 kilómetros cuadrados, se hizo un pago de 52 millones 91 mil dólares;59 por la otra, con una extensión de 148 kilómetros cuadrados, se pagaron 46 millones 525 mil dólares.
Una más de las grandes beneficiadas con la Reforma Energética tras el acierto de invertir en la campaña de Peña Nieto fue la empresa Newpek, propiedad de Armando Garza Sada, del Grupo Alfa, con lo que este grupo incursionó en el campo de la explotación petrolera, pues hasta antes sólo lideraba el mercado de autopartes de aluminio, las telecomunicaciones y los alimentos refrigerados, con firmas como Nemak, Axtel y Sigma.
A través de Newpek, y en sociedad con el consorcio estadounidense Verdad Exploration, Armando Garza se hizo de dos de las reservas más importantes de gas natural, ubicadas en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas. Obtuvo la primera asignación ofertando un pago de 29 millones 826 mil dólares, con lo que se hizo propietario de todo el gas comprendido dentro de 163 kilómetros cuadrados. Por la segunda asignación, con un radio de 200 kilómetros cuadrados dentro de la misma cuenca, pagó 23 millones 560 mil dólares.
Respecto al Grupo Diavaz, a través de Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V., dirigido por Luis Vázquez, un hombre muy cercano a Peña Nie to, este ganó dos importantes contratos para la explotación de aceite y gas.
El primero se refiere a la reserva de Barcodón, en Tamaulipas, que tiene una extensión de 11 kilómetros cuadrados pero que cuenta con reservas probadas de 166 millones de barriles de aceite y 48 mil millones de pies cúbicos de gas; por esta se pagaron 208 millones 174 mil dólares.
El segundo contrato asignado al Grupo Diavaz es el de la reserva de aceite y gas en el campo Catedral, en Chiapas, donde por 201 millones 285 mil dólares se apropió de la explotación de una reserva de 37 millones de barriles de aceite y 717 mil millones de pies cúbicos de gas, comprendidos bajo una extensión territorial de 58 kilómetros cuadrados que alguna vez fueron de los mexicanos. En este negocio, Diavaz se asoció con la firma S&S Petroleum, S.A. de C.V.
La mano de Salinas
Las licitaciones que otorgó Pemex al Grupo Diavaz no habrían sido posibles sin la intervención de Emilio Lozoya quien, durante su gestión como director de Pemex, nunca se pudo quitar la influencia de Pedro Aspe Armella, el ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas.
La entrega de concesiones petroleras se hizo en dos vertientes: primero se premió a quienes apoyaron la campaña de Peña Nieto y después se atendió a una lista de recomendaciones que hizo Pedro Aspe al entonces director de Pemex.
El de Diavaz puede considerarse un estudio de caso: se trató de un corporativo que, además de participar en el pase de charola para la campaña presidencial, fue un recomendado de Pedro Aspe para que se le beneficiara con porciones de terreno petrolífero, pues no hay que olvidar que el corporativo Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. cuenta entre sus principales socios inversionistas con la firma Evercore Partners, que en realidad es un fondo de inversión de capital estadounidense entre cuyos principales dueños se encuentra precisamente Pedro Aspe Armella.
De igual modo, por la relación de Grupo Nuvoil con Pedro Aspe y su participación en el financiamiento a la campaña de Peña Nieto, no fue extraño que este corporativo obtuviera la concesión para explotar el campo de gas natural denominado BenavidesPrimavera, localizado sobre una extensión 172 kilómetros cuadrados, en Nuevo León, con reservas probadas de 190 mil millones de pies cúbicos de gas, por el que pagó 130 millones 546 mil dólares. Grupo Nuvoil explota esta concesión a través de su filial Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V., que opera en consorcio con Constructora Marusa, S.A. de C.V.
Por su parte, el empresario Alejandro Villarreal Martínez también fue compensado por su apoyo a la campaña de Peña Nieto. La empresa que dirige, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V., filial de Cotemar, S.A. de C.V., propiedad de Mario Dávila y María Cristina Lobo Morales, se adjudicó el campo petrolero Cuichapa Poniente, en el estado de Veracruz, con una extensión de 42 kilómetros cuadrados y reservas probadas de 453 millones de barriles de aceite y 472 mil millones de pies cúbicos de gas, por el que se hizo una oferta de 196 millones 557 mil dólares.
Esta adjudicación fue cuestionada en su momento por algunos de los empresarios que lícitamente participaron en el concurso, no sólo por la cercanía de Alejandro Villarreal con el director de Pemex, sino porque Cotemar, subsidiaria de Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V., desde el inicio de la gestión de Emilio Lozoya resultó una de las más beneficiadas con la asignación de contratos directos por más de 44 mil millones de pesos para la prestación de obras y servicios a Pemex, en una relación poco transparente, tal como ya había ocurrido con los directores de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús ReyesHeroles GonzálezGarza y Juan José Suárez Coppel, quienes en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón también le dieron a esta empresa utilidades por más de 5 mil 600 millones de pesos.
Finalmente, el Grupo IDESA, dirigido por Guillermo Gutiérrez Saldívar, a través de la subsidiaria Tonalli Energía, S.A.P.I. de C.V., se adjudicó —como segundo ganador— el campo petrolero de Tecolutla, Veracruz, que comprende una extensión de siete kilómetros cuadra dos, por el que se hizo una oferta, que Pemex aceptó, por el orden de 98 millones 343 mil dólares, a fin de hacerse de las reservas probadas de 8 millones de barriles de aceite y 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, que comenzaron a explotarse en junio de 2020 .
Este contrato que ofreció Pemex a IDESA, a través de Tonalli Energía, es de llamar la atención. Es la punta de madeja de la corrupción que luego se daría a conocer y que llevó a Emilio Lozoya Austin a enfrentar un proceso penal por sobornos, en el cual se reveló cómo la empresa Odebrecht —que, como se observa, no fue la única— ofreció financiamiento a la campaña del candidato Enrique Peña Nieto a cambio de beneficios económicos a través de la entrega de concesiones petroleras.
Y es que IDESA, que operó a través de su subsidiaria Tonalli Energía, está asociada mediante esta empresa con la firma canadiense International Frontier Resources, que a su vez mantiene relación de sociedad con la brasileña Braskem, la propietaria del complejo petroquímico Etileno XXI, una planta con un valor de más de 4 mil 720 millones de dólares, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde también tiene participación el consorcio Odebrecht.
Este consorcio brasileño es al que, en 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló por haber operado mediante sobornos en los ámbitos de influencia de varios gobiernos del mundo para hacerse de concesiones petroleras, entre ellos México, donde se ha establecido que aportó más de 10 millones de dólares a una red de lavado de dinero y delincuencia organizada en la que Emilio Lozoya fue uno de los principales actores y donde intervino con el obvio conocimiento de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, quienes fueron beneficiarios de gran parte del dinero sucio recaudado.
Puntos suspensivos…
A manera de colofón, hay que puntualizar que el escándalo de Odebrecht, en el capítulo que aún no se cierra, es uno de los más importantes, que no el único, de los que mantienen en vilo la comparecencia del expresidente Peña Nieto ante la justicia. Pero no sólo eso… El caso OdebrechtLozoya también ha salpicado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes de la Cuarta Transformación, Javier Jiménez Espriú, está vinculado con la trasnacional IDESA, ya que su esposa y su suegro tienen participación económica y directiva como socios.
Esa fue la razón por la que el presidente López Obrador solicitó la renuncia de su colaborador, hecha pública el 17 de julio de 2020 a través de una carta en la que Jiménez Espriú matiza su salida, argumentando diferencias de opinión con el presidente en torno al traslado al ámbito militar de “las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”.
