Por. J. Jesús lemus
Bajo el lema “Mover a México”, el gobierno federal de la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto fincó todos sus esfuerzos por hacer crecer la economía nacional –ese fue el discurso oficial- con base en la explotación de la riqueza del subsuelo; más allá de la entrega de concesiones mineras, el mayor sector que registró índices al alza fue el de los hidrocarburos.
El marco jurídico para posibilitar la entrega de la riqueza petrolera del país fue la llamada Reforma Energética, mediante la cual se posibilitó y legalizó la llegada de empresas trasnacionales del sector energético a nuestro país, a las que, pasando por encima de los derechos de los pueblos naturales, se les entregó en solo dos años más de 88 mil 648 hectáreas de suelo para la extracción de hidrocarburos.[1]
Las empresas energéticas que han llegado al país embonan a la perfección en la descripción que hace casi 100 años hizo el poeta zacatecano Ramón Lopez Velarde, cuando en uno de los 151 versos del poema “La Suave Patria” sentenció el sentido catastrófico de la riqueza petrolera de México, pues a la fecha pareciera que la bendición del petróleo con la que fue dotada nuestra nación es más bien un designio del diablo, por la cauda de destrucción y muerte que este deja al brotar.
Pero eso parece no ser visto desde la cúpula del gobierno, sin importar el régimen partidista que arriba al mando institucional, pues la nueva administración –aparentemente de izquierda, que pretende en su discurso un alejamiento de la política de derecha y centro que ejercieron los gobiernos del PAN y PRI-, no ha marcado diferencia en su política de promoción de la riqueza nacional.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheunbaum no han dado visos de querer poner un freno a la extracción petrolera; por el contrario, el nuevo gobierno parece seguir apostando al uso de los hidrocarburos como base de la política energética nacional, aun cuando el agotamiento de ese recurso se sabe próximo y puede no extender a un plazo mayor de cincuenta años.
No es profetizar sobre una apocalíptica visión del futuro que aguarda a cientos de comunidades, principalmente indígenas, en todo el territorio nacional de continuar con la política nacional de extracción de hidrocarburos. Solo es innegable la observación de que ese no es el futuro que buscan las comunidades naturales para sostener su forma de vida en plena armonía con el medo ambiente, como se los ha marcado sus propias cosmovisiones ancestrales.
Al cierre de esta investigación, de acuerdo a la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dependiente de la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal, en todo el territorio nacional existían 2 mil 482 pozos petroleros en suelo continental, más otros 136 pozos ubicados en el lecho marino del Golfo de México. Y todos, invariablemente de la extracción de petróleo crudo o gas natural, generan un alto impacto ecológico en su entorno.
De acuerdo a la información pública oficial que emite la CNH, de los 2 mil 618 pozos para la extracción de gas natural o petróleo crudo, casi el 45 por ciento de ellos fueron entregados en concesión para su explotación a empresas internacionales en los últimos tres años de la pasada administración, haciendo que México fuera el principal nicho económico de las grandes trasnacionales petroleras que dejaron suelos como el de Irak, Venezuela, Kuwait y Arabia Saudita para establecerse en nuestro país bajo condiciones de inversión inmejorables.
Así, hasta enero del 2025, México fue el destino de 113 empresas internacionales, provenientes de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Chile, Uruguay, Japón, Egipto y Catar, que indolentemente, con el aval del gobierno federal, se adueñaron de una porción del suelo y gran parte del agua de las comunidades indígenas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco, donde la resistencia social ha llegado a puntos álgidos.
Los Pozos del Diablo
De tal manera ha sido el control y precisión de la estrategia del gobierno federal para llevar a cabo la entrega de las últimas reservas de gas y petróleo, que para los grandes medios informativos nacionales y regionales ha pasado de noche las protestas que la población ha lanzado contras empresas como Atlantic Rim, California Resources, Cheiron Holdings Limited, Cobalt International Energy, y E&P Hidrocarburos y Servicios, entre otras que han iniciado exploraciones sin consulta previa en los territorios de las comunidades indígenas.
Tampoco los grandes medios informativos tradicionales han dado cuenta de la oposición que se ha alzado en algunos puntos del país en contra de las empresas Consorcio Manufacturero Mexicano, Dea Deutsche Erdoel, Galp Energía, Grupo Vordacab, Hunt Overseas Oil Company, Repsol Exploración México y Qatar Petroleum, que han lanzado sendos proyectos de exploración de gas natural mediante la extracción de fractura hidráulica, que amenaza con dejar sin agua a comunidades completas, más allá de la destrucción inherente al subsuelo que también afectará a la recarga natural de los mantos freáticos.
El problema de la apertura a la industria extractiva internacional de hidrocarburos que ha generado el gobierno federal con su Reforma Energética se observa perfectamente ejemplificado con lo que sucede en la llamada Cuenca de Burgos, en el municipio de China, Nuevo León, donde empresas como Nuvoil, Renaissance Oil, Sierra Oil, Diarqco, Cotemar y Petrobal, ya iniciaron trabajos de extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica.
El problema en esta localidad no es en sí la extracción de hidrocarburos, ni siquiera el daño que se ocasiona al medio ambiente, sino el agua que será destinada para la planta industrial y que tendrá que ser arrebatada a la población, donde el 13.9 por ciento de los más de 10 mil 864 habitantes no cuentan con servicio de agua potable en sus viviendas, los que de por sí ya son castigados con el arrebato de más de 510 millones 288 mil 546 metros cúbicos de agua que al año se les quita para suministrar el sistema de agua potable de Monterrey.
Con la operación de por lo menos 13 pozos de extracción de gas natural, algunos de los que ya comenzaron a operar desde el 2017, el suministro de agua ha comenzado a ser cada vez más escaso para la población, pues la operación de cada uno de esos pozos requiere de entre 200 a Mil 100 metros cúbicos de agua por año, para alcanzar los niveles de obtención de gas natural que oscilan entre los 250 y los 300 metros cúbicos por año.
De acuerdo a fuentes del gobierno municipal de China, Nuevo León, en los últimos dos años, apenas después de que comenzaron a operar las empresas petroleras en zona con los nuevos contratos otorgados por el gobierno federal, en esta localidad se ha registrado el desplazamiento de por lo menos 30 familias, que no pudieron soportar las sequía a la que fueron obligadas debido a la disminución de presión en el sistema municipal de agua potable.
[1] Comisión Nacional de Hidrocarburos, Tablero de Empresas Petroleras en México, https://portal.cnih.cnh.gob.mx/dashboard-empresas.php
