Por. J. Jesús Lemus
En Piedras Verdes, Sonora, Invecture Group y Frontera Copper Corporation engañaron a los vecinos: les aseguraron que la explotación de la mina de cobre —la cual ya era rudimentariamente trabajada por los propios habitantes de la localidad desde 1950—, traería beneficios económicos a la población, si se permitía que el sitio fuera explorado y explotado a gran escala. Ofrecieron mejorar la infraestructura urbana y pagar buenos dividendos a los vecinos —garantizaban riqueza para todos—; prometieron escuelas, un hospital, centros comunitarios y hasta una unidad deportiva, a cambio del permiso para asentarse en ese sitio.
Convencidos de que los representantes de las dos empresas hablaban con seriedad, los vecinos de Piedras Verdes acordaron en asamblea popular ceder los derechos de la mina conocida como El Cinco o Cobre de Mayo, pues a la oferta de mejora social a la población también agrega- ron que habría suministro suficiente de agua, tan escasa en esa parte de Sonora; los 48 ejidatarios, propietarios del suelo bajo el que se encuentra el yacimiento de cobre, cedieron al conocer la inmejorable oferta de desarrollo urbano para su localidad.
Con la aceptación de los pobladores de Piedras Verdes nació la minera Cobre de Mayo S. A. de C. V., que inició trabajos apenas una semana después de que los vecinos cedieron los predios. Fue cuando afloró la verdadera intención del consorcio minero: de entrada, el pozo que surtía a la población fue cancelado. Se suspendió el suministro con el argumento de que el agua estaba contaminada y era un riesgo para la salud.
Los predios cedidos en propiedad a la minera fueron cercados y se impidió el paso peatonal; el pueblo quedó fraccionando en tres partes. Se comenzó a instalar una red de alumbrado público, pero sólo comprendió el perímetro de lo que sería la mina. Se rehabilitó un camino, pero era el de acceso a la bocamina.
A la minera le resultó más barato comenzar a comprar las propiedades de cada uno de los habitantes de Piedras Verdes que vivían cerca del yacimiento. Primero lo intentó por convencimiento, alegando que la polución de la mina les impediría llevar la vida de tranquilidad que durante décadas habían tenido; después lanzó una “campaña de información” que alertaba sobre los riesgos a la salud, principalmente para los niños, por la presencia de sustancias tóxicas en el aire. Y finalmente llegaron las amenazas: grupos armados fueron a cada una de las casas para exigirles a los pobladores que abandonaran el lugar.
En febrero de 2005, mientras a los ojos de los pobladores de Piedras Verdes la infraestructura de la mina seguía creciendo, se suspendió en definitiva el suministro de agua. La minera hizo otras tres perforaciones de pozos profundos, pero fue porque su proyecto así lo requería. Y a los habitantes de la localidad no se les abandonó del todo: por gestiones de funcionaros federales y del gobierno de Sonora, se logró que la empresa entregara diariamente cinco pipas de agua para los 12 mil 472 habitantes.
El gobierno de Sonora, encabezado entonces por Eduardo Bours Castelo, fue claro con los vecinos inconformes: les ofreció la alternativa de reubicarse. Puso a disposición de los pobladores de Piedras Verdes vehículos de mudanza para quienes no quisieran quedarse a vivir en el sitio con las nuevas condiciones impuestas por las dos trasnacionales. El ser- vicio de mudanza, por cierto, se limitaba a un radio de 200 kilómetros. Cualquiera que quisiera ir más lejos tendría que pagar el combustible utilizado por el camión.
Apenas unas diez familias aceptaron la oferta de mudanza. Los demás vecinos optaron por quedarse, a sabiendas de que tendrían que vivir con la poca agua que les daba la minera, y con los consecuentes riesgos para la salud. Luego vino la depreciación de sus viviendas y predios. Cuan- do el consorcio dejó de comprar tierra —ya tenía la que le interesaba—, comenzó a empujar los precios a la baja.
De esa forma, Piedras Verdes, una localidad que intentaba ser incluida en el atlas turístico de Pueblos Mágicos, fue obligado a convertirse en un pueblo desangelado, seco y sin atractivos. Fue el primero de una docena de poblados a lo largo de todo el territorio nacional condenados a convertirse en pueblos fantasma.
Sin embargo, frente al problema social que se generó con el desplazamiento de la población necesitada del agua potable para su subsistencia, Cobre de Mayo S. A. de C. V., mediante convenios publicitarios con medios informativos de Sonora y algunos de la capital del país, lanzó una campaña de “información” sobre los beneficios que estaba dejando la actividad minera en esa localidad. decenas de reporteros, sin siquiera poner un pie en la localidad, dieron cuenta de “las bondades económicas” que dejaba la mina, desestimando las denuncias de los lugareños que señala- ban la forma en que habían sido engañados y desplazados.
Pese a la evidencia del deterioro en que sumió a Piedras Verdes, Cobre de Mayo S. A. de C. V. no tuvo empacho en reconocerse —en los medios de comunicación, con insertos publicitarios pagados— como “un ejemplo de la minería responsable en México”, aludiendo al reconocimiento tácito que le otorgó el gobierno federal en 2012, al no emitirle ninguna recomendación por afectación al medio ambiente. La minera fue reconocida en la administración de Felipe Calderón como “una empresa limpia y responsable con el medio ambiente y su entorno social”.
La campaña “informativa” de Cobre de Mayo destacó “la relación armónica que mantiene con el entorno, con su vecindad, con una presa que funciona con toda normalidad, y la convivencia con el turismo”. La perversidad en el manejo de la información por parte de algunos directivos de medios nacionales de comunicación, no dejó ver siquiera la inconformidad de los vecinos privados del agua.
También se engañó a la opinión pública, siempre en comparsa con algunos directivos de medios informativos nacionales, al señalar “la intensa interacción que mantiene (la minera) con la comunidad, dado que es un excelente vecino, una excelente fuente de empleo de calidad y un gran catalizador de la actividad económica en una zona que tenía pocas oportunidades de desarrollo”. En los medios no se dijo que a los vecinos de Piedras Verdes no se les cumplió la oferta de empleo, oferta hecha al negociar la cesión de derechos de los predios bajo los que se encuentra uno de los yacimientos de cobre más importantes de Sonora.
A pesar de ello, en la campaña de limpieza de imagen, Cobre de Mayo aseguró que “más de 10% de la población de Piedras Verdes colabora con la mina directa o indirectamente”. “[La minera] ha contribuido de mane- ra sensible a mejorar la economía en la región donde opera. Algunos datos relevantes de esta contribución son la creación de 720 empleos directos y 3 mil 600 indirectos, así como el desarrollo de proveedores locales”, publicaron algunos medios de comunicación. “En este sentido —siguieron los desplegados pagados—, existe un padrón de 150 contratistas de las comunidades vecinas que han fortalecido sus negocios gracias a la interacción con esta empresa minera. Asimismo, cabe resaltar que la mine- ría genera empleos de calidad en los que, en promedio, se paga 35% más que en otros sectores”.
ninguno de los medios informativos que aceptaron a ciegas el boletín pagado por la minera tuvo la honestidad periodística de constatar la realidad, pues los pocos empleos generados para los vecinos de esa localidad fueron tasados con salarios muy por debajo de los que establece el Sindicato nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana; ni siquiera se permitió la subcontratación por parte de terceras empresas, pero sí se permitió el empleo de menores de edad con jornadas completas de trabajo, en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, al no contar con el equipo de protección necesario.
Frente a esa realidad la minera destacó, siguiendo con su campaña publicitaria, el uso de la tecnología más moderna para cuidar el medio ambiente, presumiendo normas que “se apegan a los más estrictos están- dares nacionales e internacionales en la materia y que observan escrupulosamente las leyes y normas de seguridad ambiental”, asegurando estar pendiente de “la salud de los habitantes de las comunidades aledañas”, cuando esa misma empresa fue la que recomendó la salida de los vecinos de Piedras Verdes por el riesgo que implicaba la actividad en la mina de cobre. “El gran éxito de este proyecto minero —siguió la campaña de imagen— radica en el aval social que ha encontrado y que le permitió mover todo un pueblo para hacer posible la extracción minera con el apoyo de la comunidad”. Sólo en eso no mintió la trasnacional: en mover a un pueblo, pues efectivamente, todo el pueblo de Piedras Verdes fue desplazado de su sitio original.
