Por. J. Jesús Lemus / La Opinión de México
En un intento por desembarazarse del escándalo de Adán Augusto López Hernández y la red de Huachicol que este mantuvo en operación cuando fue secretario de Gobernación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha referido oficialmente que las redes del huachicol comenzaron en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Lo dicho por la presidenta Sheinbaum solo es una verdad a medias. Si bien es cierto que el delito del huachicol floreció durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en realidad ese fenómeno nació en el sexenio de Felipe Calderón, y se potencializó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Como quiera que sea, nada cambia la responsabilidad penal que sobreviene al ex secretario de Gobernación y hoy senador, Adán Augusto López Hernández, el que ha sido mencionado en por lo menos cinco declaraciones dentro de la carpeta que la Fiscalía General de la República está integrando por el delito de huachicol, como parte del proceso penal que se le instauró a Hernán Bermúdez Requena.
Adán Augusto López Hernández ha sido referido, por dos testigos protegidos de la FGR y en tres ocasiones fue mencionado por el propio Hernán Bermúdez Requena, haciendo alusión a que Adán Augusto, como gobernador, si sabía que su secretario de Seguridad era a la vez el jefe del Cártel de La Barredora, un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Tabasco.
Tal vez para que no se hable de la relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena, la presidenta ha tenido que echar mano de lo básico: distraer con la culpa en el pasado. Por eso ha referido oficialmente que el huachicol no nació en la administración de López Obrador, sino en la del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fue primero Calderón
Aun cuando la presidenta Sheinbaum lo diga, no es así. El robo de combustible de los ductos de Pemex no nació en el gobierno de Peña. Es un acto delictivo que surgió en Guanajuato, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, bajo la instrucción de Genaro García Luna, cuando este mantuvo control desde la Secretaría de Seguridad Pública sobre el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Genaro García Luna mantuvo nexos con el Cártel de Santa Rosa, mediante el líder criminal José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y el entonces corrupto comandante regional de la policía Judicial de Guanajuato, Carlos Zamarripa, el hombre de las confianzas del entonces procurador de Guanajuato, Daniel Chowell Arenas.
El secretario de Seguridad de Felipe Calderón bajaba sus instrucciones al procurador Daniel Chowell, mediante Luis Cárdenas Palomino. Después, Daniel Chowell daba instrucciones a Carlos Zamarripa y este se comunicaba con el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, Joseé Antonio Yépez, “El Marro”.
De esa forma al Cártel de Santa Rosa de Lima se le dio la autorización para la perforación de los ductos de Pemex y extracción ilegal de combustible en todo el corredor industrial de Guanajuato, desde Salamanca a León. La protección dada al Cártel de Santa Rosa de Lima por el gobierno federal y por la autoridad estatal de Guanajuato, nunca pasó del robo de volúmenes de combustible que era transportado en bidones. Era un robo casi artesanal.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, aún cuando el huachicol estaba ordenado desde la alta esfera de la Secretaría de Seguridad, no se considera oficializado porque se supone que el presidente Calderón no sabía de ese negocio. Calderón sí sabía de la protección de los carteles para el trasiego de drogas, pero no para el robo de combustible.
Además, según fuentes de la FGR, en el periodo de Calderón el Ejército y la Marina, las dos instituciones garantes de la seguridad nacional, no estaban relacionadas en la protección de grupos criminales. La protección se hacía desde la Secretaría de Seguridad, pero no desde la SEDENA ni de la SEMAR. Por eso en ese periodo el huachicol no se considera una actividad institucional.
Peña Nieto, la oficialización
El robo de combustible a Pemex (huachicol) se torna institucionalizado cuando al arribo de la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, diversas dependencias oficiales, entre ellas las que tienen que ver con la seguridad nacional, se ven involucradas en la protección de redes criminales de robo de combustible a Pemex.
Tanto la Secretaría de Gobernación, como la de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República, permitieron que continuara el robo de combustible a Pemex, ya no solo por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Salamanca, Guanajuato.
Con la omisión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los mandos militares ordenados por el general Salvador Cienfuegos Zepeda dieron acceso al negocio del huachicol a los cárteles de Los Zetas, en Altamira, Tamaulipas, y del Golfo en Minatitlán, Veracruz. En este estado también se abrió la puerta al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este punto es donde surge el Cartel de la Barredora, un brazo armado que ya era dirigido por Hernán Bermúdez Requena, quien, desde su función como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ex miembro de la Dirección Federal de Seguridad, se había acercado al Cártel de Nacho Coronel, que luego sería tomado por Nemesio Oseguera bajo el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación.
La operación de la red de huachicol en el gobierno de Peña Nieto, pese a que fue operada por los carteles de Los Zetas, del Golfo, Santa Rosa de Lima y CJNG, fue institucional porque también contó con el encubrimiento de la PGR de Jesús Murillo Karam y de los directores de Pemex, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Medina Treviño.
Pero sin lugar a duda, el mayor respaldo a la red de huachicol que institucionalmente se hizo fue el que brindó el Consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, quien a través de sus primos Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Paz en Michoacán, y Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República.
Los primos Cervantes se valieron de los grupos de autodefensas y del crimen organizado en Michoacán, para tomar control de tomas clandestinas de extracción de combustible, las que fueron explotadas por sus propias células criminales.
AMLO, potencializó el Huachicol
La protección que dieron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a las redes de huachicol, fueron actos de principiantes frente a lo que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación. La administración de López Obrador fue a lo grande, decidió quedarse con todo el control del negocio rentable de robo de combustible a Pemex.
Fue un plan bien orquestado. Todo comenzó en el 2021.
En mayo del 2021, el gobierno anunció la compra de la refinería Deer Park, en Texas. En julio de ese mismo año se formalizó la entrega de las aduanas a la Secretaría de Marina. En agosto del 2021, Adán Augusto López Hernández, fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación.
Después, en noviembre del 2021 Pablo Gómez sustituye a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. En ese mismo mes y año fue asesinado El Rey del Huachicol, Sergio Carmona Angulo, y también en noviembre del 2021, la Casa de Bolsa Vector asume un contrato con la Secretaría de Hacienda para el manejo de inversiones oficiales.
¿Qué tiene que ver todo ello…?
Cuando Adán Augusto asume el control de la Segob, se da el extraño asesinato de El Rey del Huachicol, Sergio Carmona. Tras su muerte el control de la red de huachicol se queda bajo el control de Hernán Bermúdez Requena, El Comandante H, líder de La Barredora, del CJNG.
Los almirantes Farias Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, titular de Marina, comienzan a dar protección a la red de huachicol de La Barredora mediante control de las aduanas, para permitir la salida de petróleo crudo robado en Minatitlán y Altamira. Ese petróleo crudo pasa por las aduanas como aceite de desecho, mediante una red de sobornos.
El petróleo llega a Texas, es refinado en Deer Park y regresado a México a través de buques y trenes. Otra vez el combustible robado, producto de los sobornos en aduanas, pasa como aceite de desecho y no paga los debidos impuestos. Los combustibles ilícitos se distribuyen en una red de 555 gasolineras.
Todos los movimientos financieros se hacen a través de cuentas de empresas fantasmas que se radican en las instituciones CI Banco y Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, el Jefe de la Oficina de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador.
Todos los movimientos financieros de Vector y CI Banco no son observados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, porque Pablo Gómez no tiene la capacidad técnica para revisar esos movimientos…y así toda la utilidad del ilícito negocio queda en manos de un grupo de funcionarios que llegaron para combatir la corrupción del país.
