Por. J. Jesús Lemus
Desde la administración del presidente Vicente Fox, el gobierno mexicano ha entregado 47 mil 862 concesiones mineras, las que comprenden la enajenación de más de 98 millones 682 mil 739 hectáreas de suelo, en las que en su mayoría se asientan pueblos indígenas, los que ahora están siendo privados de sus recursos naturales, principalmente agua, bosques y tierra.
La presencia de las empresas mineras en suelos indígenas ha ocasionado el brote de por lo menos 72 movimientos locales en 16 estados del país, de los que la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas reconoce oficialmente la existencia de 51, considerados como “focos rojos”, no solo por el periodo de resistencia que ya llevan, sino porque en el conflicto se han cobrado vidas.
Los estados en donde se han acentuado los conflictos entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales por la disputa de la tierra, según lo reconoció la Comisión de los Pueblos indígenas en una respuesta oficial que otorgó a Cenzontle400, Campeche, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
Para el gobierno de la 4T no existe registro en sus archivos sobre los conflictos que mantienen los pueblos indígenas con las empresas mineras internacionales en Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Yucatán y Oaxaca, donde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas reconoce la existencia de por lo menos otros 21 puntos de conflicto graves.
Las cifras oficiales sobre los movimientos indígenas que se mantienen en lucha por la posesión de sus recursos resultan conservadoras si se toman los datos que aportan otras organizaciones políticas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se estima que el número de conflictos agrarios y de agua es de más de 180 en todo el país.
La causa principal de la disputa, explicó Aurelio Mateo, de la organización indígena Nación Purépecha en Michoacán, la que respalda el movimiento de un grupo de inconformes con la actividad minera del grupo Ternium en el municipio de Aquila, es la actitud imperial con la que se asientan las trasnacionales en los territorios indígenas, “en donde no piden opinión a los pueblos; ellos llegan y quitan lo que por siglos nos ha pertenecido”.
De acuerdo a la Comisión de Pueblo Indígenas, la disputa por la tierra y el agua mantiene actualmente en pie de lucha a 17 comunidades indígenas de Campeche, seis en Chiapas, siete en Jalisco, seis en Puebla, dos en Guanajuato, nueve en San Luis Potosí, dos en Sonora y una en Querétaro.
Las cifras oficiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno federal no reconocen ningún movimiento contra la presencia de empresas paraestatales, que ejecutan al menos 292 proyectos mineros y de generación de energía en conjunto, en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Colima y Oaxaca.
Pero para el Frente Nacional de Pueblos Indígenas solo en el estado de Oaxaca, son 32 comunidades las que se mantienen en pie de lucha contra los consorcios internacionales que han logrado del gobierno federal un permiso oficial para hacerse de los recursos naturales, los que se emplearan principalmente en proyectos de generación de energía.
Es una lucha sorda la que estamos haciendo los pueblos indígenas, frente a la invasión de las empresas trasnacionales, dijo Aurelio Mateo, y es que desde su punto de vista, “nadie en el gobierno federal pone atención a los reclamos de los pueblos que estamos siendo robados y expulsados de nuestros propios territorios”.
Y puede que Aurelio Mateo tenga razón, pues no hay una instancia oficial que a la fecha, desde la federación, intente mediar en los conflictos abiertos entre empresas con proyectos extractivos o de generación de energía que se han asentado en territorios indígenas con los pueblos originarios. La mayoría de las veces son los gobiernos estatales, sin poder de resolución, a los que les toca atender directamente esos conflictos.
Piden el amparo de la justicia
Tras no tener una instancia oficial del gobierno de la republica que los atienda, decenas de comunidades indígenas que se mantienen en pie de lucha por sus territorios han optado por la vía legal para tratar de frenar los proyectos que pretenden privarlos del suelo y del agua. Solo en los últimos dos años, al menos 24 comunidades indígenas han interpuesto juicios de amparo contra las trasnacionales.
Solo el año pasado las comunidades de Zacualpan en Colima, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tlatlahuquitepec y Santiago Yaonáhuac en Puebla, lograron de la justicia federal el amparo para frenar los proyectos mineros que en esas localidades ya eran autorizados por el gobierno de la república, pero nunca se tomó en cuenta la opinión de los pobladores naturales del lugar.
Lo mismo hizo la comunidad indígena de Carrizalillo, en el estado de Guerrero, en donde el reclamo fue la devastación ambiental generada a partir de la actividad minera de la empresa Goldcorp, que se ha apropiado del 85 por ciento del territorio de ese estado, sin proponer siquiera la reparación del daño a los vecinos del lugar.
El amparo de la justicia federal fue también un caso de éxito para los habitantes de la comunidad de San Miguel del Progreso, en el estado de Guerrero, en donde los vecinos se inconformaron contra dos concesiones federales entregadas a las empresas Hochschild y Zalamera, las que pretendían extracciones dañinas al ambiente en las minas conocidas como Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas.
Luego de no encontrar eco a sus demandas para la defensa de la tierra, los vecinos de ejido de Minas de Barroterán, en el municipio de Progreso, Coahuila, también ganaron un amparo para frenar el proyecto minero de la empresa Mimosa, la que tiene la concesión federal para explotar una mina de carbón en la zona por 50 años, en detrimento al entorno ambiental de por lo menos 5 mil familias.
También como resultado de un fallo judicial que concedió el amparo de la justicia a la comunidad indígena del ejido de Tequesquitlán, en el estado de Jalisco, se ordenó la cancelación de las actividades mineras en la sitio “El Ratón”, lo que obligó a la empresa china Gan Bo Minera Internacional a cancelar actividades, pese a que el gobierno federal otorgó en el 2009 una concesión para usufrutuar el subsuelo de la zona por más de 60 años.
Sin marco jurídico para los indígenas
De acuerdo con el informe “La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo” de la organización Amnistía Internacional, en México no se cuenta “con un marco jurídico sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos de infraestructura que afectaran a sus tierras y a su modo de vida tradicional”.
Esa podría ser una de las razones por las que los conflictos por la defensa de la tierra van al alza en nuestro país; en el 2011 se registraron 27 brotes de inconformidad indígena, en el 2012 fueron 32 los núcleos poblacionales que se alzaron contra las trasnacionales, en el 2013 ya eran 52 comunidades en lucha, en el 2014 llegó a 60 los movimientos sociales, en el 2015 la cifra alcanzó los 68 conflictos, y en el 2016 se registraron 72 conflictos por la tierra.
Para el 2017 ya eran 89 zonas de conflicto, en el 2018 se llegó a 102 regiones de pelea entre mineras y pueblos originarios, en el 2019 fueron 134, para el 2020 se llegó a 129, en el 2021 ya eran 201 zonas de conflicto minero, para el 2022 fueron 212, en el 2023 se llegó a 232, en el 2014 eran 450, y hasta septiembre del 2025 se cuantificaban al menos 920 zonas de conflicto.
No hay cifras oficiales sobre el costo en vidas que estos conflictos sociales han representado para las comunidades indígenas en lucha, pero se estima, en base a las oficinas estatales de los derechos humanos de los estados con este problema, que cada conflicto ha registrado entre dos y cuatro indígenas muertos, todos líderes que encabezaron el movimiento de resistencia.
Solo en el estado de Michoacán, en donde para la Comisión Nacional para el Desarrollo los Pueblos Indígenas no existen conflictos por la defensa de la tierra, la procuraduría de justicia en la entidad estima que desde el 2004 a la fecha, por lo menos 19 líderes comunales han sido asesinados en el marco de la defensa que abanderaron.
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