Por. J. Jesús Lemus
No solo a nivel particular la empresa Hidroeléctrica Gaya S.A. de C.V. intenta minimizar la importancia que reviste para los habitantes de la zona la posesión de su suelo. Ante el propio gobierno federal, en la justificación de su proyecto sobre el río Apulco, esta trasnacional ha demeritado la calidad del suelo en donde pretende la construcción de su planta de generación de electricidad.
Según la Hidroeléctrica Gaya S.A. de C.V., “el sitio del proyecto se ubica en una zona rural, cuya accidentada topografía contribuye al aislamiento y marginación del sitio”, y reconoce que “el Proyecto ocupará terrenos de propiedad privada, cuyos propietarios los utilizan parcialmente para la agricultura de temporal y en menor escala para potreros de ganado vacuno y bovino”, pero sostiene contra toda verdad que “la mayor parte de los terrenos no tiene uso evidente y está cubierto con vegetación natural de Bosque Mesófilo”.[1]
La versión de la empresa en el demerito del suelo y su escaso uso para beneficio económico en la zona de Zacapoaxtla, se estrella contra la realidad, pues esta localidad es la segunda productora de papa a nivel estatal con una superficie sembrada de Mil 340 hectáreas fértiles, a lo que se debe agregar que en promedio también se siembran 52 mil 768 con cultivos de maíz, Mil 300 hectáreas de haba, 15 de chícharo, 30 de higo y 155 de frijol.
Pero aun cuando se estima que en Zacapoaxtla “los productores poseen en promedio 5 hectáreas en modalidad de temporal, (y) por lo regular producen granos, oleaginosas y frutales. (Que) son productos que no son rentables, pues apenas logran recuperar parte de los costos variables de producción”,[2] el sentido de propiedad de suelo que tiene históricamente esta comunidad es lo que hace que se mantenga resistente a la posibilidad del despojo.
“No es solo por el hecho de la agricultura que el suelo y el agua representan un bien que trasciende lo material en la visión de los pueblos asentados en la zona norte del estado de Puebla; la cosmovisión ancestral hace que esos recursos se conviertan en un vínculo espiritual y de conexión con la naturaleza, porque consideran que solo a través del agua y el suelo se da la posibilidad de transformación de la propia naturaleza, en la que fincan su propia razón de existir”, explica el antropólogo social y periodista, Francisco Sarabia Ramos.
Por eso –considera Sarabia Ramos- al igual que en muchas otras regiones indígenas del país, el arraigo de los pueblos indígenas de la zona norte de Puebla a la tierra y el agua, no se puede concebir como un simple deseo de posesión material, sino que va más allá: es la propia necesidad de las comunidades de mantenerse en comunión con la naturaleza, para de esa forma mantener vigente su presencia en ella misma.
Transgresión a la Dignidad Indígena
Por eso el asesinato de Tilihuitl dolió tanto en la comunidad de Zacapoaxtla y no se limitó a ser considerado como el homicidio más de un activista y defensor del medio ambiente, sino que fue calificado como “una agresión al pensamiento y a la dignidad indígena”, según la manifestación que en torno a este asesinato se hizo durante el II Foro Regional de la Defensa y el Agua, celebrado en el municipio de Texontepec de Aldama, Hidalgo, el día 9 de septiembre del 2018.
Solo para redondear, hay que referir que Adrián Tilihuitl no solo era creyente en la manifestación social como herramienta de disuasión de los megaproyectos abrasivos que se extienden en todo el norte del estado de Puebla, también creyó en el sistema de justicia y por ello fue un firme promotor de acciones para frenar, mediante el amparo de la justicia federal, la totalidad de los proyectos extractivos que aun amenazan con apropiarse del suelo y del agua de las comunidades indígenas de esa zona.
Desde el 2013, Tilihuitl promovió también la defensa de los recursos por la vía jurídica; fue uno de los promotores de los amparos que en tres ocasiones fueron rechazados por sendos juzgados federales contra los proyectos mineros de Atexcaco I y Atexcaco II, que en los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán promueve la Compañía Minera Autlán S.A. de C.V., y de Acateno, que también en Teziutlán patrocina la Compañía Recuperadora de Escorias S.A. de C.V.
De igual forma gestionó acciones legales contra los proyectos Acateno II del Grupo Ferrominero S.A de C.V., en el municipio de Hueyapan; Capulines I en el municipio de Teziutlán, Tres Cabezas en Zaragoza, del mismo grupo minero; Proyecto Merino en la localidad de Zautla, de la empresa Exploraciones Mineras Perreña S.A. de C.V., Barranca en Ixtacamaxtitlán, de la misma Perreña, Cerro Grande II en Zautla, propiedad de Minera Gorrión S.A. de C.V., Nacayolo en Ixtacamaxtitlán, también de Mineras Perreña; Cerro Grande III, de Minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán, y Cerro Grande I, de la misma minera en ese mismo municipio.
La mayoría de los amparos promovidos por las organizaciones sociales con las que colaboraba Adrián Tilihuitl, no prosperaron; lo que lo llevó a considerar “la corrupción” que se da dentro del sistema judicial mexicano, según lo expresó en una entrevista que mantuvo con el que esto escribe en abril del 2015, cuando refirió la “imposibilidad de acceso de los sistemas de justicia por parte de las comunidades indígenas”, pues consideraba que los jueces y magistrados estaban siempre del lado de los grandes capitales.
Refirió en aquella ocasión, que “siempre existe impedimentos menores que dan salida a los jueces y magistrados para negar los acamparos solicitados contra los proyectos extractivos”, señalando que en alguna ocasión “un amparo fue negado solo por el hecho de que un edicto no fue publicado en el periódico Excélsior”, donde ordenó el juez que se publicara, y ello no fue posible porque el costo de la publicación superaba la posibilidad económica de cualquier organización ambiental indígena; finalmente no pudieron pagar los 150 mil pesos que cobraba el medio, y el amparo se desechó.
Pero aun después de muerto, Adrián Tilihuitl sigue ganando batallas legales; ya no pudo ver la resolución del amparo, del que también fue promotor, que fue otorgado apenas el pasado 26 de septiembre del 2018, donde y cuando el juzgado V de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dio la razón a la comunidad del Pueblo Nahua sobre la protección de la justicia a las comunidades de esa región para suspender las concesiones mineras de los proyectos Atexcaco I y Atexcaco II.
El resolutivo federal, que se emitió después de 42 meses de espera, obliga al gobierno federal a cancelar las concesiones mineras otorgadas a la Compañía Minera Autlán S.A. de C.V., por considerar que violentan el derecho que tiene el Pueblo Nahua -en los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán- a la libre determinación y control de su territorio, con lo que por primera vez en la historia del país se sienta el precedente de la cancelación de un permiso extractivo otorgado por la federación sin consulta a la comunidad, que es la forma en que se han dado las 25 mil 987 concesiones mineras vigentes en el país a la fecha.
El histórico amparo, considerado ya una un aliciente a la lucha de los pueblos por el rescate de sus recursos naturales, y que sin duda marca un precedente en el país al establecer la prioridad de las comunidades sobre el uso y conservación del territorio para su armonía y desarrollo antes que entregarlo a las producción económica, fue promovido por el Consejo Maseual Altepetajpianij y asesorado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
[1] Semarnat, Manifestación de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrica Gaya, México, febrero de 2016.
[2] Arvizu Barrón Ezequiel, Mayett Moreno Yesica, Martínez Flores José Luis, Olivares Benítez Elías, “Mercados Rurales Agrícolas de Huixcolotla y Zacapoaxtla, Puebla: Potencial para el Desarrollo Económico Regional”, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Revista Global de Negocios, Vol. 3, No. 2, PP. 71-82, 2015.
