Por. J. Jesús Lemus
Como si se tratara de una cultura general, todas las regiones agroalimentarias del país se encuentran sometidas por el crimen organizado a la extorsión y cobro de piso. Se estima que por lo menos la mitad de los 75 cárteles de las drogas que operan en el país sobreviven económicamente del sometimiento de los sectores productivos.
En ocasión del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en el Estado de Michoacán, que fue ejecutado por denunciar las extorsiones que por lo menos cuatro cárteles de las drogas hacen en esa región, es necesario mirar a otras zonas agroalimentarias del país.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las 32 Fiscalías de las entidades federativas se registran denuncias de productores agrícolas y ganaderos que refieren actos de extorsión por parte del crimen organizado, a cambio de permitirles sus labores productivas.
Con base en la información aportada por las 32 Fiscalías Estatales, se estima que hoy en día existen por lo menos 8 mil 479 denuncias por el delito de extorsión cometido contra uno o varios productores agrícolas o ganaderos, en donde los grupos criminales más referidos con dichos eventos son, en ese orden: Cártel Jalisco Nueva Generación, seguido por el Cártel de Los Zetas, La Familia Michoacana, El Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y Cártel de Los Caballeros Templarios.
Las regiones que registran mayor cantidad de denuncias por extorsión de los grupos delictivos se ubican en los estados de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Colima, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas y Morelos.
Una práctica común
De acuerdo con la visión de José Luis Montenegro, uno de los periodistas de investigación más importantes de México, que le dan seguimiento al tema del crimen organizado y narcotráfico, el cobro de piso es una de las principales manifestaciones de los grupos del crimen organizado de alejamiento del tráfico de las drogas.
“Todos los grupos que entran al cobro de piso, -explicó- es porque se han alejado del tráfico de las drogas, y ven en la extorsión la única forma de continuar subsistiendo, porque la extorsión es la única forma de pagar los gastos de operación del grupo delictivo”.
De acuerdo con Montenegro, el cobro de piso es cada vez más una práctica muy común entre la delincuencia organizada, no solo por la facilidad de su ejecución, sino por la diversidad de víctimas que pueden darse en una población económicamente activa”.
De acuerdo con fuentes extraoficiales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, se estima que la mayor parte de los recursos que se generan dentro del crimen organizado, como producto de la extorsión o cobro de piso a los sectores productivos del país, se destinan al pago de salarios de los sicarios.
Esa es la mejor forma que han encontrado los grupos del crimen organizado para subsistir, una vez que ya no se encuentran dentro del tráfico de drogas, de donde se separan por expulsión de otros grupos delictivos preponderantes en el trasiego de drogas.
El campo, un campo de corrupción
En la zona citrícola de Martínez de la Torre, Veracruz, los productores de naranja son extorsionados por miembros del Cártel de Totonacapan, asociados ahora con el Cártel Jalisco Nueva Generación, los que cobran 100 pesos por cada tonelada de naranja que se cosecha.
Si esa zona produce en promedio anual 2 millones 400 mil toneladas de naranjas, significa que por ciclo agrícola el crimen organizado se lleva 240 millones de pesos, sin considerar que también cobran extorsión a los transportistas y a los vendedores al menudeo tanto de naranja como limón.
Una tasa similar es la que aplican los grupos del crimen organizado que operan la extorsión en Michoacán. En esa entidad, en donde se registra una producción limonera en promedio anual de 860 mil toneladas, los grupos delictivos obtienen en conjunto una utilidad de 86 millones de pesos anuales.
Los cárteles que en Michoacán extorsionan a los productores de limón, Los Blancos de Troya, CJNG, Caballeros Templarios y Familia Michoacana, son también los mismo que cobran por la producción de hortalizas en esa entidad, en donde solo en el cultivo de jitomate, obtienen en conjunto un beneficio aproximado a los 350 millones de pesos.
Los miembros de La Familia Michoacana, igual que los del Cártel Jalisco Nueva Generación, también están relacionados con las extorsiones en el Estado de México y la Ciudad de México, en donde se aplican cuotas por protección a las tortillerías, comercializadores de pollo en canal y productores de flores.
Según versiones de fuentes no oficiales de las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, por cobro de piso a los comercializadores de pollo y/o tortillas, los grupos criminales podrían estar obteniendo una ganancia anual cercana a los 120 millones de pesos.
Por las extorsiones a los comercializadores de flores se estiman utilidades anuales, para los grupos criminales, cercanas a los 180 millones de pesos, una cantidad muy cercana a la que se logra por parte de grupos criminales de miembros del Cártel de Sinaloa, Cártel de Caborca y Los Salazar, que rentan servicios de seguridad a las empresas mineras en el norte del país.
Mapa del crimen
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en Michoacán operan por lo menos siete cárteles que hacen labores de extorsión a diversos sectores productivos, incluidos el transporte colectivo y de carga. Esos grupos son Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, CJNG, Los Viagra, Los Blancos de Troya, Cártel de la Virgen y Cárteles Unidos de Michoacán.
En Jalisco, el grupo criminal que más operaciones de extorsión registra es el CJNG, el que se solo en la región de La Barca y Ocotlán, logra en promedio anual utilidades cercanas a los 80 millones de pesos, tras la extorsión de los productores de harina y comercializadores de trigo, maíz y sorgo.
Los productores en Guanajuato de sorgo, maíz y trigo también pagan renta por hacer su labor productiva. Los cárteles que los extorsionan son el CJNG, Santa Rosa de Lima, Cartel de Sinaloa y Los Zetas, los que -de acuerdo fuentes de la Fiscalía local- podrían lograr cantidades por encima de los 180 millones de pesos anuales, dado que cobran hasta 100 pesos cada tonelada de granos cosechada.
Otro sector sacrificado por el crimen organizado es el de la producción de agave que, en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos y Guerrero, tienen que pagar a diversas organizaciones criminales, entre ellas el CJNG, La Familia Michoacana, Los Tequileros, Los Ardillos y el Cártel Tlahuica, la cantidad de 20 pesos por cada 100 kilogramos de agave cultivado, lo que podría dejarles en forma conjunta la cantidad de 130 millones de pesos.
