Por. J. Jesús Lemus
El General Felipe Gurrola Ramírez actuó en Michoacán como un jefe autónomo de la Sedena. Por órdenes del general Cienfuegos, solamente atendía instrucciones de Alfredo Castillo y a este le rendía cuentas. Todos los informes que emitía sobre la actuación del Ejército en el supuesto combate al narco y a los grupos de autodefensas rebeldes en Michoacán, que debían conocer Enrique Peña y el propio titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, primero eran revisados y —en su caso— corregidos por el comisionado Alfredo Castillo, quien de esa forma prácticamente se convirtió en un virrey con su propio ejército.
Eso no fue todo. El virrey Castillo también tuvo carta blanca de parte del presidente Peña Nieto para colocar en los cargos de procuración de justicia en el Estado de Michoacán a quien él quisiera y que conviniera ya no a los intereses supremos de la nación, sino a sus intereses personales. Por eso, Castillo Cervantes literalmente invadió todos los cargos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con funcionarios de su plena confianza, que habían trabajado con él en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en la PGR, en la SSP o en la Profeco.
Para poder entender el poder del que gozó Alfredo Castillo en Michoacán, hay que recordar que su imagen creció ante el presidente Enrique Peña Nieto, en medio de la pugna por el control de la PGR que protagonizaron los grupos Hidalgo y Atlacomulco, luego de que dio buenos resultados como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, cuando tuvo a su cargo la investigación contra la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, a la que terminó por encarcelar el 26 de febrero de 2013, bajo los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada.
La detención de Elba Esther Gordillo ni siquiera fue decisión de Enrique Peña Nieto. Fue una operación que ordenó Luis Videgaray Caso, quien supo del rompimiento de Elba Esther con el presidente a causa de que ella se oponía a la instauración de la Reforma Educativa por una sencilla razón: el Estado pretendía —como finalmente lo logró— tener el control del SNTE a través de la evaluación directa de la planta docente nacional. En por lo menos tres ocasiones Elba Esther Gordillo solicitó al presidente Peña suprimir esa posibilidad, pero él se negó. Elba Esther respondió de la misma forma: se negó a respaldar al PRI, a través de su Partido Nueva Alianza (Panal), en las elecciones intermedias de 2015, en las que Peña necesitaba la mayoría en la Cámara de Diputados para llevar a cabo sus reformas estructurales.
Tras el rompimiento de Peña con Elba Esther Gordillo, Luis Videgaray ordenó que se investigara a fondo la situación financiera de la dirigente del SNTE, a fin de presionarla a una negociación con el presidente, la cual nunca ocurrió. La orden de investigar a Elba Esther Gordillo fue dictada al procurador Jesús Murillo Karam, quien a su vez turnó el asunto al subprocurador Alfredo Castillo. Sin miramientos, este estableció que, entre 2008 y 2011, la lideresa del SNTE desvió recursos de las cuotas sindicales de todos los maestros del país a su cuentas personales por un monto de 2 mil millones de pesos.
Según la investigación de Alfredo Castillo, Elba Esther Gordillo se dio la gran vida con las cuotas sindicales de los más de un millón 500 mil maestros agremiados en el SNTE. El dispendio hecho público fue escandaloso. Con las cuotas sindicales la maestra hizo gastos exorbitantes, como la compra de 59 vehículos Hummer para sus allegados y personal de confianza. Para su uso personal gastó más de 2.5 millones de dólares en artículos de lujo de las marcas Hermès y Chanel, principalmente bolsos, zapatos y vestidos que se cotizaron cada uno entre 7 mil y 120 mil dólares. También adquirió propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, al más puro estilo de Genaro García Luna, estima das en por lo menos 8.9 millones de dólares. Invirtió en comprar un jet privado y un yate, en obras de arte y en hacerse cirugías estéticas.
Por eso detuvieron a Elba Esther Gordillo, aun cuando los cargos se desvanecieron el 8 de agosto de 2018, pocos meses de antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien —otra vez magnánimo— técnicamente perdonó a la imputada, haciendo que el juez Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, declarara infundadas las acusaciones, y además dio procedencia al incidente de sobreseimiento al caso que propuso la misma PGR, como una forma de perdón preestablecido.
La eficiencia de Alfredo Castillo ante el presidente Peña Nieto también quedó de manifiesto luego de que lo designaron fiscal especial para investigar la explosión en la Torre de Pemex, de la Ciudad de México, ocurrida el 31 de enero de 2013, que dejó un saldo de 37 personas muertas y 126 lesionadas. En esa ocasión, Alfredo Castillo desplazó la funcionalidad del procurador Jesús Murillo y la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, al echar por tierra la hipótesis del atentado terrorista que se le atribuyó inicialmente a una célula del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), para dejarlo en un mero accidente a causa de la acumulación de gas metano en el sótano del edificio B2. Así dejó al gobierno de Peña Nie to libre de actos terroristas en su contra.
Ante tales antecedentes de eficiencia, a Alfredo Castillo Cervantes le asignaron, con poderes plenipotenciarios, la tarea de encabezar en Michoacán el plan de prueba de los grupos de autodefensas. Para esto, desplazando los poderes constitucionales de Michoacán, incluso el del secretario de la Defensa Nacional, personificado en el general Salvador Cienfuegos, Alfredo Castillo se alió con el general Felipe Gurrola Ramírez, responsable del Mando Especial para la Seguridad en Michoacán, con el que literalmente creó un Estado dentro del Estado de mexicano.
Bajo la protección de sus primos Raúl Cervantes y Humberto Castillejos, Alfredo Castillo tomó por asalto los mandos públicos del gobierno de Michoacán, limitando no sólo la actuación del gobernador Salvador Guerrero Jara, al que puso al frente del estado luego de la renuncia definitiva del gobernador constitucional Fausto Vallejo y el encarcelamiento del ex gobernador interino Jesús Reyna García. También dejó de lado la autoridad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador Jesús Murillo Karam.
Con un grupo de 105 funcionarios, todos ex colaboradores suyos, tanto en la PGJEM como en la PGR, la Profeco y la SSP federal, Alfredo Castillo integró su gobierno de facto en Michoacán. Principalmente se hizo del control de las dos áreas estratégicas de la administración de ese estado: la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. En la primera designó como titular a Carlos Hugo Castellanos Becerra, y en la segunda, a su eterno colaborador, Martín Godoy Castro.
Los dos eran hombres de su plena confianza. Habían trabajado bajo sus órdenes desde 2005. Castellanos Becerra fue director general de Asuntos Jurídicos de la PGJEM cuando Castillo encabezó esa dependencia. Luego estuvo en la Dirección Jurídica de la Profeco, donde su función principal era mantener bajo acoso a los empresarios enemigos del presidente Peña Nieto. Por su parte, Martín Godoy Castro fue subprocurador de Verificación en la Profeco cuando Alfredo Castillo era su titular. También sirvió bajo las órdenes de Castillo Cervantes cuando fue fiscal general en Ciudad Nezahualcóyotl, pero antes en la PGR como delegado en Sonora, donde trabajó al lado de Adolfo Eloy Peralta mientras este era delegado de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en ese mismo estado.
No hay que pasar por alto que el comisionado Alfredo Castillo tenía un gran arraigo dentro de la estructura de la PGR desde que la controlaba Genaro García Luna. En 2002, Alfredo Castillo traba jó para la PGR bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino, cuando este era director general de Investigación Policial de la AFI. Fuera del campo laboral, la relación entre Cárdenas Palomino y Alfredo Castillo se afianzó a través de Liliana Rosillo Herrera, amiga de ambos, que fue delegada de la PGR en Tlaxcala y a quien después Alfredo Castillo llevó como fiscal de Feminicidios en Tlalnepantla, Estado de México. En la Profeco, Liliana Rosillo fue la directora de Gas. Por todo esto, el comisionado Alfredo Castillo le asignó en Michoacán el cargo de subprocuradora de Justicia para la zona de Zamora.
Como parte de su equipo de trabajo, Castillo Cervantes también se apoyó en Bernardo Téllez Duarte, a quien puso al frente de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad de Michoacán. Téllez Duarte había sido director de Planeación en la PGJEM, di rector administrativo de la Coordinación de Seguridad Pública del estado de Sonora, jefe de área de Análisis de Riesgos de Mercado en la Unidad de Inversiones Financieras del entonces Distrito Federal y director general de Información, Planeación, Programación y Evaluación también de la PGJEM.
Otro incondicional que Castillo llevó a Michoacán fue Jaime Rodríguez Aguilar, quien asumió el cargo de subprocurador de Justicia en Morelia. Rodríguez Aguilar había sido titular de la Fiscalía Regio nal de Tlalnepantla y delegado de la PGR en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde le reportaba sólo a Genaro García Luna. También encabezó diversas funciones en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal y fue subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México.
A la lista de incondicionales de Alfredo Castillo que llegaron a gobernar a Michoacán, pero sobre todo a desarticular el movimiento original de los grupos de autodefensas, se sumó José Juan Monroy García, designado como subprocurador de Justicia en Lázaro Cárdenas. Monroy García ya había trabajado bajo las órdenes de Alfredo Castillo, al que sirvió como fiscal regional de Texcoco; además, fue subdelegado de la PGR en el Estado de México, desde donde le repor taba sólo a Genaro García Luna, a través de Luis Cárdenas Palomino.
Jesús Isaac Acevedo Román fue otro de los hombres de confianza de los que se valió Castillo Cervantes para erigir en Michoacán su propio gobierno. Se le nombró subsecretario de Prevención y Reinserción Social. Antes le había servido lealmente a Alfredo Castillo como fiscal regional de Nezahualcóyotl, fiscal especial para el Transporte y titular de la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli de la PGJEM. Acevedo Román fue también uno de los hombres más importantes en la esfera de poder de Genaro García Luna, al que sirvió desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y fue uno de los que más se valieron de la figura de testigos protegidos para encarcelar a inocentes y aparentar que se iba ganando la guerra contra el narco.
A apoyar las acciones de combate a las autodefensas llegó a Michoacán, asimismo, Adolfo Eloy Peralta Mora, en el puesto de subsecretario estatal de Seguridad Pública. Le había servido a Alfredo Castillo como director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y coordinador regional de la Profeco en la Zona Centro. También fue comandante regional de la AFI en Sonora, bajo las órdenes de Genaro García Luna.
Al grupo de funcionarios protegidos por Alfredo Castillo, de los que se ayudó para manipular la ley y crear un estado de desgobierno en Michoacán, se incorporó Victorino Porcayo Domínguez como titular de la Subprocuraduría de Justicia en Apatzingán. Antes había sido fiscal regional de Atlacomulco. Hizo su carrera dentro de la PGJEM desde 1996. Allí comenzó como agente del Ministerio Público y llegó a ser subdirector de Investigaciones A de la Fiscalía para Asuntos Especiales, de donde Castillo Cervantes lo llamó para integrar averiguaciones a modo de por lo menos 75 miembros de las autodefensas de Apatzingán.
Finalmente, al frente de la Subprocuraduría de Justicia en la zona de Zitácuaro, arribó José Ramón Ávila Farca, quien hasta antes de 2014 fungía como director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco, bajo la titularidad de Castillo Cervantes. Ávila Farca había trabajado en la PGJEM, con el cargo de fis cal especial para Delitos Dolosos Cometidos por Cuerpos Policiacos.
