Tras el asesinato político de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan -que fue victima de la violencia emanada de las pugnas interbueguesas entre los grupos del poder burgués- la presidente Claudia Shienbaum Pardo presentó ante el pueblo de Michoacán y México el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, mismo que es impuesto sin consulta ni aprobación del pueblo de Michoacán.
En un comuniado,el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, estableció que “La preocupación del régimen por poner su atención en el estado de Michoacán obedece a la intensificación de la protesta popular que se traduce en crítica política hacia el oprobioso régimen”.
Por lo que dicho Plan -asegura el FNLS- no atiende las causas reales que alientan el descontento popular, sino viene a fortalecer los mecanismos de opresión y de desarrollo del capital en el estado. Con una inversión de más de 57 millones de pesos se pretende fortalecer el estado policiaco-militar, promover el asistencialismo como instrumento de corporativo y alimentar la maquinaria capitalista.
Por ello es que en materia de seguridad se busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Publica que en los hechos es intensificar la represión política hacia los sectores populares a través del fortalecimiento de la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE). Al igual que las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el fetichismo al “crimen organizado” es usado para justificar el despliegue de mas de 10 mil elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, en otras palabras, para intensificar y acelerar el proceso de militarización del país. La actual situación en la ciudad de Uruapan es un ejemplo claro de la imposición de medidas de carácter fascista.
En torno al desarrollo económico e infraestructura -asegurael FNLS- el plan del gobierno federal gira en torno a la creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar que representan un desarrollo de otro ciclo del capital en Michoacán, dónde el apoyo al campo está destinado para aquellos productos cuya producción y trasiego está acaparado por empresas transnacionales y la burguesía nacionalista, por lo que el campesino pobre y el pequeño productor siguen en completo abandono; se impulsa que nuestro estado se mantenga como atractivo turístico donde la cultura es utilizada como objeto de entretenimiento y lucro, obligando a nuestro pueblo a ocupar el papel de servidumbre del turismo extranjero; finalmente, la creación de infraestructura carretera tiende a beneficiar el trasiego de mercancías.
La inversión de $37,450 mdp para el asistencialismo social (programas del bienestar) tiende a corporativizar a las masas populares e incentivarlas a renunciar a la lucha por la defensa de sus derechos, por lo que la política de coartar el derecho de petición y asociación sigue en marcha. Mientras tanto, el derecho a la educación, vivienda y salud pasan por un proceso de desmantelamiento y anulación, dónde la juventud se enfrenta ante el cierre de las puertas de las universidades públicas (cada vez más elitistas), la Secretaria de Salud de Michoacán sigue siendo desmantelada y el pueblo esta impedido para acceder a medicamentos no tratamientos indispensables y el apoyo a la vivienda sigue siendo insuficiente y promueve que los trabajadores se endeuden con las instituciones bancarias a través de créditos.
En lo que respecta a los mecanismos de contrainsurgencia, la promoción de la “cultura de la paz” busca que las mujeres y la juventud no fijen su atención hacia la realidad que vive nuestro país, por lo que no se atienden las causas de la violencia, misma que siempre emana del Estado Mexicano. Así se busca impulsar la Agenda 2030 cuyo objetivo es hacer que la juventud proletaria renuncie a luchar por transformar su realidad.
Estos hechos confirman que este “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” tiene un carácter antipopular.
Las causas que permiten que prolifere la violencia en el estado son la miseria, la explotación económica y opresión política del régimen capitalista. Por ello que pese a la millonaria inversión para los planes gubernamentales y los programas asistencialistas, no se ha podido erradicar dicha condición que emana del propio régimen.
Por ello es que desde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifiesta el repudio al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, pues -se asegura- este no representa los intereses ni las aspiraciones de los trabajadores michoacanos. De allí el llamado a fortalecer las filas de la organización independiente e impulsar la lucha por el socialismo en México.
