Este jueves, Amnistía Internacional México reportó la desaparición de Mariana Valeria Ibarra, hija de una integrante del Colectivo Hasta Encontrarte, ocurrida el día de ayer en el municipio de Irapuato, Guanajuato, luego de que la joven de 19 años saliera a la tienda. Tras una hora sin noticias de ella, sus familiares intentaron comunicarse por teléfono sin obtener resultados. La organización internacional instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para encontrar a la joven y apuntó que las primeras 72 horas son cruciales para localizar con vida a mujeres desaparecidas.
El Colectivo Hasta Encontrarte, a través de una publicación en sus redes sociales, dio a conocer la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda ayer 12 de noviembre, alrededor de la 1:30 de la tarde, en la colonia Esfuerzo Obrero del municipio de Irapuato.
En la ficha de búsqueda compartida por el Colectivo se señala que Mariana, de 19 años y nacida el 5 de abril de 2006, mide alrededor de un metro con 60 centímetros de estatura, además de poseer varios tatuajes: uno de un pastelillo en un ojo, en el otro unas cerezas y un corazón pequeño; en el párpado, otro tatuaje que dice “Alexis”; debajo de un ojo, la palabra “blessed”; lettering (letras) en el cuello, así como una Virgen de Guadalupe en la espinilla.
Al momento de su desaparición, Mariana Valeria vestía bermuda roja, un top blanco con rayas rojas y azules, una sudadera gris con letras negras y amarillas, así como tenis Jordan negros.
El Colectivo solicita ayuda de la ciudadanía para obtener información sobre el paradero de Mariana Valeria y recalca que cualquier dato aportado será de carácter anónimo, pues lo único que buscan es encontrar a la joven, quien también es madre de una niña y víctima de la desaparición de su hermano.
Ante la situación, el Colectivo Hasta Encontrarte se vio en la necesidad de suspender una búsqueda en el municipio que llevaba realizando desde la mañana de ese 12 de noviembre en la colonia Prospección.
Alrededor de una hora antes de que se diera a conocer la desaparición de Mariana Valeria, el fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló durante la inauguración de un taller en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México: “(En Guanajuato) reconocemos la labor fundamental de quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo, porque su trabajo es esencial para construir una sociedad más justa y democrática”, esto pese a que activistas y defensores de derechos humanos han manifestado el riesgo que representa su labor en un estado controlado por el crimen organizado.
Esta situación ocurre también a poco más de un mes de la aprobación, en el Congreso del Estado de Guanajuato, de una reforma a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del Consejo Estatal encargado de la protección a defensores y periodistas, cuyos resultados aún son invisibles para la población afectada.
Guanajuato incrementó las desapariciones de 2017 a la fecha
El primero de octubre se presentó al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada el Informe sobre Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México, elaborado por organizaciones de familiares de víctimas, organizaciones civiles, familiares de personas desaparecidas, académicos y activistas, el cual apunta a una entrada “tardía” al problema de las desapariciones en Guanajuato, cuando se le compara con estados del norte del país o con Jalisco.
La problemática de las desapariciones en la entidad estalló allá por el 2017; sin embargo, los expertos que elaboraron el informe apuntan a la velocidad preocupante con que ha alcanzado números tan elevados, pues en tan solo siete años se ha multiplicado por ocho la cantidad de personas desaparecidas, pasando de 621 casos en abril de 2018 a 4 mil 855 casos en abril de 2025.
Las ciudades con más personas desaparecidas son las ubicadas en el corredor industrial de Guanajuato, como Celaya, Irapuato, León y Salamanca, además de los notables casos ocurridos en municipios pequeños y de menor población como Juventino Rosas, Uriangato, Apaseo el Alto, Villagrán y Pénjamo.
El informe señala que las desapariciones se encuentran ligadas a la actividad de grupos del crimen organizado en la entidad, como el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, llama la atención la impunidad que ha prevalecido en el estado durante los más de 15 años que Carlos Zamarripa fue fiscal general, a quien en múltiples ocasiones activistas, colectivos buscadores y periodistas denunciaron por opacidad, omisiones y ocultamiento de datos.
