Por. J. Jesús Lemus
En San Felipe Tepatlán, Puebla, los pobladores tienen miedo de quedarse sin agua. Por eso se ha gestado un movimiento de oposición a la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1, la que el gobierno municipal anunció como “un gran proyectos de desarrollo regional”, pero que en realidad podría terminar con el suministro de agua que hacen los ríos Ajajalpan e Ixcanaquihui y que han dado por años sustento económico y agrícola a por lo menos 23 comunidades rurales indígenas.
Por eso los vecinos de San Felipe Tepatlán se alzaron. Comenzaron una protesta pacífica contra la empresa Deselec-Comexhidro, la que sin restricción alguna tiene la concesión federal para hacerse del agua que consideren necesaria. En San Felipe saben que eso es una sentencia de muerte a la región, no solo por la suspensión del agua que corre por los ríos, sino por los afectos contaminantes derivados de la hidroeléctrica.
Como los pobladores de San Felipe, al menos otros 56 sitios, en por lo menos siete estados del país, registran a la fecha movimientos sociales de pueblos naturales, los que se oponen a la construcción de ese tipo de proyectos, que no tiene más finalidad que la de suministrar energía eléctrica barata a los proyectos mineros en ciernes.
De acuerdo al documento “Urbanización E Industrialización en el Sur-Sureste. Su Impacto en los Derechos Sociales” de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México existen al menos 8 proyectos de termoeléctricas, 10 de presas y 76 de hidroeléctricas que ponen en riesgo las existencia de más de 200 comunidades indígenas, al privarlas del suministro de agua potable y exponerlas efectos ambientales negativos, así como a la suspensión del derecho natural de acceso al agua potable.
En todos los casos en donde se han puesto en ejecución dichos proyectos, las obras están a cargo de trasnacionales, filiales de las mineras que ya exploran la zona, las que no toman en cuenta a la población natural al momento de ejecutar las obras. Es una práctica común. En muchas ocasiones la omisión a la consulta es recomendada por los propios funcionarios federales que otorgan los permisos para las hidroeléctricas.
Para tratar de hacer valer el derecho de los pueblos naturales no solo al uso del agua, sino a un entorno ambiental sano, frente a la tozudez de las trasnacionales, se han agrupad más de 50 agrupaciones no gubernamentales, las que a la fecha mantienen la pelea legal contra los grandes capitales, para evitar el adueñamiento del agua y la extinción de comunidades completas, las que han logrado frenar el avance de por lo menos cinco proyectos abrazadores.
La principal organización opositora a la construcción de proyectos totalizadores de agua, es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por cuya gestión se han logrado frenar el proyecto de la Hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, la que insiste la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con poner en marcha para el próximo octubre del 2026, tras haber destinado un presupuesto de casi mil 100 millones de dólares. La operación del proyecto La Parota dejará sin agua a por lo menos 35 comunidades rurales.
La federación, el principal depredador
De los 94 proyectos totalizadores de agua que actualmente amenazan con dejar sin acceso al vital líquido a cientos de comunidades indígenas, en la mayor parte de ellos, en 52 tiene injerencia directa el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. Los otros 42 proyectos recaen en un grupo de apenas 10 empresas, las que podrían ampliar su participación en el sector con los beneficios de la Reforma Energética.
En los próximos años, las diez principales firmas de capital extranjero estarían haciendo inversiones en materia de hidroeléctricas en México por el orden de los 10 mil millones de pesos, una cifra record para aplicarse en ese sector, que está abocado al suministro de electricidad a en los polos mineros en desarrollo.
Para dar participación a la iniciativa privada, se estima que la Comisión Federal de Electricidad podría ceder algunos proyectos en donde actualmente la resistencia de los habitantes ha sido considerable, principalmente los que se avanzan en forma discreta en algunos municipios de la zona de la sierra norte del estado de Puebla, donde algunos de los opositores han sido encarcelados en base a demandas de los gobiernos municipales.
Las empresas que se sabe se encuentran interesadas en participar en los proyectos que podría ceder la CFE son Minera Autlán, Grupo México, Enel Green Power, Acciona, Genermex, Intergen, Mexichem, Iberdrola, AES Corporation e Ilioss, la mayor parte de ellas subsidiarias de las firmas mineras que ya tienen concesiones para explotar las regiones mineras del país.
La Comisión Federal de Electricidad que tiene el monopolio en la generación de energía eléctrica del país, por alguna razón ha considerado que ya no es rentable mantener el control total de los 310 mil millones de pesos que representa el mercado de la electricidad, en donde el 74 por ciento se destina al sector industrial, agropecuario y comercial, en tanto que restante 26 por ciento se dirige al consumo doméstico.
Proyecto totalizadores del agua
Entre los proyectos que más oposición tienen por parte de las comunidades naturales para su ejecución y/u operación, de acuerdo a investigadores de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se encuentran la hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, donde 10 comunidades están en riesgo de quedarse sin acceso al agua.
La gente de se ha opuesto a la operación de las termoeléctricas de El Salvador y Acajutla, en donde sumado al rapto de agua potable se contempla la utilización de diesel generadores, que harán un impacto ambiental de alto deterioro a mediano plazo, en donde se presume contaminación al aire y agua próximos hasta en un radio de 20 kilómetros.
Los vecinos de Tuxpan, Veracruz, desde hace tres años se mantienen en constante movilización, sin que haya una instancia que les escuche sus reclamos. Se quejan se quejan de los proyectos Tuxpan I y Tuxpan II, el primero operado por la empresa Electricidad Águila, una filial de la firma japonesa Mitsubishi, y el segundo en manos de la CFE.
En el estado de Morelos, sin importar los reclamos de las comunidades naturales, siguen avanzando los trabajos de la Termoeléctrica Huexca, en el municipio de ese mismo nombre, donde la principal amenaza se cierne sobre los afluentes que suministra de agua a la población, los que prácticamente serían privatizados.
En el municipio de San Martin Texmelucan, presentado como un proyecto para la generación de energía limpia, se avanza en los trabajos de la termoeléctrica de ese lugar, en donde el Grupo México aspira a la generación de energía, mediante el uso del agua del lugar, para venderla a la misma CFE, la que hizo entrega del plano del proyecto que el gobierno federal había acariciado por décadas.
El Grupo ICA (Ingeniero Civiles Asociados) también tiene bajo su tutela el proyecto para la operación de la termoeléctrica de Huejotzingo, el que absorberá el 100 por ciento del agua de los afluentes que cruzan por la zona, cesando la posibilidad de agua para cultivos agrícolas y uso doméstico de la población de al menos 11 comunidades rurales.
Un caso emblemático
La oposición para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, representa uno de los casos más emblemáticos para la defensa del medio ambiente, dijo la vocera del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Margarita Campuzano, la que destacó la intervención de todo un conjunto de organismo no gubernamentales en esa tarea.
Allí, en las Cruces se busca a toda costa salvar la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales que comprende una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de mangle del orden del 20% del existente en el país, incluyendo no menos de 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura.
La mega hidroeléctrica Las Cruces representa una amenaza derivada de la construcción y operación de una obra de esta magnitud, con el concomitante cambio severo en las condiciones estacionales del caudal hacia Marismas, así como los efectos que esta misma región le acarrearía el proyecto Canal Centenario, considerando que haría un trasvase anual, para fines de irrigar un distrito de riego del orden de los 380 millones 320 mil metros cúbicos anuales del río Santiago/Presa Aguamilpa. Este proyecto acabaría de romper el de por si frágil equilibrio ecológico de Marismas Nacionales Nayarit.
El 19 de diciembre de 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se aprobara la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, con un costo de 7 mil 795 millones de pesos, equivalente al presupuesto de Tepic durante ocho años. En septiembre de 2014 el proyecto fue aprobado de forma condicionada.
Desde el inicio de los estudios de prospección se han violado los derechos de los pueblos indígenas asentados en la zona, quienes no han sido consultados, a pesar de que se sabe que desaparecerían algunos de sus más importantes sitios sagrados y centros ceremoniales como la Muxatena. “Para los pueblos Náyeri, Tepehuan y Mexicanero el río San Pedro es parte de su territorio, fundamento de su vida espiritual y de sus tradiciones e identidad cultural”.
De llevarse a cabo el proyecto de la Las Cruces, serían más de 7 mil 700 los vecinos afectados por contaminación y deterioro ambiental, así como por daños irreversibles a los sitios sagrados que son utilizados por las comunidades indígenas, sumada la afectación económica de los pobladores de los municipios de Acaponeta, Rosamorada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, en Nayarit.
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