Por. J. Jesús Lemus
El asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, solo refleja una realidad: Michoacán, a la cabeza de por lo menos media docena de estados que hacia allá se encaminan, se ha convertido en el primer Estado Fallido, en donde los poderes de gobierno son un fracaso frente al crecimiento criminal.
No se puede negar el imperio criminal. El presidente Donald Trump ha insistido en ello: En México hay un gobierno del crimen organizado, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra paralizada de miedo. La razón de ese miedo es porque ella sabe que el gobierno se encuentra en los bolsillos de los criminales.
La tesis del presidente Donald Trump, sobre el imperio del crimen en México, quedó demostrado con el asesinato de Carlos Manzo, quien no es el primer alcalde ejecutado en Michoacán en lo que va del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, pero si es el primer alcalde asesinado por el narco cuando se enfrentó al narco.
Quien sabe cuánto tiempo pasará para saber realmente quién mató al alcalde de Uruapan. Pero, lo que realmente salta a la vista es porque mataron al alcalde de Uruapan: porque cometió el error de denunciar el predominio del crimen organizado. Esa es una vieja practica que se conoce en Michoacán como suicidio.
Lo mismo hizo el líder de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora; denunció la presencia y extorsiones del narco, en Buena Vista Tomatlán, y fue ejecutado. Homero Gómez, el defensor del Santuario y los bosques de la Mariposa Monarca también denunció a los taladores clandestinos y nocturnos del bosque, y fue asesinado.
El líder de los aguacateros de Uruapan, Bernardo Bravo, también denunció el cobro de piso y extorsiones por parte de los grupos del crimen organizado contra los productores de aguacate, y fue asesinado. Lo mismo hicieron seis presidentes municipales que ya no están en este plano terrenal.
El presidente de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, reclamó al gobierno estatal apoyo para contener la presencia del crimen organizado en su localidad. Este presidente municipal fue asesinado el 8 de febrero de 2022. su cuerpo fue localizado en la localidad de El Jacal, dos días después de que se emitiera el reporte de su desaparición.
Otro que pidió ayuda para frenar la llegada del narco a su localidad, fue el presidente municipal César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla. A él lo ejecutaron, a bordo de una camioneta, sobre una vereda del municipio, el 11 de marzo de 2022,
También el presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, el 1 de abril de 2024, fue muerto a balazos mientras cenaba en la taquería “El Infierno” de Morelia, cerca del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en pleno centro de la capital del estado.
Otro presidente que -igual que Carlos Manzo- pidió ayuda al gobernador para consolidar una estrategia de paz en su municipio, y que tuvo como respuesta su propia muerte, fue el alcalde Salvador Bastida García, de Tacámbaro. Este fue asesinado con armas de grueso calibre y su muerte se le atribuye al genérico crimen organizado.
La presidenta de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa fue asesinada en su municipio luego de haber sido liberada de un secuestro en la ciudad de Guadalajara, en donde estuvo incomunicada por tres días. Ella también pidió ayuda contra el narco en su municipio, y lo único que recibió fue una ráfaga de fuego sobre su persona.
El 17 de junio de 2025, también tras solicitar un plan estatal de seguridad en su municipio, fue asesinada, fuera de su domicilio, la alcaldesa de Tepalcatepec Martha Laura Mendoza. Según datos oficiales fue un comando armado, desde una camioneta, el que la ejecutó en una acción que tardó menos de 20 segundos.
Y finalmente, otro alcalde que soñó con tener el respaldo estatal para enfrentar al creciente narco en su localidad, fue el presidente municipal de Penjamillo, Gilberto Mejía Salgado. Él se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de junio.
El asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, es de trascendencia no solo porque demuestra un protocolo de acción del crimen organizado o el Estado coludido. Es de mucha importancia porque se trata del primer homicidio de un presidente municipal que sacude al gobierno federal, y el primero que puede hacer que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pida licencia a su cargo para responder a las acusaciones que haga el agente del Ministerio Público.
