Por. J. Jesús Lemus
No es difícil de apuntar hacia donde enfila la suerte ni el futuro que le depara al expresidente Felipe Calderón, ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación por delitos de alto impacto en el Estado de Michoacán, cometidos por mandos de gobierno, esto en ocasión del Plan de Paz y Seguridad empujado por el gobierno federal personificado en Omar García Harfuch.
Si hubiese voluntad política del gobierno de la Cuarta Transformación, Felipe Calderón no tendría escapatoria a la prisión. Son más que evidentes las relaciones criminales del expresidente de México con algunos de los grupos delictivos que han hecho fracasar el estado de derecho en Michoacán.
Una cosa es innegable, en el proceso de investigación que ha iniciado la FGR, para imponer el estado de derecho en Michoacán, en donde resalta el nombre del ex presidente Felipe Calderón: la FGR cuenta con elementos suficientes y muy graves para llevar a Calderón ante un juez.
En el caso de Felipe Calderón, de acuerdo a fuentes consultadas al interior de la FGR, los delitos que se le podrían fincar, con base en los indicios que obran en diversos expedientes, los que serían suficientes para integrar una carpeta de investigación, son graves; se trata de delincuencia organizada, fomento al narcotráfico y traición a la patria.
Según lo establece el Código Penal Federal, por el delito de traición a la patria se amerita una sanción carcelaria de entre cinco a 40 años, por fomento al narcotráfico es de 10 a 20 años y por delincuencia organizada, la sanción es de 10 a 45 años de prisión. Así, la suma de años en prisión que podría enfrentar el ex presidente Felipe Calderón podría ser de entre 25 a 105 años, sin derecho a libertad condicional.
Bajo el supuesto de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, decida –porque los elementos constitutivos del delito existen- ejercer acción penal contra Felipe Calderón, la investigación podría sustentarse no solo en la información referente contenida en expedientes de otras personas procesadas por esos mismos delitos, sino también en textos informativos de diversos periodistas.
A la fecha, por lo menos 16 libros de investigación, publicados entre el 2011 al 2020, y por lo menos medio centenar de reportajes periodísticos expuestos en diversos medios de comunicación, refieren una participación directa del ex presidente Felipe Calderón en la comisión de diversos ilícitos del fuero federal, entre los que destacan los de fomento al narcotráfico, traición a la patria y delincuencia organizada.
Así mismo, en los deposos vertidos en sus declaraciones ministeriales por parte de por lo menos más de dos docenas de narcotraficantes de peso mediático, refieren o infieren la acción de su conducta criminal gracias al cobijo de la Policía Federal durante la administración del presidente Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna -entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)- fue la conexión entre los carteles de las drogas y el gobierno de la República.
Según reconocen fuentes de la FGR, los expedientes que contienen las declaraciones de narcotraficantes que hablan de una protección institucional a su actividad delictiva, son de los que se logró detener durante la administración de Enrique Peña Nieto. Durante el gobierno de Calderón, cualquier declaración en ese sentido no fue consentida por la entonces PGR, y en consecuencia fue eliminada.
La voz latente del narco
Entre los narcotraficantes que en sus declaraciones ministeriales o preparatorias han reconocido el haber tenido la protección de la SSP, a través de la Policía Federal, el Ejército, la Marina o la propia Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra la del principal jefe de las drogas, Joaquín Guzmán Loera, quien era jefe del Cartel de Sinaloa. “El Chapo” refirió, tras su segunda captura luego de la fuga de la cárcel de Puente Grande, captura que ocurrió el 22 de febrero del 2014, que siempre tuvo la protección de Genaro García Luna, con quien mantuvo acuerdos que conoció el mismo Felipe Calderón.
Igualmente señalaron esa protección oficial Alfredo Beltrán Leyva, jefe del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, quien fue detenido en Culiacán el 21 de enero del 2008, y Sergio Enrique Villarreal Barragán, jefe de sicarios de ese mismo cartel, capturado el 12 de septiembre del 2010, en la ciudad de Puebla; las declaraciones iniciales que implicaban a Felipe Calderón y García Luna fueron borradas, pero sus testimonios cobraron vigencia al ser extraditados a Estados Unidos.
Otros narcotraficantes que también han declarado ante una autoridad ministerial federal sobre la protección recibida por parte del gobierno federal, con la complacencia de Genaro García Luna y el propio Felipe Calderón, son Humberto Rodríguez Coronel, Inés Coronel Barrera y Omar Coronel Aispuro, del Cartel de Sinaloa, el primero detenido el 23 de marzo del 2013, y los otros dos capturados el 30 de abril de ese mismo año.
Por su parte, Jonathan Salas Avilés, apresado el 10 de febrero del 2013; Mario Nuñez Meza, detenido el 27 de agosto del 2013; José Fidel Nuñez Meza, capturado el 16 de octubre del 2013; Rolando Angulo Meza, capturado el 27 de diciembre del 2014, y Heriberto Salgueiro Navárez, detenido el 4 de febrero del 2015, todos del Cartel de Sinaloa, también reconocieron que sus operaciones delictivas estaban protegidas desde lo más alto del gobierno federal, a cambio de sobornos.
Otras declaraciones contenidas en expedientes dentro de la FGR, que podrían ser usadas para imputarle delitos graves a Felipe Calderón, son las de los integrantes apresados del Cartel de Juárez: Alberto Carrillo Fuentes, detenido el 1 de septiembre del 2013; Vicente Carrillo Fuentes, detenido el 9 de octubre del 2014 y Jesús Salas Aguayo, capturado el 14 de marzo del 2015. Estos narcotraficantes también aludieron a la protección recibida desde la administración de Felipe Calderón.
Los miembros del Cartel de la Familia Michoacana (Caballeros Templarios) que también en sus procesos penales han referido haber estado en colusión con autoridades federales que les permitieron hacer sus operaciones criminales de manera impune, son Dionisio Loya Plancarte, detenido el 27 de enero del 2014; Gregorio Abeja Linares, apresado el 26 de agosto del 2013; Servando Gómez Martínez, arrestado el 27 de febrero del 2015 y Nicolás Trujillo Urieta, recluso desde el 14 de abril del 2015.
Por lo que hace al Cartel de Los Zetas, las declaraciones que podrían revivir y fundar una investigación por narcotráfico contra Felipe Calderón, son las que se encuentran contenidas en los expedientes de Alfonso Zamudio Quijada, arrestado el 9 de mayo del 2013; Miguel Ángel Treviño Morales, detenido el 14 de julio del 2013; Román Ricardo Palomo Rincón, preso desde el 26 de agosto de 2013; Fernando Martínez Magaña, apresado el 15 de mayo del 2014; Oscar Alejandro Treviño Morales, capturado el 4 de marzo del 2015 y Hugo Román Chavarría recluso desde 24 de abril de 2015.
Los deposos de estos detenidos en la administración de Enrique Peña Nieto son coincidentes al referir que el gobierno, a través de diversas instituciones, principalmente el Ejército, la PGR y la SSP, les permitió no solo la actividad del trasiego de drogas, sino también el tráfico y la trata de personas, principalmente migrantes que viajaban desde la frontera sur, en Chiapas, hasta la frontera norte en el estado de Tamaulipas.
También en los expedientes de los procesos penales de Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, detenidos el 18 de octubre del 2013 y 18 de octubre del 2014, respectivamente, hay indicios de la relación que este grupo delincuencial mantuvo con el gobierno federal, con pleno conocimiento del entonces presidente Felipe Calderón. Ellos son los fundadores del Cartel Guerreros Unidos, una escisión del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva.
La lista de narcotraficantes cuyas declaraciones serían la base de una carpeta de investigación contra Felipe Calderón, al referir que operaron con la protección del Estado, también incluyen a Rubén Mazari y Leonor Nava Romero, del Cartel de Los Rojos, detenidos el 18 de mayo del 2014 y el 10 de febrero del 2015, respectivamente.
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