Por. J. Jesús Lemus
La naturaleza de la crítica situación en el acceso y la calidad de agua de que dispone la población en general en nuestro país, ha sido también reconocida por parte del relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua, el Saneamiento y el Alcantarillado, Leo Heller, quien ha calificado esta situación como “un problema crónico” en México.
En nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existen 653 ríos y 731 cuencas hidrológicas, que en teoría serían suficientes para solventar las necesidades la población, pero esto no es posible debido a que el 14.7 por ciento de las fuentes de agua, actualmente se encuentran sobrexplotadas por la planta industrial, a la que no se le ha restringido el acceso y dominio sobre el vital líquido, lo que ha hecho que, hasta marzo del 2017, de las Mil 384 fuentes de agua de que dispone nuestro país, al menos 105 acuíferos se encuentren en condición de sobreexplotación y 104 cuencas hidrológicas presentan déficit de suministro.
La principal causa de esa sobreexplotación y del déficit de agua que presentan las fuentes naturales de suministro, se atribuye a la entrega del recurso al sector industrial, eléctrico y minero, en donde el agua se utiliza sin una normatividad clara, tanto por la extracción como para la generación grandes volúmenes de aguas residuales, que solo vienen a incrementar el problema de la contaminación.
De acuerdo a las cifras oficiales, contenidas en el anuario “Estadísticas del Agua en México” en su edición 2016, el más reciente de la CNA, el mayor volumen de agua que se extrae del subsuelo nacional, se otorga en concesión para riego agrícola, generación de electricidad, actividad industrial y proyectos extractivos, por lo que la población urbana y rural solo tiene posibilidad de acceder al 14.6 del agua disponible en el país.
Eso es lo que ha ocasionado que a la fecha se agudicen en todo el territorio los conflictos por el acceso al agua, donde el papel privatizador que ha generado el Estado ha generado la fragmentación del territorio y en particular de las zonas indígenas y campesinas. “El Estado –reconoce la CNDH en su informe- ha contribuido en esta fragmentación a través de las reformas realizadas a la Ley de Aguas Nacional, las cuales abrieron paso a la valoración económica del agua y los mecanismos de privatización”, con lo que ahora “el agua es considerada como un bien económico y no un bien cultural y social”.
Como efecto de la política que se hace sobre el agua, resulta lo que hoy sucede en los grandes núcleos poblacionales de ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Hermosillo, en donde se “ha recurrido a la construcción de megaproyectos, bajo un modelo de abastecimiento de agua que es sin duda insustentable en términos económicos, sociales y ambientales”, dice el organismo de defensa de los derechos humanos.
Entre los cientos de casos documentados a lo largo de este trabajo, en donde se evidencia que el sector industrial es privilegiado por encima de la población para la extracción y uso del agua, destaca el caso de la comunidad de El Cubo, Guanajuato, en donde la empresa minerva canadiense Endeavour Silver Corp., se ha apropiado de la mayor parte del agua de la que dispone esa localidad, contando a la fecha con permisos para generar hasta 43.3 metros cúbicos de agua contaminada por día, lo que equivale a generar más de 15 mil 821 metros cúbicos de aguas residuales en un año, siete veces más de la cantidad de agua que contaminan los usuarios domésticos.
A causa de la excesiva generación de agua contaminada que genera la empresa canadiense Endeavour Silver Corp., esta zona de Guanajuato no vive de forma distinta su situación de salud con relación a otras regiones contaminadas; aquí han ido en aumento los índices de enfermedades de la piel, riñón, gastrointestinales y de cáncer, principalmente en niños y adultos de la tercera edad, cuyos índices han crecido desde que la minera mantiene en explotación los yacimientos de agua.
De acuerdo a la versión emitida sobre el tema, por parte de integrantes del Movimiento Pro Defensa del Agua, desde hace más de un año en esta localidad -de más de 17 mil habitantes- se viene padeciendo escasez y contaminación del agua, “todo por culpa de la minera, se ha apropiado de la mayor parte del agua y porque la poca que llega a la población, es de mala calidad”, dijo Rubén Mendoza Moreno, quien encabeza un movimiento social que busca lograr la declaratoria de Zona Libre de Minería para esta localidad.
De acuerdo a Mendoza Moreno, que denunció la impunidad con la que la minera se ha apropiado del agua que le corresponde a la población, en la trasnacional se niegan a dar una respuesta al reclamo de compensación económica que han propuesto los habitantes de esta localidad. La única respuesta obtenida ha sido los programas oficiales de sanidad que ejecuta el gobierno estatal, los que evidentemente no tienen costo para la minera.
Otra propuesta que han recibido los vecinos de la comunidad de El Cubo, como solución a los problemas de salud que se han disparado a causa de los niveles de desabasto de agua que ha generado la minera, es la que fue vertida a través de funcionarios del gobierno estatal: se propuso la reubicación de las 150 familias en otra zona en donde se tenga acceso al agua, y en donde la contaminación de la presa de jales no afecte al agua que llega para el suministro de los más de 460 habitantes del lugar.
La propuesta de reubicación de todo el poblado, por supuesto no ha sido aceptada por la comunidad de El Cubo, la que insiste de manera infructuosa en mantener su reclamo ante la autoridad local, para que esta gestione ante la federación la cancelación de la mina. Pero esta situación se observa más que imposible, pues la Endeavour Silver Corp., alega haber hecho ya una inversión de más de más de 13.6 millones de dólares para la instalación de su planta productiva, recursos que de alguna manera estaría solicitando como indemnización.
Desde el 2012, año en que inició la extracción de oro y plata en la zona de El Cubo, la minera ha descubierto nuevos yacimientos de esos metales en sus inmediaciones, de los que ya se ha apropiado mediante sendas concesiones federales; los trabajos de ampliación de la minera ya comenzaron en los predios V-Asunción, Dolores y Santa Cecilia, en donde se remueven en promedio de mil 300 a mil 450 tonelada de tierra en un día, a fin de obtener 135 gramos de plata y 1.5 gramos de oro por cada tonelada de tierra removida, en donde el uso de agua por cada uno de esos valores metálicos es en promedio de 6 mil y 7 mil metros cúbicos de agua al año, respectivamente.
Por eso el conflicto en esta localidad, y para evitar que casos como el de El Cubo, en Guanajuato, se sigan presentando en el todo el país, y garantizar a los núcleos poblacionales una mayor asequibilidad del agua, que además sea de calidad, la CNDH propone que el gobierno mexicano rectifique el marco jurídico de concesiones de agua a la industria, bajo el cual se está destinando mayor cantidad de agua a las empresas, con permiso de contaminación a cambio de un pago económico.
Así, la CNDH propone “ampliar los criterios de calidad del agua para determinar las fuentes de contaminación relacionadas con las actividades antropogénicas”, y con ello, “establecer oportunamente acciones de saneamiento y cumplimiento de leyes en la materia, estableciendo responsabilidades a quienes corresponda. Esto implica el análisis sistemático en los cuerpos de agua y difusión pública de resultados”.
Se plantea también, sin dirigir a nadie la recomendación de la CNDH, tomar en serio los estándares internacionales en materia de suministro de agua, que llevaría a tener que considerar el derecho al agua como una prerrogativa constitucional, la que no se ve cumplida en su vida diaria por parte de miles de mexicanos en todo el país; “esto lejos de desalentarnos debería activar nuestra imaginación para buscar nuevas soluciones a esta problemática que amenaza con extenderse aún más en los próximos años en el país”, establece la CNDH.
