Por. J. Jesús Lemus
Hasta hoy, el gobierno federal se negaba a reconocer la relación que existe entre Minería Trasnacional y Cárteles de las Drogas o Crimen Organizado. El reconocimiento de esta realidad no se había aceptado pese a que esta relación ya había sido denunciada periodísticamente desde enero del 2018, con la publicación del libro “México a Cielo Abierto” (Lemus, Grijalbo 2018).
Apenas en este noviembre de 2025 la Secretaria de Economía ha reconocido que sí existe una relación entre minería y crimen organizado, que son muchas las empresas mineras, principalmente trasnacionales, las que se han asociado con grupos delictivos para apropiarse de la tierra de comunidades originarias.
Respecto a esa relación perversa entre minería y crimen organizado, se ha anunciado -por parte de la Secretaría de Economía- que junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se va a realizar una investigación a fondo, a través de una especie de auditoria financiera, para ubicar a aquellas mineras que estén en sociedad con el crimen organizado.
Lo anterior es un logro, dado que hasta ahora el gobierno federal mexicano se negaba a reconocer y ni siquiera permitía que se mencionara en los medios de comunicación la relación de mineros y crimen organizado, cuya sociedad ha venido dejando una estela de muerte, devastación y violencia en todo el territorio nacional, y que es responsable directa de por lo menos 342 ejecuciones, 220 desapariciones forzadas y más de 19 mil desplazados.
La estela de violencia y agresión que ha dejado la mayoría de las empresas mineras asentadas en nuestro país ha sido posible a partir de una siniestra alianza entre éstas y grupos del crimen organizado, que se han convertido en el brazo ejecutor de la política oscura de protección a los intereses mineros.
En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país las mineras han pactado alianzas con los cárteles de Sinaloa, Juárez, los Beltrán Leyva, la Línea, los Zetas y del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas.
En los estados del sur, este y occidente del país —Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima— las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, a las que financian para resguardar sus intereses, y también para que vigilen, como guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del Estado.
El ejemplo más claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras, donde se suma la omisión del Estado, es el de Guerrero, donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado “Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense Goldcorp, la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí mismo se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, que sin empacho y viendo sólo por sus intereses, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, que pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata.
Es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en Michoacán, donde se ha optado por la integración de grupos de civiles armados, que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado y los cárteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras asentadas en el país, no queda a salvo ninguna: todas tienen en mayor o menor medida una relación de negocios con los cárteles, que han transitado silenciosamente del trasiego de drogas al nada despreciable —en términos económicos— negocio de la minería.
La transición de los cárteles hacia el negocio de la minería es entendible por una sola razón: es menos riesgosa y más rentable la extracción y comercialización de minerales que el desgastado negocio del tráfico de drogas. En los retenes que establecen los cuerpos federales de seguridad por todo el país jamás se ha sabido de la detención de camiones cargados con minerales, aun cuando estos van resguardados por hombres armados.
El modelo de costo-beneficio es el rector en el comportamiento de los cárteles de las drogas dentro de la minería; de acuerdo con lo señalado por la Oficina de las naciones Unidas Contra la droga y el delito (unodc), sólo en México el mercado ilícito de las drogas genera utilidades anuales estimadas en 25 mil millones de dólares. Pero el comercio de metales industriales, metales preciosos y minerales no metálicos, que además es una actividad legal y estimulada por el gobierno federal, genera una utilidad anual promedio superior a los 200 mil millones de dólares.
Incluso considerando que los cárteles de las drogas, mediante la prestación de sus servicios como brazo ejecutor de las mineras o mediante su intervención directa en la explotación de yacimientos, se quede sólo con
10% de los recursos que genera el sector, como lo establecen fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), esos grupos ya están logrando una utilidad equiparable a la que obtienen por el trasiego de drogas.
Así, la inclusión de los cárteles de las drogas en el negocio de la minería les representa una forma rentable e inmejorable de subsistir, porque los riesgos de detención o ejecución de sus integrantes se reducen en forma considerable, lo que hace que las estructuras criminales mantengan nóminas de pago muy por debajo de las que se establecen cuando la encomienda es el trasiego de drogas, que conlleva un elevado riesgo de muerte o captura.
Por eso se entiende que en la actualidad casi todos los cárteles de las drogas, tanto los considerados de presencia nacional como los clasificados como “minicárteles” o “cárteles locales”, ahora se encuentren inmersos en actividades de explotación minera, con encomiendas que van desde vigilancia perimetral y seguridad a los transportes de carga hasta detección, control y ejecución de los “factores de riesgo” para las compañías.
Esa encomienda es lo que resulta en intimidación, desplazamiento y ejecución a los opositores de los proyectos mineros, que casi siempre son los defensores de la tierra, los líderes comunales, periodistas, defensores de derechos humanos o dirigentes de agrupaciones comunales de defensa de los recursos naturales.
La minería en México, de la forma en que actualmente se lleva a cabo, es considerada por diversas agrupaciones civiles como letal para las comunidades asentadas en las zonas ricas en minerales. no es fortuito que a lo largo de todo el territorio nacional no exista una sola mina en exploración o explotación que no lleve de la mano un conflicto social, por mínimo que sea. Los conflictos provocados por las mineras no sólo son por la disputa del suelo con el objetivo de la apropiación de las riquezas subyacentes; son resultado de la disputa por el agua, la generación de residuos tóxicos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, la deforestación y la creación de condiciones adversas a la salud colectiva.
De acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno federal, en México se han otorgado 25 mil 425 permisos de exploración o explotación de minas, lo que genera mil 488 conflictos sociales, si se pretende ser exacto.
Tomando en cuenta sólo las localidades en las que se han dado desplazamientos forzados de la población, amenazas de muerte de los defensores de las tierra o asesinatos de los líderes comunales que se oponen a los proyectos, el total de conflictos sociales derivados de las minas se tendría que reducir a 782 en todo el país, lo que aún sigue siendo una cifra elevada.
Cabe señalar que la mayoría de esos 782 conflictos que se han podido documentar a lo largo de la elaboración de este texto —para lo que fue necesario un minucioso recorrido por todo el país—, en nada se compara con los que se registran en los países mineros de donde provienen las principales empresas a las que les han cedido la propiedad del suelo mexicano.
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