Por. J. Jesús Lemus
El problema de la disputa del agua en México, no es nuevo. Tiene al menos una década que se comenzó agudizar, y se ha hecho visible gracias a los defensores de la tierra que alzaron la voz ante la invasora presencia de cientos de empresas trasnacionales llegadas a las zona más marginadas del país.
El problema ha cobrado importancia en los últimos tres años, no por la escasa difusión en los grandes medios tradicionales masivos de comunicación, sino por la acción de colectivos y organizaciones con acceso a las redes sociales y mediante la difusión de periodistas independientes en blogs informativos que publican lo que los gradnes medios callan.
Al igual que ocurre con los señalamientos sobre la devastación que hace la industria minera, que apenas alcanzan reducidos espacios en los medios informativos tradicionales, el problema del despojo del agua también ha tenido poca atención de parte del gremio periodístico, lo que solo se entiende por los intereses económicos de los propios medios y de algunos periodistas que aspiran o ya cuentan con sendos convenios financieros a cambio de del vergonzoso silencio.
Aun así, la acción de los ambientalistas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los recursos naturales y al derecho a un medio ambiente, han logrado que el problema del despojo del agua sea al menos visible, aun cuando todavía no surte efectos sobre la esferas de gobierno en las que se encuentra la posibilidad de rectificación del marco jurídico para privilegiar primero el suministro de agua a la población, antes que a la planta industrial.
De manera tibia, sin ninguna posibilidad de que sus observaciones surtan un efecto reformador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la única instancia oficial dentro de la estructura del Estado mexicano que ha tocado el problema del desabasto de agua, que afecta a más de 44 millones de personas en nuestro país.
Pero este tocamiento solo ha quedado en la categoría de informe, una figura que en nada obliga a nadie a hacer algo para solucionar el problema. Sus alcances son meramente informativos y de exposición del problema, en espera de la buena voluntad de las instancias oficiales para proponer y alcanzar una solución.
Por eso hablar de una “CNDH sin Dientes” no solo es sorna, es una realidad que lacera a las comunidades sin voz, pues por mucho que esa instancia insista sobre la preocupante situación que se vive en torno al despojo del agua, esto no deja de ser solo la visión de alguien más que intenta involucrarse en el problema, y que –al igual que miles de actores ciudadanos- no cuenta con facultades sancionatorias que puedan enmendar la gravedad del conflicto.
En mayo del 2018, la CNDH emitió su informe “Estudio Sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”, el que para la instancia de gobierno pareció ser no otra cosas que una visión particular más del conflicto por el desabasto de agua que viven millones de mexicanos; tras el informe no hubo una sola reacción ni del legislativo federal y menos del ejecutivo, en donde se continuó con la política de entrega de concesiones de agua para fines industriales.
En dicho informe, la CNDH reconoció lo que ya se sabe: que el del agua es un tema complejo y de interés colectivo. Pero al menos estableció su preocupación por la forma en que ríos, lagos y acuíferos son sobreexplotados, se están contaminando y están siendo apropiados “por intereses particulares”, dijo por no ser directa ni querer confrontarse con la planta industrial.
Allí mismo, también reconoce que el problema del agua en México se agrava cada vez más, pues frente al despojo, contaminación y sobrexplotación de los acuíferos, “se identifica un aumento en los requerimientos de agua, en cantidad y calidad”, esto por el crecimiento de la población que precisa del agua para realizar sus actividades humanas y procurar un medio ambiente sano.
En el mismo documento con destino a todos y a nadie, la CNDH refiere que para abatir el estado de crisis en el que ha entrado la disputa por del agua en nuestro país, no solo es preciso un cambio de la perspectiva que mantiene el Estado sobre la distribución, sino que es necesario cambiar la visión que se tiene del agua, “la que se observa como una mercancía o de manera utilitaria al servicio de la industria”,[1] aun a costa de su contaminación, del deterioro de ecosistemas y las implicaciones de disponibilidad para utilizarla con fines domésticos.
“En necesario –sigue el informe de la CNDH- ver el agua como un patrimonio colectivo, sin vulnerar los derechos humanos a todos los habitantes y la responsabilidad de su manejo sustentable”. Pero eso no es más que una quimérica propuesta, pues el agua se ha convertido en uno de los principales activos nacionales, superado solo por los yacimientos de hidrocarburos, metales y minerales, con los que el gobierno mexicano incentiva la atracción de inversiones en nuestro país.
[1] CNDH, Estudio Sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, p.14, México, 2018
