Por. J. Jesús Lemus
El crecimiento de Bachoco a partir del uso del agua del que despojó a la población de Gómez Palacio, fue reconocido por el propio gobierno federal mediante la entrega en el 2017 del Premio Nacional Agroalimentario, el que otorga el Consejo Nacional Agropecuario. El reconocimiento fue entregado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien en la ceremonia oficial resaltó “los estándares de calidad” y el “aporte social mediante la generación de empleos” que esta empresa hace en la zona de La Laguna.
El bastión productivo de esta empresa, fincado en el uso del agua, no solo se extiende en la región norponiente de Durango. También se extiende en los estados de Sonora, Puebla, Veracruz y Michoacán, donde de la mano del gobierno federal ha podido afianzarse como una de las más rentables del ramo agroalimentario, dejando un rastro de señalamientos sociales no solo por el arrebato del agua, sino por los efectos contaminantes al medio ambiente.
Como dato extraordinario hay que señalar que Bachoco es propiedad de la familia de ex gobernador de Sonora José Eduardo Robinson Bours Castelo, quien fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en el delito de alteración de la escena de un crimen y falsedad en sus declaraciones, en torno a los sucesos del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, que cobró la vida de 49 niños el 5 de junio del 2009; la investigación que también tocó a la responsabilidad del entonces procurador general de justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta, fue archivada por orden presidencial, según confirmó una fuente de la PGR.
Eduardo Bours fue hasta la pasada administración federal un miembro prominente de la clase política gobernante. Como militante del PRI, en el 2000 fue responsable de las finanzas del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Francisco Labastida Ochoa, a la par que se logró postular como candidato al senado de la república, posición que obtuvo a pesar de la derrota del PRI.
Como Senador, Eduardo Bours Castelo fue presidente de la comisión de Fomento Económico, secretario de la de Relaciones Exteriores para Europa y África, y fue miembro integrante de las comisión de Comercio y Fomento Industrial, y de la de Comunicaciones y Transportes; solo así se entiende que haya librado la investigación por su responsabilidad en la muerte de los 49 niños de la guardería ABC, pero sobretodo que le haya podido dar un fuerte impulso a la empresa de la familia, la que a la fecha es una de las mayores depositarias del agua nacional, y que actúa sin mayor responsabilidad en la contaminación del medio ambiente.
Bachoco, a la que se le atribuye el control de más de la mitad del mercado nacional en cuanto a producción avícola y porcina, está asociada con las firmas trasnacionales Pilgrim´s Pride y Tyson, las que son señaladas desde el sector de la defensa del medio ambiente de ser responsables del brote de Influenza Humana (H1N1), la que en el 2009 paralizó a todo el país ante los efectos de pandemia declarados así por la propia Secretaría de Salud del gobierno federal.
La pandemia de influenza que afectó a la población mexicana, más allá de que su origen se haya dado o no en las granjas de Bachoco en el estado de Veracruz, causó un número de defunciones sin precedente en la estadística sanitaria del país, según lo reconoció la propia Organización Mundial de la Salud (OMS): solo entre 2009 y 2014 se registraron 269 mil 519 casos de influenza en todo el país, de los que 86 mil 129 fueron confirmados como influenza H1N1, de cuyo universo 2 Mil 962 pacientes llegaron a la defunción.[1]
El “Paciente Cero” de esta pandemia, identificado como Edgar Hernández, un niño de cinco años de edad, fue localizado en la comunidad de La Gloria, a solo siete kilómetros de la comunidad de Rosa Mística, en las inmediaciones del municipio de Perote, Veracruz, justamente en donde Bachoco opera uno de sus más de 700 centros de producción porcina, los que de manera insistente ha sido señalados por autoridades locales como verdaderos centros de contaminación sobre los que las autoridades federales no han ejercido ningún tipo de sanción.
Más allá de la contaminación generada por las granjas de Bachoco en el estado de Veracruz, a las que se les atribuye en las inmediaciones los índices al alza de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, allí se vive un sordo reclamo ante la autoridad por el desmedido uso del agua que estos centros porcícolas siguen haciendo: a la fecha Bachoco cuenta con 28 permisos de explotación de agua en todo el estado, los que garantizan el suministro de 2 millones 057 mil 156 metros cubico de agua al año, una cantidad de líquido potable que es similar al que utilizan la minera Ternium de México en su planta industrial de elaboración de acero en el estado de Nuevo León.
Bachoco también cuanta con permisos oficiales para desechar agua contaminada sobre los causes hidrológicos de Veracruz, por el orden de los 102 mil 200 metros cúbicos por año, lo que representa 2 veces el agua contaminada que generan las zonas urbanas de las ciudades de Xalapa y el puerto de Veracruz, donde los gobiernos municipales están obligados a pagar un impuesto a la federación por la emisión contaminante, además de mantener un estricto programa de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en el caso de Bachoco la CNA es laxa en cuanto al cobro de impuestos por aguas residuales descargadas y solo obliga a la operación de una planta de aguas negras por cada uno de los centros de engorda de cerdos.
El problema del uso desmedido de agua para fines industriales de Bachoco no se centra en el estado de Veracruz; este fenómeno también se observa en el municipio de Acatlán de Osorio en el estado de Puebla, así como en las localidades de Torrecillas y Los Ángeles, en el municipio de Villagrán, y en la comunidad de Crespo, del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato.
En Acatlán, una de las localidades más pobres de la zona de la mixteca del estado de Puebla, donde solo 4 de cada 10 personas del municipio tienen acceso al agua entubada en su domicilio, la empresa Bachoco cuenta con la autorización del gobierno federal para utilizar, contaminar y desechar hasta 9 mil 064 metros cúbicos de agua al año, una cantidad que sería suficiente para atender la demanda de agua potable de más de la mitad de los 25 mil pobladores que no tienen acceso a ese servicio, y que para abastecerse tienen que recorrer hasta cinco kilómetros para llevar el agua a su domicilio.
Lo mismo sucede en las poblaciones de Torrecillas y Los Ángeles, del municipio de Villagrán, Guanajuato, en donde Bachoco es la dueña absoluta de 163 mil 453 metros cúbicos de agua al año, y en Celaya de 946 mil 420 metros cúbicos, de los que dispone en forma directa desde el subsuelo para el sostenimiento de sus granjas en esas localidades, en donde la polución y los desechos orgánicos han hecho que aumenten las enfermedades respiratorias de los habitantes de la zona, los que han insistido en la reubicación de las granjas, sin que las autoridades municipales y estatales hagan algo para solucionar el conflicto.
Solo en el estado de Guanajuato, Bachoco utiliza una cantidad de agua similar a la que sería suficiente para abastecer a los más de 45 mil habitantes de esas dos localidades que a la fecha no tienen suministro en sus domicilios, y que de alguna manera representa el doble del agua que utiliza en un año la empresa Cementos Mexicanos S.A. de C.V., filial de Cemex S.A.B. de C.V., que opera en los límites de Guanajuato y San Luis Potosí, donde el gobierno federal le ha entregado también concesiones de uso de agua en forma discrecional.
[1] Organización Mundial de la Salud, Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con México 2015-2018, p. 16, 2015
