Por. J. Jesús Lemus
Un fenómeno que en México ha cobrado importancia en los últimos años es el del Desplazamiento Forzado Interno. Desde el 2006, año en que el gobierno federal inició “La Guerra Contra el Narco”, el número de personas que han tenido que dejar sus lugares de origen ha ido en aumento.
Desde ese año se llevan algunas estadísticas, principalmente en la CNDH y en algunos organismos civiles de defensa de derechos humanos, sobre el número de persona que se han tenido que desplazar de sus comunidades de origen.
Estas estadísticas, que no siempre son reconocidas por el gobierno federal, en su mayoría se limitan a señalar el desplazamiento como resultado de los índices de pobreza o de la violencia que han generado los carteles de las drogas.
Pero no siempre el desplazamiento forzado es resultado de la inestabilidad social que generan las disputas entre las células criminales por el control de los territorios para el trasiego y comercialización de drogas o por los constantes enfrentamientos armados que sostienen con las fuerzas federales.
Entre las principales razones que motivan el llamado Desplazamiento Forzado Inerno se encuentran los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y en último lugar se consideran las que generan los proyectos de desarrollo, en donde se ubican las que tienen que ver con la escasez del agua.
Entre las razones que nadie menciona en las estadísticas de los desplazamientos, existe una que lastima más que la propia violencia o la pobreza extrema: la falta de agua. Esta cifra el gobierno federal la maquilla mañosamente como si se tratara de un factor más de pobreza, a la par de otros benefactores sociales como educación, salud o vivienda, para no dejar al descubierto el despojo del agua del que son víctimas miles de mexicanos.
El desplazamiento poblacional por pobreza extrema, en donde se engloba la falta de agua, ha sido ya reconocido por la nueva administración federal que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador, la que en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha hecho referencia a este fenómeno, pero no ha diseñado ninguna política de coyuntura para frenarlo.
De acuerdo a las cifras más recientes de la CNDH, con fecha de corte al 2016, se estima que entre el 2006 al 2025 en todo el país se documentaron más de 57 mil 600 casos de personas que se vieron obligadas al desplazamiento; solo en el último año de ese informe se supo que 31 mil 898 desplazados manifestaron que fue la violencia la causa principal del abandono de sus hogares, 128 lo hicieron por conflictos religiosos, 920 persona abandonaron su localidad por conflictos en la posesión de la tierra, 130 por conflictos entre familias y 89 por desastres naturales.
Del total de desplazados internos que se registraron en el país hasta el 2025, se estima que al menos 23 mil 465 de estas personas tuvieron que dejar sus localidades como resultado de las extremas condiciones de pobreza que afrontaban, en donde la falta de agua, derivada del despojo por parte de megaproyectos productivos y económicos, fue una de las principales razones para dejar sus lugares de origen.
Si el desplazamiento por violencia y pobreza es inaceptable, es más lacerante la movilización poblacional a causa de la falta de agua. A la fecha no existe ninguna estadística oficial que hable de esa verdad existente en nuestro país, pero los datos obtenidos a lo largo de esta investigación, que incluyó el recorrido de 108 regiones de las 32 entidades del país, revelan que la cifra de desplazados por sed puede ser superior a los 20 mil habitantes, que podrían bien representar casi el 30 por ciento de todos los desplazados registrados en el sexenio pasado.
Hablamos de núcleos poblacionales a donde empresas de capital trasnacional han llegado con la intención de ofrecer un desarrollo económico que no se observa por ningún lado, y que, por el contrario, se ha dado una persecución contra los líderes de los movimientos locales que se oponen al despojo del agua. Esta persecución proviene de instancias oficiales de procuración de justicia, miembros del crimen organizado y de autoridades locales aliadas de las empresas.
Solo durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, el desplazamiento por sed se ha registrado de manera fehaciente en al menos 56 localidades de la mitad de entidades del país: Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Puebla, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Estado de México, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Baja California, Oaxaca y Tamaulipas, son los estados que mayor número de víctimas de desplazamiento han generado a causa del arrebato del agua o de la disputa por esta.
Uno de esos casos es el que se registra en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, de donde en julio del 2017 un centenar de habitantes fueron obligados al desplazamiento. Algunos organismos de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, dijeron de manera oficial que el desplazamiento tuvo su causa en los altos índices de violencia en la zona, atribuidos a la banda local conocida como Los Tequileros, una escisión del cartel de Los Guerreros Unidos, aliados en su momento del cartel de los Beltrán Leyva.
Lo que nadie dijo es que la violencia con la que fueron desplazados estos habitantes tuvo su origen en la disputa del agua, luego que algunos vecinos comenzaron a oponerse a la decisión del gobierno local de entregar en concesión un pozo propiedad del municipio al grupo Industrias Peñoles S.A. de C.V., el que pretende la operación de una mina de zinc y plata en esa localidad. El pretendido pozo suministrará a la minera más de un millón 101 mil metros cúbicos de agua al año, dejando sin posibilidad de abastecimiento a la población.
Más allá de la devastación del suelo que hará la minera con el “Proyecto Peñoles”, algunos vecinos de Totolapan comenzaron a protestar por la intención del arrebato de agua, pero fue una protesta que comenzó a ser sofocados mediante la intimidación y las amenazas, las que fueron vertidas a los organizadores de las quejas por parte de los integrantes del grupo de Los Tequileros, los que finalmente lograron que un total de 105 personas dejaran sus viviendas.
El desplazamiento de ese grupo de vecinos de San Miguel Totolapan se registró luego que un grupo armado realizó recorridos nocturnos, entre el 20 de junio y el 10 de julio del 2017, para advertir a sus víctimas de la obligación de dejar la localidad, lo que finalmente comenzó a ocurrir de manera escalonada entre el 25 de junio y el 12 de julio de ese año, en un hecho que fue reconocido por diversas organizaciones civiles de derechos humanos como efecto de los altos índices de violencia, sin establecer las razones de fondo.
